LEY[Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha] 20/2002, de 14 de
noviembre, de Cooperativas de Castilla-La Mancha.

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado y yo, en nombre del Rey, promulgo la siguiente Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La evolución económica y social de  Castilla-La Mancha se debe, en buena medida, a las iniciativas que, bajo la  forma jurídica de cooperativas en sus diferentes tipologías, han venido desarrollándose a lo largo del tiempo.

La promulgación de la primera Ley de Cooperativas de Castilla-La Mancha supone, en este sentido, el reconocimiento expreso en un texto legal de la destacada importancia de este sector empresarial en la Región.

Asimismo, con esta Ley, dando cabal cumplimiento al mandato constitucional de fomento de las cooperativas que contiene el artículo 129.2 de nuestra Carta Magna, se hace efectiva la competencia exclusiva
que sobre esta materia recoge el artículo 31.1.22.' del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.

En un mercado abierto y competitivo, el modelo cooperativo se ha manifestado como una fórmula empresarial óptima por su
versatilidad y por su capacidad para la creación de empleo estable.

La implantación de la moneda única europea determinará mayores exigencias de eficacia y competitividad empresarial, de las que no podrán sustraerse las cooperativas.

En este marco, va a resultar fundamental la rapidez en la
toma de decisiones por órganos de administración ágiles y profesionales, la
necesidad de reforzar los recursos financieros, la posibilidad de actuar en
cualquier actividad económica, el establecimiento de alianzas o la participación en estructuras empresariales de orden superior que permitan competir en idénticas condiciones que el resto de las empresas.

Son estos principios, junto con el reconocimiento de un alto grado de autorregulación a través de los Estatutos sociales y de los propios órganos sociales, la flexibilización del régimen económico y el apoyo decidido a la creación de estructuras cooperativas intermedias, los objetivos principales de esta Ley.

Todo ello con el mantenimiento de los valores que encarnan los principios cooperativos formulados por la Alianza Cooperativa Internacional, y que sustentan los caracteres esenciales de las cooperativas y las diferencian de otros tipos de empresa.

La Ley se estructura en cuatro títulos, con ciento cuarenta y
cuatro artículos, dos disposiciones adicionales, tres disposiciones
transitorias, una derogatoria y cinco disposiciones finales.

I El Título primero se divide en nueve capítulos, que regulan las normas comunes a todas las cooperativas.

En el capítulo primero, que establece las disposiciones generales sobre las cooperativas, cabe destacar la definición de estas entidades, en la que, señalando los rasgos esenciales de las mismas, se integran los principios proclamados por la Alianza Cooperativa Internacional, y se significa, además, su carácter empresarial.

Se introduce, con carácter imperativo, la obligatoriedad de que las cooperativas sometidas a la presente Ley incluyan en su denominación la palabra "Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha" o su abreviatura "S. Coop. de C-LM", con el fin de dotarlas de identidad propia y de que los terceros conozcan la legislación aplicable a estas entidades.

Las Secciones se regulan de forma detallada en el ánimo de favorecer su creación, dotándolas de mayor autonomía de gestión y patrimonial.

Asimismo, se presta especial atención a las Secciones de Crédito, estableciendo determinadas especificidades que aseguren, de una parte, una gestión eficaz y transparente hacia la cooperativa y
sus socios, y, de otra, un control de la Administración Autonómica sobre la actividad financiera de estas secciones.

Dentro del capítulo segundo se establece, en primer lugar, el número mínimo de socios de la cooperativa. Se ha optado por tres socios
ordinarios, para conjugar, de esta manera, la facilidad de la constitución de
estas sociedades y evitar la desnaturalización de esta fórmula empresarial.

El procedimiento de constitución de la cooperativa desde el inicio hasta la adquisición de la personalidad jurídica, la exigencia de escritura pública, la calificación previa de los Estatutos sociales para garantizar su adecuación a la legalidad y facilitar su elevación a documento público, y, en fin, la inscripción de la sociedad en el Registro de Cooperativas de Castilla-La Mancha, completan este capítulo.

El capítulo tercero señala los principios básicos del Registro de Cooperativas de Castilla-La Mancha en cuanto a su estructura y funciones, remitiendo su ordenación más detallada a un Reglamento de desarrollo.

II En el régimen jurídico de los socios se regulan sus diferentes clases y se introduce, al igual que en algunas legislaciones cooperativas, determinadas tipologías, como los socios a prueba, socios inactivos y socios temporales.

En cuanto a los socios que no pueden realizar plenamente el objeto social de la cooperativa o bien aporten exclusivamente capital, se ha optado por calificar a ambos como socios colaboradores, soslayando, de esta manera, distintas denominaciones, habida cuenta de las diferentes y en algunas ocasiones contradictorias definiciones existentes para estos socios.

Asimismo, se regula de forma detallada la adquisición de la condición de socio, los derechos y obligaciones de los mismos, y, de manera especial, el derecho de información de todo socio sobre la situación de la cooperativa, introduciendo, en este caso, cautelas frente al posible ejercicio abusivo o infundado de este derecho.

Respecto de la baja obligatoria del socio, se admite la posibilidad de que los Estatutos sociales prevean la suspensión cautelar de sus derechos y
obligaciones.

III En la regulación de los órganos sociales se han delimitado las atribuciones de cada uno de ellos con el fin de conseguir un
funcionamiento eficaz y sin interferencias de unos respecto de los
otros.

Entre las funciones que se asignan a la Asamblea General cabe
destacar las relativas a la posibilidad de que este órgano imparta instrucciones al Consejo Rector sobre asuntos de especial trascendencia y la necesidad de autorizar aquellas decisiones que supongan modificaciones sustanciales de la estructura económica, organizativa o funciona¡ de la cooperativa. No obstante, y en aras a fomentar órganos de administración fuertes, se exige que tales facultades deban atribuirse a la Asamblea a través de los Estatutos.

La convocatoria de la Asamblea, la elaboración del orden del día y la adopción de acuerdos figuran debidamente desarrollados a fin de
agilizar el funcionamiento de la misma y garantizar, en todo momento, los
diferentes derechos de los socios.

El derecho de voto, la posibilidad del voto plural ponderado, con las limitaciones que se señalan en la Ley, la regulación del voto secreto y la impugnación de los acuerdos, pretenden potenciar la participación
democrática de los socios en la actividad de la cooperativa y en su compromiso con la misma.

En la pretensión de reconocer al órgano de gobierno de la cooperativa su auténtico carácter de gestor de la misma, se introducen determinadas variaciones tendentes a este fin.

Así, la denominación usual de este órgano como Consejo Rector, se combina con la de órgano de administración, igualmente se contempla la posibilidad, en cooperativas de menos de diez socios, de la existencia de un administrador o de dos administradores, en cuyo caso, y para un control eficaz de la gestión, se exige la celebración de al menos dos Asambleas generales cada ejercicio, se establece un número máximo de miembros del Consejo Rector, en aras de profesionalizar y mejorar la gestión
empresarial se admite la incorporación de consejeros independientes ' para hacer partícipes a los trabajadores asalariados en la marcha de la cooperativa, se determina que en aquellas que cuenten con más de cincuenta trabajadores se reservará un puesto de consejero para el elegido por y entre ellos, la responsabilidad, remuneración y los derechos y obligaciones de los consejeros se regula convenientemente asimismo, se admite la existencia de un gerente de G cooperativa, como apoderado y encargado del giro y tráfico de la misma.

En la dinámica de potenciar la profesionalización de los órganos
sociales, y de la misma forma que se ha indicado para el órgano de gobierno, se considera la posibilidad, si así se prevé estatutariamente, de acceso al cargo de interventor de personas expertas e independientes, no socios, hasta el límite de un tercio de la totalidad. Por otra parte, se exime de la labor de censura de cuentas a los interventores cuando la cooperativa venga obligada a someterse a auditoría externa.

Por último, se regula la existencia del Comité de Recursos, estableciendo reglas y criterios que garanticen la independencia de este órgano de apelación.

IV  En la regulación del régimen económico se ha tenido en cuenta el fortalecimiento empresarial de la cooperativa, dotándola de solidez financiera.
Así, se establece la exigencia de un capital social mínimo para su constitución, en similar cuantía que las sociedades limitadas, en el ánimo de favorecer la credibilidad y solvencia de la cooperativa, si bien, se admite que en el momento de la constitución se desembolse el cincuenta por ciento del mismo, difiriendo el resto hasta en dos años, asimismo, se prevén las aportaciones no dinerarias al capital social.

El abono de intereses por las aportaciones al capital social se condiciona a la existencia de resultados positivos.

En relación con el reembolso de las aportaciones, se combina el derecho del socio que causa baja a recibir sus aportaciones con las medidas necesarias para evitar desequilibrios financieros en la cooperativa.

Se facilitan otras posibilidades de financiación externa, mediante la emisión de participaciones especiales o de títulos participativos, cuya remuneración estará condicionada a los resultados económicos de la cooperativa.

En demasiadas ocasiones, la falta de actualización de las aportaciones supone para el socio que causa baja en la cooperativa un trato discriminatorio que puede resultar contrario a un elemental principio de Justicia impedirle el acceso a los resultados que con su declinación ha contribuido a conseguir. Por ello, se contempla la posibilidad de que los Estatutos sociales regulen la existencia de un Fondo de Reembolso que
permita la revalorización de las aportaciones de los socios.

Se facilita la llevanza de los libros sociales, al posibilitar la realización de los
asientos y anotaciones por procedimientos informáticos u otros medios adecuados.
En cuanto a la contabilidad de la cooperativa, se hace una remisión expresa a las normas generales sobre la materia, a fin de confluir, en la medida de lo posible, con el régimen societario general. Del mismo modo se ha procedido en lo que respecta al depósito de las cuentas anuales en el Registro de Cooperativas de Castilla-La Mancha, y la exigencia de auditoría externa, en los supuestos que se determinan.

V Para la modificación de los Estatutos sociales se establece un procedimiento general, en el que se exige el acuerdo de la Asamblea
General, y un procedimiento especial para el cambio de domicilio social dentro del mismo término municipal, para el que basta el acuerdo del órgano de administración de la cooperativa.

Se regula de forma detallada la transformación, fusión y escisión de las cooperativas. A este respecto, significar, de una parte, la posibilidad de transformación de otras sociedades en cooperativas y viceversa, así como la fusión de éstas entre sí o con otras de distinto tipo De otra parte, y para estos supuestos, se establecen garantías y cautelas suficientes respecto del patrimonio y de los distintos fondos, y, en última instancia para que ese patrimonio tenga como última finalidad la consolidación y desarrollo de la empresa resultante.

En cuanto a la disolución y liquidación de la cooperativa, se establecen normas que clarifican el procedimiento, preservan el derecho de los socios y de los posibles acreedores y, por último, dispone el destino del haber irrepartible resultante, a favor del movimiento asociativo para la promoción y desarrollo del cooperativismo.

VI El Título segundo se estructura en dos capítulos, que regulan las distintas clases de cooperativas, el Primero, y las cooperativas de segundo grado y otras modalidades de colaboración económica, el Segundo.

En primer lugar, se regulan quince clases de cooperativas de primer grado, clasificación que tiene carácter enunciativo, no taxativo, dada la previsión legal para la creación de otras tipologías que la práctica genere o demande.

La clasificación que figura en la Ley se corresponde con la casuística
tradicional ya consolidada en el sector cooperativo, y se incluyen, además,
otras nuevas clases, en la pretensión de satisfacer proyectos de marcado
contenido social y otros que podrían encuadrarse en proyectos innovadores o de nuevos yacimientos de empleo.

Respecto de las cooperativas de trabajo asociado, se flexibilizan los límites en cuanto al número de trabajadores asalariados con contrato de carácter indefinido que puedan contratar. Con ello se pretende facilitar la consecución de sus fines económicos y sociales, sin que la necesidad de incorporación de personal implique el sobre dimensionamiento de la cooperativa que, a la postre, impida o dificulte su desarrollo empresarial.
Asimismo, se contempla la posibilidad de que los socios puedan prestar su
trabajo a tiempo total, parcial e, incluso, estacional

Por último, se reconoce un amplio margen de autorregulación para este tipo de empresas netamente generadoras de empleo.

Las cooperativas de servicios se regulan de una forma flexible para dar cabida a proyectos no sólo de tipo industrial o de servicios, sino a aquellos promovidos por profesionales, artistas, etc.

En cuanto a las cooperativas agrarias, se establece una regulación
que persigue complementar los derechos individuales de los socios con los
intereses de la cooperativa en cuanto empresa. Así, se amplían las posibilidades de personas que pueden adquirir la condición de socio ' las actividades a desarrollar, dentro del objeto social, se flexibilizan para prestar una atención o servicios que satisfagan las necesidades profesionales de los socios, se posibilita que, mediante acuerdo asambleario, el período mínimo de permanencia como socio se amplíe o se establezca uno nuevo, siempre que venga motivado para asegurar la viabilidad de importantes inversiones y, en último extremo, de la propia cooperativa, se regula de forma detallada la posibilidad del voto ponderado, siempre que se prevea en los Estatutos sociales.

En el caso de las cooperativas de viviendas, la regulación tiene como objetivo primordial extremar las cautelas que impidan abusos que puedan producirse a través de esta clase de cooperativa. A tal fin, se establece la exigencia de auditoría de cuentas, se independizan jurídicamente las distintas fases o promociones que pudieran constituirse y se articulan mecanismos para garantizar las cantidadesentregadas a cuenta por los socios.

Finalmente, se contemplan las cooperativas de iniciativa social y las de integración social.

Las primeras, concebidas como entidades sin ánimo de lucro que se constituyen para la prestación de todo tipo de servicios de naturaleza social.

Las segundas, carentes igualmente de lucro, se contemplan como una fórmula que fomente y facilite la inserción social de personas con algún tipo de discapacidad o con dificultades para ello, a través de su acceso al mercado de trabajo mediante su integración como socios en estas cooperativas. Para la consecución de esta finalidad, se prevé la posibilidad de que padres, tutores, personal de atención, administraciones y otras entidades públicas se integren en las mismas. Asimismo, el límite de socios temporales, establecido con carácter general en una quinta parte del total de socios, no opera para estas cooperativas.

Por último se regulan las cooperativas de segundo grado y otras modalidades de colaboración económica desde una perspectiva que dote de
agilidad, eficacia y apertura a la integración económica de las cooperativas en orden a una mayor competitividad de las mismas.

VII Los Títulos 111 y IV de la Ley abarcan la función inspectora que se atribuye a la Administración Autonómica ' las infracciones a la normativa cooperativa y las responsabilidades que por tales incumplimientos puedan derivarse la descalificación de las cooperativas, en la que se contempla la opción que se reconoce a la entidad entre transformarla o disolverla, en el plazo que se señala; el asociacionismo cooperativo, que contiene normas sobre su representatividad y su fomento la creación del Consejo Regional de Economía Social de Castilla-La Mancha, como órgano de promoción del cooperativismo y de la Economía Social, y con funciones de carácter consultivo y asesor de la Junta de Comunidades, y, finalmente, la regulación de la conciliación y arbitraje cooperativo, como medio para la resolución extrajudicial de conflictos.

TíTULO 1 De la sociedad cooperativa

CAPíTULO 1

Disposiciones generales

Artículo 1. Concepto y caracteres.

1. La cooperativa es una sociedad de capital variable, con
estructura y gestión democrática, constituida por personas físicas o jurídicas, para prestar servicios y satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y sociales, y en interés por la comunidad, mediante una empresa conjunta.

2. Cualquier actividad económica y social lícita podrá ser
organizada y desarrollada mediante una cooperativa constituida al amparo de la presente Ley

3. La cooperativa se ajustará en su estructura y funcionamiento a los principios formulados por la Alianza Cooperativa Internacional aplicados en el marco de la presente Ley.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

La presente Ley se aplicará a las cooperativas que desarrollen principalmente su actividad cooperativizada en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, sin perjuicio de la actividad con terceros o la instrumental o personal accesoria que puedan realizar fuera de dicho territorio.

Artículo 3. Denominación.

1. Las cooperativas sometidas a la presente Ley deberán incluir necesaria y exclusivamente en su denominación las palabras "Sociedad cooperativa de Castilla-La Mancha" o su abreviatura "S. Coop. de Civil"

2. Ninguna cooperativa podrá adoptar denominación idéntica a la de otra ya existente, ni usar nombres equívocos o que induzcan a confusión en relación con su ámbito, objeto social o clase, ni con otro tipo de entidades.

3. Ninguna otra entidad podrá utilizar el término "cooperativa" o su abreviatura, ni otro término que induzca a confusión.

Artículo 4. Domicilio social.

La cooperativa tendrá su domicilio social dentro del territorio de Castilla-La Mancha, en el municipio donde realice principalmente su actividad cooperativizada con los socios o centralice su gestión administrativa y dirección empresarial.

Artículo 5. Responsabilidad.

1. La cooperativa responderá de sus deudas sociales frente a terceros con todo su patrimonio presente y futuro, excepto el correspondiente al Fondo de Formación y Promoción Cooperativa, que sólo responderá de las obligaciones estipuladas para el cumplimiento de sus fines.

2. La responsabilidad de los socios por las deudas sociales quedará limitada al importe nominal de las aportaciones al capital social, estén o no desembolsadas.

Artículo 6. Secciones.

1 . Los Estatutos podrán regular la constitución, organización y funcionamiento de secciones, que desarrollen actividades económicas o sociales específicas, derivadas o complementarias de su objeto social, con autonomía de gestión, cuentas de explotación diferenciadas y patrimonio separado.

2. Estatutariamente podrá establecerse la existencia de Juntas de socios de la sección, integradas por los socios adscritos a la misma, en las que podrán delegarse competencias que no sean exclusivas de los órganos sociales.

3. Los acuerdos de la Junta de socios de una sección, se reflejarán en un libro de actas especial y obligarán a todos los socios integrados en la misma y serán impugnables en los términos señalados en el artículo 43 de esta Ley. El Consejo Rector de la cooperativa podrá acordar la suspensión cautelar con efectos inmediatos de los acuerdos adoptados por la Junta de socios de la sección, debiendo hacer constar los motivos por los que los considera impugnables o contrarios al interés general de la cooperativa.

En caso de suspensión, el Consejo Rector convocará Asamblea General en el plazo máximo de treinta días, a contar desde la fecha del acuerdo de suspensión, a fin de que ésta ratifique, modifique o anule definitivamente el acuerdo de la Sección. Transcurrido dicho plazo sin que se haya convocado la Asamblea, se considerará ratificado el acuerdo de la Sección, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 43 para la impugnación de acuerdos sociales.

4. La representación y gestión de la Sección corresponderá a los administradores de la cooperativa sin perjuicio de que se puedan designar comisiones delegadas del Consejo Rector o apoderados de la sección, encargados del giro y tráfico de la misma.

5. La afectación del patrimonio de las secciones a resultas de las operaciones que en su seno se realicen habrá de ser inscrita en el Registro de Cooperativas de Castilla-La Mancha y hacerla constar en el texto de los correspondientes contratos. En todo caso, subsistirá la responsabilidad patrimonial universal de la cooperativa, excusión hecha del patrimonio de la Sección afectada, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 118 para las cooperativas de vivienda.

6. Las secciones llevarán necesariamente su contabilidad de forma independiente, sin perjuicio de la general de la cooperativa, así como un libro de registro de socios adscritos a las mismas.

7 Las cooperativas que dispongan de alguna sección estarán obligadas a someter sus cuentas anuales a auditoría externa.

Artículo 7. Secciones de crédito.

1. Las cooperativas de cualquier clase, salvo las de crédito, podrán tener secciones de crédito. Las secciones de crédito, sin personalidad jurídica propia, podrán desarrollar actividades y prestar servicios financieros de activo y de pasivo exclusivamente con socios de la cooperativa o con ésta, en calidad de intermediarios financieros, sin perjuicio de poder rentabilizar sus depósitos o sus excedentes de tesorería en cooperativas de crédito,
bancos o cajas, siempre que el depósito realizado reúna los requisitos de seguridad y liquidez.

La sección de crédito deberá llevar una contabilidad separada e independiente sin perjuicio de la general de la cooperativa.

2. Estas cooperativas vendrán obligadas a designar a un gerente propio para la sección, encargado del giro y tráfico de la misma, sin alterar el régimen de las facultades propias de los administradores. Están obligadas a auditar sus cuentas en cada ejercicio económico, depositando la auditoría para su conocimiento en la Consejería competente en materia de Trabajo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con independencia
del cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 75 y 76 de la presente
Ley.

3. La creación de la sección de crédito se aprobará por la Asamblea
General, estableciéndose en los Estatutos. Dicho acuerdo, elevado a escritura pública, así como el Reglamento de Régimen Interno de la
sección, también aprobado por la Asamblea General, deberán
presentarse en el Registro Regional de Cooperativas de Castilla-La Mancha para su depósito e inscripción, momento en el que adquirirá eficacia
jurídica.

4. Las cooperativas con sección de crédito deberán contar con un letrado asesor, encargado de dictaminar si los acuerdos adoptados por la cooperativa son conformes a derecho.

5. La existencia de una Sección de crédito en una cooperativa no autoriza a ésta a utilizar en su denominación, ni en su documentación, las expresiones "Cooperativa de Crédito", "Caja Rural" u otras análogas, que están reservadas legalmente a estas cooperativas.

CAPíTULO II De la constitución de la cooperativa

Artículo 8. Constitución.

La cooperativa se constituirá mediante escritura pública y adquirirá personalidad jurídica desde el momento en que se inscriba en la correspondiente Unidad del Registro de Cooperativas de Castilla-La Mancha.

Artículo 9. Número mínimo de socios.

Las cooperativas de primer grado deberán estar integradas al menos por tres socios ordinarios.

Las de segundo grado estarán integradas al menos por dos cooperativas.

Artículo 10. Procedimientos para la constitución.

1. Los promotores de la cooperativa podrán optar por
constituirla directamente mediante escritura pública con la asistencia de todos ellos ante Notario, o por celebrar, con carácter previo al otorgamiento de la escritura pública, una Asamblea Constituyente.

2. En el supuesto de que se celebre la mencionada Asamblea, se levantará la correspondiente acta, que reflejará:

a) La voluntad de los promotores de fundar una cooperativa.

b) La aprobación de los Estatutos sociales que han de regir la futura cooperativa.

c) Suscripción de la aportación obligatoria inicial para ser socio.

d) Nombramiento, entre los promotores, del gestor o gestores que actuarán en nombre de la futura cooperativa.

e) Nombramiento, entre los promotores, de quienes, una vez inscrita la sociedad en el Registro de Cooperativas, han de constituir el primer Consejo Rector, los Interventores y, si estuviera previsto por los Estatutos sociales, el Comité de Recursos.

f) Valoración de las aportaciones no dinerarias, de existir éstas.

3. En el acta deberá figurar, además, la relación de promotores, que será suscrita por todos ellos, con los siguientes datos identificativos: para las personas físicas, nombre y apellidos, edad, número de identificación fiscal y domicilio, para las personas jurídicas, nombre o razón social, código de identificación fiscal y domicilio ' nombre, apellidos y número de identificación fiscal de su representante legal.

Al acta se incorporará el texto de los Estatutos sociales aprobados por la propia Asamblea Constituyente.

Articulo 11. La cooperativa en constitución.

1. Los promotores dela cooperativa en constitución, o los gestores designados de entre aquéllos en la Asamblea Constituyente, actuarán en nombre de la futura cooperativa y deberán realizar todas las actividades necesarias para su constitución, sin perjuicio de lo establecido en el artículo
15 apropósito de la solicitud de inscripción, siendo de cuenta de la cooperativa los gastos devengados por las actividades constitutivas.

2. Los gestores responderán solidariamente de sus actuaciones y darán cuenta de las mismas a la cooperativa, como máximo, dentro de los dos meses siguientes a su inscripción.

3. La Asamblea General deberá pronunciarse sobre la aceptación o no de los actos y contratos celebrados en su nombre dentro del plazo de tres meses desde la inscripción de la cooperativa, debiendo aceptar, en todo caso, los realizados o celebrados por el gestor o gestores indispensables para su inscripción, así como los realizados o celebrados en virtud de un mandato específico dado por la Asamblea Constituyente.

De los actos y contratos aceptados  responderá la cooperativa con el patrimonio formado por las aportaciones de los socios y colaboradores, hasta el límite de lo que se hubieran obligado a aportar.

4. En tanto no se produzca la inscripción registra¡, la proyectada cooperativa deberá añadir a su denominación las palabras "en constitución".

5. De los actos y contratos celebrados en nombre de la proyectada cooperativa antes de su inscripción, responderán solidariamente
quienes los hubieran celebrado, y quienes aparezcan inicialmente como
gestores.

Artículo 12. Contenido mínimo de los Estatutos.

1 . LosEstatutos de las cooperativas sujetas a la presente Ley deberán regular como contenido mínimo los siguientes extremos

a) La denominación de la cooperativa.

b) El domicilio social.

c) El objeto social.

d) El capital social mínimo.

e) El ámbito territorial donde desarrollará las actividades cooperativizadas con sus socios.

f) La duración de la cooperativa.

g) Las clases de socios y las condiciones y requisitos para adquirir la condición de los mismos y el régimen de baja.

h) La cuantificación Ve¡ establecimiento del régimen de la participación mínima del socio en la actividad cooperativa que desarrolla su objeto y fin social, pudiendo establecer y regular el principio de exclusividad.

i) Las obligaciones y derechos de los socios.

j) Las normas de disciplina social, la tipificación de las infracciones y sanciones, el procedimiento sancionador, los recursos y la pérdida de la condición de socio.
k) La forma de publicidad y el plazo para convocar la Asamblea General,
ordinaria y extraordinaria, en primera y segunda convocatoria.

1) La aportación obligatoria mínima al capital social para adquirir la condición de socio de la cooperativa.

m) La composición del órgano de administración, del de intervención y, en su caso, del comité de recursos de la cooperativa, la duración del mandato de sus miembros, así como el sistema de acceso y renovación de estos órganos.

n) El régimen de transmisión de las aportaciones de los socios, así como su derecho de reembolso sobre las mismas.

o) El régimen de las secciones que se creen, en su caso, en la cooperativa.

p) Las causas de disolución de la cooperativa, y las normas para su
liquidación.

q) Cualquier otra materia exigida por la presente ley.

2. Los Estatutos podrán ser desarrollados a través del Reglamento de
Régimen Interno, que deberá ser aprobado por la Asamblea General

Artículo 13. Calificación previa del proyecto de Estatutos.

Los promotores de la cooperativa podrán, con carácter previo a la elevación a pública de la escritura de constitución, solicitar del Registro de Cooperativas de Castilla-La Mancha la calificación previa del proyecto de Estatutos, que deberá resolver en el plazo de treinta días.

A la solicitud de dicha calificación previa habrá de acompañarse el proyecto de Estatutos y el acta de la Asamblea constituyente, en su caso, así como la certificación de que no existe inscrita otra cooperativa con idéntica denominación expedida por el Registro Regional de Cooperativas de
Castilla-La Mancha.

Artículo 14. Escritura de constitución.

1. La escritura de constitución de la cooperativa será otorgada por todos los
promotores o por las personas facultadas a tal efecto por la Asamblea
Constituyente. En este caso, el plazo de su otorgamiento será como máximo de tres meses desde la celebración de la Asamblea Constituyente.

2. La escritura pública de constitución de la cooperativa, que recogerá, en su caso, el acta de la Asamblea Constituyente, deberá contener como mínimo los siguientes extremos

a) La identidad de los otorgantes y promotores, Documento Nacional de Identidad o documento equivalente, si éstos fueran personas físicas, o la denominación o razón social y código de identificación fiscal, si fuesen
personas jurídicas, y en ambos casos la nacionalidad y el domicilio.

b) Manifestación de la voluntad de fundar una cooperativa de la clase de que se trate.

c) Manifestación de los otorgantes de que todos los promotores reúnen los requisitos necesarios para adquirir la condición de socios de la cooperativa que se constituye.

d) Manifestación de los otorgantes de que todos los promotores han suscrito la aportación obligatoria mínima para ser socio y la han desembolsado. A este fin deberán incorporarse a la escritura las certificaciones acreditativas de los depósitos efectuados en entidad de crédito por dicho importe, o el informe previsto en el apartado i) de este artículo para el supuesto de aportaciones no dinerarias.

e) Manifestación de los otorgantes de que el importe total de las aportaciones a capital suscritas por los promotores no es inferior al capital mínimo fijado en los Estatutos Sociales.

f) Los Estatutos Sociales.

g) Los nombres y apellidos de las personas físicas, o la denominación o razón social, y las personas que las representan, si fueran personas jurídicas, designadas para ocupar los cargos de los órganos sociales necesarios y, en ambos supuestos, su nacionalidad y domicilio y, en su caso, los datos correspondientes a los Auditores de cuentas e Interventores de la cooperativa. En la escritura deberá hacerse constar la aceptación de sus cargos y la declaración de los mismos de no hallarse incursos en ninguna prohibición o incompatibilidad para su ejercicio.

h) Declaración de que no existe otra cooperativa con idéntica denominación,
adjuntándose para su incorporación a la escritura pública la certificación
original sobre denominación no coincidente expedida por el Registro Regional de Cooperativas de Castilla-La Mancha.

i) Valoración de las aportaciones no dinerarias realizadas o previstas, acompañada en su caso, del informe o informes emitidos por los expertos independientes.

Artículo 15. Inscripción de la cooperativa.

1. Una vez otorgada la escritura de constitución de la cooperativa, los promotores facultados deberán solicitar en el plazo de dos meses desde su otorgamiento la inscripción de la sociedad en el Registro de Cooperativas de Castilla-La Mancha.

Para la inscripción de las cooperativas de crédito y seguros deberá adjuntarse la previa autorización del organismo competente.

2. La inscripción deberá practicarse o denegarse, en el plazo de dos meses desde la solicitud salvo que se observase algún defecto, que se pondrá en conocimiento de los promotores para su corrección en el plazo de tres meses. Subsanado el defecto, se reanudará el plazo de inscripción, archivándose el expediente en caso contrario.

3. Transcurrido el plazo señalado sin que se haya efectuado la inscripción, o sin que se haya requerido de subsanación o denegado la misma, los interesados podrán interponer el correspondiente recurso, en los términos y plazos previstos en la vigente legislación de procedimiento administrativo.

4 Transcurridos doce meses desde el otorgamiento de la escritura de constitución sin que se haya procedido a su inscripción o verificada la voluntad de no inscribir la cooperativa, cualquier socio podrá instar la disolución de la sociedad en constitución y exigir, previa liquidación del patrimonio social, la restitución de sus aportaciones.

En tales circunstancias, si la cooperativa ha iniciado o continúa sus actividades, le serán de aplicación las normas reguladoras de la sociedad colectiva o, en su caso, de la sociedad civil.

CAPíTULO III

Del Registro de Cooperativas de Castilla-La Mancha

Artículo 16. Características, organización y competencia.

1. El Registro de Cooperativas de Castilla-La Mancha es un registro público dependiente de la Junta de Comunidades, adscrito a la Consejería competente en materia de Trabajo, estructurado en el Registro Regional y en los correspondientes Registros provinciales.

2. Se presume que el contenido de los libros del Registro es exacto y válido, y conocido por todos, no pudiendo alegarse su ignorancia.
3. El Registro Regional de Cooperativas de Castilla-La Mancha es competente respecto de:

a) Las cooperativas con ámbito superior a una provincia.
b) Las cooperativas de crédito y seguros.
e) Las cooperativas de segundo grado. 
d) Las asociaciones de cooperativas, y sus federaciones. 
c) La expedición de las certificaciones sobre la denominación de las
cooperativas.

4. Los Registros Provinciales de Cooperativas de Castilla-La Mancha serán competentes respecto de las restantes clases de cooperativas cuyo ámbito no sea superior al de la correspondiente provincia.

Artículo 17. Funciones de los registros.

1. La Unidad Regional del Registro de Cooperativas de Castilla-La Mancha
asumirá, en sus respectivos ámbitos de competencia, las siguientes
funciones 
a) Calificar, inscribir y certificar los actos a que se refiere
la presente ley. 
b) Habilitar y legalizar los libros obligatorios de las
entidades cooperativas. 
c) Recibir el depósito de las cuentas anuales,
así como la certificación acreditativa del número de socios al cierre del
ejercicio económico. 
d) Cualesquiera otras atribuidas por la presente Ley
o por sus normas de desarrollo. 
2. El Registro Regional de cooperativas
de Castilla-La Mancha tendrá, además, las siguientes competencias: 
a) Nombrar a auditores y otros expertos independientes, a solicitud de las
entidades cooperativas y por cuenta de éstas. 
b) Coordinar los Registros Provinciales de Cooperativas. 
c) Dictar instrucciones y resolver las consultas que sean de su competencia.

Artículo 18. Eficacia. 
1. La eficacia del Registro de Cooperativas (le Castilla-La Mancha viene definida por los principios de publicidad material y formal, legalidad, legitimación, prioridad y tracto sucesivo. 
2. La publicidad del Registro se hará efectiva mediante la manifestación de los libros y documentos del archivo a que hagan referencia los asientos registrales o de certificación sobre tales asientos, expedida por el encargado de dicho registro, en los términos que reglamentariamente se determine. 
3. Los títulos y documentos sujetos a inscripción y no inscritos no producirán efectos frente a terceros de buena fe.
No podrá invocarse la falta de inscripción por quien incurrió en su
omisión. 
4. La inscripción produce todos los efectos prevenidos en la presente Ley, y no convalida los actos y contratos nulos de acuerdo con las leyes. 
5. Los asientos del Registro producirán sus efectos mientras no se
inscriba la declaración de inexactitud o nulidad, que no podrá perjudicar los
derechos de terceros de buena fe adquiridos conforme al contenido del
registro.

Artículo 19. Inscripciones constitutivas.

La inscripción de los actos de constitución, modificación de los Estatutos, fusión, escisión, disolución, reactivación y liquidación de las cooperativas, así como la transformación en sociedades de esta naturaleza, será
constitutiva. 
Las restantes inscripciones tendrán el carácter de
declarativas.

Artículo 20. Derecho supletorio y normas complementarias. 
En cuanto a plazos, recursos, comparecencia y representación y demás materias no reguladas expresamente en la presente Ley o en sus normas de desarrollo, serán de aplicación las normas del procedimiento administrativo común, así como la normativa mercantil, en cuanto resulte de aplicación acorde con la naturaleza jurídica de este tipo de sociedades.

CAPíTULO IV

De los socios

Artículo2l. Personas
que pueden ser socios.

1. Pueden ser socios de las cooperativas tanto las
personas físicas como las jurídicas, públicas o privadas, y las comunidades de
bienes, con las particularidades establecidas en la presente Ley.

2. Los
entes públicos con personalidad jurídica podrán ser socios cuando el objeto de
la cooperativa sea prestar servicios o realizar actividades relacionadas con las
encomendadas a dichos entes, siempre que tales prestaciones no presupongan el
ejercicio de autoridad pública.

3 Nadie podrá ser socio de una
cooperativa a título de empresario, contratista, capitalista u otro análogo
respecto a la misma o a los socios como tales.

Artículo 22. Socios de
trabajo.

1. En las cooperativas de primer grado, que no sean de trabajo
asociado o de explotación comunitaria de la tierra y en las de segundo grado,
podrán adquirir la condición de socios de trabajo, si los Estatutos lo prevén,
las personas físicas cuya actividad cooperativizada consistirá en la prestación
de su trabajo personal en la cooperativa.

2 Resultarán de aplicación a
los socios de trabajo las normas establecidas en la presente Ley para los socios
trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado, con las salvedades
establecidas en este artículo.

3 Los Estatutos que prevean la admisión de
socios de trabajo fijarán los criterios para una equitativa y ponderada
participación de los mismos en las obligaciones y derechos de naturaleza social
y económica.

4. En todo caso, las pérdidas determinadas en función de la
actividad cooperativizada de prestación de trabajo, desarrollada por los socios
de trabajo, se imputarán al Fondo de Reserva Obligatorio y, en su defecto, a los
socios usuarios, en la cuantía necesaria para garantizar a los socios de trabajo
una compensación mínima igual al límite que fijen los Estatutos, y, en todo
caso, no inferior al importe del salario establecido en el Convenio Colectivo de
aplicación y, de no existir, al salario mínimo interprofesional.

5. Si
los Estatutos prevén un período de prueba para los socios de trabajo, éste no
procederá si el nuevo socio llevase al menos en la cooperativa como trabajador
por cuenta ajena, el tiempo que corresponde al período de
prueba.

Artículo 23. Socios a prueba.

1. En las cooperativas de
primer grado, salvo las de viviendas y de crédito y seguros, si los Estatutos
lo
prevén y regulan, podrán existir socios a prueba, por un período no
superior a doce meses, salvo lo previsto en el artículo 105.5 de la presente
Ley.

2. Los socios a prueba tienen los mismos derechos y obligaciones que
los demás socios, con las siguientes limitaciones

a) No pueden realizar
aportaciones al capital social, ni satisfacer cuota alguna.

b) La
relación societaria puede resolverse de norma unilateral, o a iniciativa del
órgano de administración de la cooperativa.

c) No responderán de las
pérdidas sociales, ni percibirán retorno cooperativo, sin perjuicio de su
participación en los resultados positivos en las mismas condiciones que pueda
corresponder a los trabajadores asalariados.

d) No pueden ser electores
ni elegibles para ocupar cargos en los órganos sociales.

3. Transcurrido
el plazo de la situación a prueba sin denuncia previa por ninguna de las partes,
el socio, previo desembolso de la aportación obligatoria y de la cuota de
ingreso, en su caso, adquirirá la condición de socio indefinido con todos los
derechos y obligaciones de los mismos.

4. El número total de socios
aprueba no podrá superar, en ningún momento, más de un quinto del total de
socios de la cooperativa.

Artículo 24. Socios colaboradores.

1. Si
los Estatutos lo prevén, podrán ser socios colaboradores de la cooperativa
aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que, sin poder
realizar plenamente el objeto social cooperativo, puedan contribuir a su
consecución.

Estatutariamente se determinarán los derechos y
obligaciones, fijándose en todo caso la aportación obligatoria mínima, el
desembolso de la misma, los requisitos para adquirir la condición de socio, su
régimen de baja y derecho de reembolso, el derecho al retorno cooperativo y la
participación en la imputación de pérdidas, y, en lo no previsto en aquéllos,
por acuerdo de la
Asamblea General. El conjunto de estos socios, salvo que sean
cooperativas, no podrá superar un tercio de los miembros del órgano de
administración, sin que puedan en caso alguno desempeñar los cargos de
presidente y vicepresidente del mismo.

2. Los socios colaboradores que
aporten exclusivamente capital percibirán el interés pactado, que no podrá ser
inferior al percibido por los socios, ni exceder en más de seis puntos del
interés legal del dinero, sin que en ningún caso tengan derecho a percibir el
retorno cooperativo.

En todo caso, el número máximo de socios
colaboradores no excederá de un tercio de los socios de la
cooperativa.

3. También podrán ser socios colaboradores aquellas
cooperativas con las que se suscribiese un acuerdo de colaboración
intercooperativo, en las mismas condiciones establecidas en el primer número de
este artículo.

4. Los socios colaboradores no podrán desarrollar
actividades en competencia con las que desarrolle la cooperativa de la que sean
colaboradores, salvo autorización expresa del órgano de administración de la
cooperativa.

Artículo25. Socios inactivos.

1. Los Estatutos de las
cooperativas podrán prever, en los casos y con los requisitos que se determinen,
que el socio que deje de realizar la actividad cooperativizada o de utilizar sus
servicios, sea autorizado por el Consejo Rector para mantener su condición de
socio, en concepto de socio inactivo.

2. Los Estatutos establecerán el
tiempo mínimo que deberá permanecer un socio en la cooperativa para poder
acceder a la situación de socio inactivo y determinarán el régimen de derechos y
obligaciones de tales socios, así como su acceso al órgano de administración. En
este supuesto, su número no podrá superar, conjuntamente con los socios
colaboradores, el límite máximo previsto para éstos en el artículo 24 de esta
Ley.

3. Si la inactividad estuviera provocada por jubilación, el interés
abonable por sus aportaciones al capital podrá ser superior al de los socios en
activo, respetándose siempre el límite máximo señalado con carácter general en
esta Ley.

Artículo26. Adquisición dela condición de socio.

1. Los
Estatutos establecerán los requisitos objetivos necesarios para la adquisición
de la condición de socio, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley, y
sin que puedan quedar vinculados a motivos ¡lícitos o
inconstitucionales.

2. La solicitud de admisión se formulará por escrito
al órgano de administración de la cooperativa, que resolverá en un plazo no
superior a dos meses, a contar desde el recibo de aquélla, y dando publicidad
interna del acuerdo en la forma que estatutaria mente se
establezca.

Dentro del citado plazo, el Consejo Rector o el órgano de
administración, en su caso, comunicará por escrito su Resolución. La admisión
sólo podrá denegarse por causa justificada, derivada de los Estatutos, de alguna
disposición legal o por imposibilidad técnica o estructura¡ debidamente
justificada, debiendo motivarse tal Resolución. Transcurrido el plazo sin
haberse comunicado la decisión, se entenderá estimada.

3 El acuerdo
denegatorio podrá ser impugnado por el solicitante en un plazo de veinte días, a
contar desde el día de recepción de la notificación, ante el Comité de Recursos,
si existiera, quien resolverá en el plazo de un mes, y, en su defecto, ante
la Asamblea
General, quien resolverá en la primera reunión que celebre,
mediante votación secreta. Transcurridos dichos plazos, sin resolución expresa,
el recurso se entenderá estimado.

Será preceptiva, en todo caso, la
audiencia del interesado.

4. Igualmente, contra la admisión o su
denegación, podrá recurrirse por los Interventores o por un número de socios que
estatutariamente se determine, en todo caso no inferior al 10 por 100 del total,
ante los mismos órganos e iguales plazos que los indicados en el número
anterior, entendiéndose desestimado el recurso en ausencia de resolución
expresa.

5. Las resoluciones del Comité de Recursos o de la Asamblea General a
que se refieren los apartados anteriores, podrán ser impugnadas ante la
jurisdicción competente en el plazo de un mes a contar desde la fecha de la
notificación del acuerdo, o desde que hubiera transcurrido el plazo en que
debieron resolverse.

6. La adquisición de la condición de socio tendrá
carácter indefinido. No obstante, los Estatutos podrán regular la existencia de
socios temporales, recogiéndose sus derechos y obligaciones en los propios
Estatutos. En ningún caso, su número podrá ser superior a la quinta parte de los
socios de carácter indefinido, y su aportaciones obligatorias al capital social
será la que determinen los Estatutos, que, en ningún caso, podrá exceder del
cincuenta por ciento de las exigidas a los socios ordinarios.
Artículo 27.
Obligaciones de los socios.

Los socios están obligados a cumplir con
lealtad los deberes legales y estatutarios, y en especial:

a) Asistir a
la reunión de la
Asamblea General y demás órganos de la cooperativa a los que
pertenezcan o fuesen convocados. b) Cumplir los acuerdos válidamente adoptados
por los órganos sociales de la cooperativa. e) Participar en las actividades que
constituyen el objeto de la cooperativa, en la forma establecida en los
Estatutos. El Consejo Rector, cuando exista causa que lo justifique, podrá
dispensar de dicha obligación al socio, en la cuantía que proceda y según las
circunstancias que concurran. d) Guardar secreto sobre aquellos asuntos y datos
de la cooperativa cuya divulgación pueda perjudicar a los intereses sociales
lícitos. e) No realizar actividades competitivas con la actividad empresarial de
la cooperativa, ni colaborar con quien las realice, a menos que sean autorizados
expresamente por el Consejo Rector. f) Aceptar los cargos sociales para los que
fueren elegidos, salvo causa justificada de excusa. g) Participar en las
actividades deformación. h) Efectuar el desembolso de sus aportaciones al
capital social en la forma prevista. i) Las demás obligaciones que resulten de
las leyes y de los Estatutos.

Artículo 28. Derechos de los
socios.

1. Los socios tienen derecho a

a) Ser elector y elegible
para los cargos de los órganos sociales. b) Formular propuestas y participar con
voz y voto en la adopción de acuerdos por la Asamblea General y demás
órganos sociales de los que forman parte. e) Recibir toda la información
necesaria para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus
obligaciones. d) Participar en la actividad empresarial que desarrolla la
cooperativa para el cumplimiento de su fin social e) Percibir intereses por sus
aportaciones al capital social, si lo prevén los Estatutos. f) Al retorno
cooperativo. g) A la actualización, cuando proceda, y a la liquidación y
reembolso de las aportaciones al capital social, en los términos previstos en la
presente Ley en los Estatutos. h) A los demás que resulten de las normas legales
y de los Estatutos de la cooperativa.

2. Los derechos serán ejercitados
de conformidad con las normas legales y estatutarias y los acuerdos válidamente
adoptados por los órganos sociales de la cooperativa.

Artículo 29.
Derecho de información.

1. Los socios tienen derecho a recibir toda la
información necesaria sobre la marcha de la cooperativa en los términos fijados
en la presente Ley, en los Estatutos o en los acuerdos de la Asamblea General.
2. Como contenido mínimo del derecho de información, todo socio tiene derecho
a

a) Recibir una copia de los Estatutos y, en su caso, del Reglamento de
Régimen Interno, así como de las modificaciones de los mismos, siendo
responsabilidad del órgano de administración facilitar dicha
documentación.

b) Tener libre acceso al examen del libro-registro de
socios, al Libro de Actas de la Asamblea General en el
domicilio social de la cooperativa, y, si lo solicita, a que el órgano de
administración le expida certificación de los acuerdos de la Asamblea General y
de las anotaciones realizadas en el libro-registro de socios.

c) Recibir
del órgano de administración, en el plazo de un mes desde que lo solicite, copia
certificada de los acuerdos de dicho órgano que le afecten personalmente y, en
todo caso, a que se le muestre y aclare en el domicilio social de la
cooperativa, en el plazo indicado anteriormente, el estado de su situación
económica con la cooperativa.

d) Tener a su disposición durante todo el
plazo de la convocatoria, para su consulta en el domicilio social de la
cooperativa, las cuentas anuales, la propuesta de distribución de resultados, el
informe, en su caso, de auditoría externa y el informe de los interventores
cuando la Asamblea
General, con arreglo al orden del día, tenga que deliberar y
adoptar acuerdos sobre las cuentas del ejercicio económico. Durante dicho plazo,
cualquier socio podrá solicitar por escrito del órgano de administración, con al
menos cinco días de antelación a la realización de la Asamblea General, cualquier
aclaración referida a la documentación mencionada en este apartado, para ser
contestada en el acto de celebración de aquélla.

Cuando en el orden del
día se incluya cualquier otro asunto de naturaleza económica, será de aplicación
lo establecido en el párrafo anterior, si bien referido a la documentación
básica que refleje la cuestión económica a debatir por la Asamblea y sin que sea preciso el
informe de los Interventores.

e) Solicitar por escrito del órgano de
administración cualquier aclaración e informe sobre la marcha de la cooperativa,
que le será proporcionado en la primera Asamblea General de la cooperativa que
tenga lugar, pasados quince días desde la presentación del escrito.

f)
Recibir del órgano de administración por escrito, en un plazo no superior a un
mes, la información que estime necesaria, cuando el 10 por 100 de los socios de
la cooperativa o 100 socios la soliciten también por escrito.

3. El
órgano de administración podrá denegar, en los supuestos previstos en las letras
d), e) y f) del número anterior, la información solicitada cuando al
proporcionarla ponga en grave peligro los legítimos intereses de la cooperativa
o cuando la petición constituya obstrucción reiterada o abuso manifiesto por
parte de los socios solicitantes, salvo que la información solicitada haya de
proporcionarse en el acto de la Asamblea General, y esta
apoyase dicha solicitud por más de la mitad de los votos presentes y
representados, y, en los demás supuestos, cuando así lo acuerde el Comité de
Recursos o, en su defecto, la Asamblea General como
consecuencia del recurso interpuesto por los socios solicitantes de la
información.

En todo caso, la negativa del órgano de administración a
facilitar la información solicitada por los socios podrá ser impugnada por los
mismos de conformidad con el cauce procedimental establecido en el artículo 43
de la presente Ley, los cuales además, respecto de los supuestos establecidos en
los apartados a), b) y e) de este artículo, podrán acudir al procedimiento
establecido en la legislación procesal competente.

Artículo30. Baja
voluntaria del socio.

1. El socio podrá solicitar la baja por escrito
dirigido al Consejo Rector en cualquier momento, con cumplimiento del plazo de
preaviso previsto en los Estatutos sociales, que no podrá ser superior a seis
meses, salvo
para las cooperativas agrarias, que no podrá exceder de un
año.

2. Los Estatutos podrán establecer el compromiso del socio de no
darse de baja voluntariamente, sin causa que la califique de justificada, hasta
el final del ejercicio económico en el que quiera causar baja o hasta que haya
transcurrido, desde su admisión, el tiempo que fijen los Estatutos, que no podrá
ser superior a cinco años, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 111.5
y 114. 1, para las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la
tierra, respectivamente. En este caso, de solicitarse la baja voluntaria, se
hará mediante escrito motivado dirigido al Consejo Rector.

3. La
calificación y determinación de los efectos de la baja será competencia del
Consejo Rector, que deberá formalizarla en un plazo máximo de tres meses desde
la solicitud por escrito motivado, que habrá de ser comunicado al socio
interesado. Transcurrido dicho plazo sin resolución expresa se entenderá
calificada la baja como justificada.

4. El incumplimiento del plazo del
preaviso así como las bajas que se solicitasen dentro de periodo mínimo de
permanencia, tendrán la consideración de baja no justificada, salvo que el
Consejo Rector, atendiendo a las circunstancias del caso, acordase motivadamente
lo contrario. Todo ello sin perjuicio de que pueda exigirse al socio, además, el
cumplimiento de las actividades y servicios cooperativos en los términos en que
venía obligado o, en su caso, la correspondiente indemnización de daños y
perjuicios.

Los Estatutos podrán determinar los criterios objetivos para
cuantificar los daños y perjuicios exigibles en el caso de tal
incumplimiento.

5. Se considerarán justificadas las bajas derivadas de
las siguientes causas

a) La adopción de acuerdos por la Asamblea General
que impliquen obligaciones o cargas gravemente onerosas, no previstas
estatutaria mente, si el socio manifiesta su disconformidad por escrito al
órgano de administración de la cooperativa, en el plazo que fijen los Estatutos,
que no podrá ser inferior a quince días ni superior a cuarenta, desde la
adopción del acuerdo para los socios presentes en la Asamblea general y desde la
notificación del acuerdo, para los socios ausentes de la misma. En ambos casos
deberá formalizar su solicitud de baja dentro del mes siguiente a la fecha de
realización de la
Asamblea o de la presentación de dicho escrito.

b) En
todos los demás supuestos previstos en la presente Ley o en los
Estatutos.

6. El socio disconforme con el acuerdo del Consejo Rector
sobre la calificación y efectos de su baja voluntaria, podrá recurrir, en el
plazo de un mes desde su notificación, ante el Comité de Recursos, que resolverá
en el plazo de dos meses, o, en su defecto, ante la Asamblea General, que
resolverá en la primera reunión que celebre, mediante votación
secreta.

Transcurridos dichos plazos sin resolución expresa del recurso,
se entenderá estimado.

En todo caso, la resolución del recurso podrá ser
impugnada ante la jurisdicción competente en el plazo de un mes desde su
notificación, por el cauce procesal provisto en el artículo 43 de la presente
Ley.

Artículo3l. Baja obligatoria.

1. Causarán baja obligatoria
los socios que pierdan los requisitos exigidos para serio según esta Ley o los
Estatutos de la cooperativa.

2. La baja obligatoria será acordada de
oficio, previa audiencia del interesado, por el Consejo Rector, a petición de
cualquier otro socio o del propio afectado.

La baja obligatoria no tendrá
la consideración de justificada cuando la pérdida de los requisitos para ser
socio sea consecuencia de la voluntad del socio de incumplir sus obligaciones
con la cooperativa o de beneficiarse indebidamente con su baja
obligatoria.

3. El socio disconforme con la decisión del Consejo Rector
sobre la calificación o efectos de su baja, podrá impugnarla en los términos
establecidos en el número 6 del artículo 30.

4. El acuerdo del Consejo
Rector no será ejecutivo hasta que sea notificada la ratificación de la baja por
el Comité de Recursos o, en su defecto, por la Asamblea General, o haya
transcurrido el plazo para recurrir ante los mismos.

No obstante, podrá
establecerse con carácter inmediato la suspensión cautelar de derechos y
obligaciones del socio hasta que el acuerdo sea ejecutivo si así lo prevén los
Estatutos, que deberán determinar el alcance de dicha suspensión. El socio
conservará su derecho de voto en la Asamblea General mientras el
acuerdo no sea ejecutivo.

Artículo 32. Normas de disciplina
social.

1. Los Estatutos fijarán las normas de disciplina social. Los
socios sólo podrán ser sancionados en virtud de faltas previamente tipificadas
en los Estatutos. Las sanciones serán fijadas en los Estatutos y pueden ser de
amonestación, económicas, de suspensión de derechos sociales o de
expulsión.

2. Las infracciones leves prescriben a los dos meses, las
graves a los cuatro meses, y las muy graves a los seis meses.

El plazo de
prescripción empieza a contar el día en que los administradores tengan
conocimiento de la presunta infracción y, en cualquier caso, a los doce meses de
haber sido cometida. El plazo se interrumpe al incoarse el procedimiento
sancionador, y corre de nuevo si en el plazo de cuatro meses no se dicta y
notifica la resolución.

3. Los Estatutos fijarán el procedimiento
sancionador y los recursos aplicables respetando las siguientes normas

a)
La facultad sancionadora es competencia indelegable del Consejo
Rector.

b) Será preceptiva la audiencia previa del interesado, y en los
casos de faltas graves o muy graves deberá tramitarse un expediente sancionador
en el que figurarán necesariamente las alegaciones del interesado por
escrito.

c) Las sanciones por faltas son recurribles ante el Comité de
Recursos o, si no lo hubiere, ante la Asamblea General, en los
mismos plazos y por el mismo procedimiento previsto en el artículo 33 de esta
Ley. Si la impugnación no fuera admitida o fuera desestimada, el socio podrá
recurrir en el plazo legalmente previsto, ante la jurisdicción
Competente.

d) Salvo lo previsto legalmente para el caso de expulsión o
lo que puedan acordar en cada expediente los administradores, las sanciones
impuestas serán inmediatamente ejecutivas.

4. El ámbito y alcance de la
suspensión de los derechos del socio vendrán determinados necesariamente por los
Estatutos Sociales.

Artículo 33. Expulsión.

1. La expulsión de los
socios sólo podrá acordarla el órgano de administración de la cooperativa, salvo
que los Estatutos sociales determinen que sea la Asamblea general, por falta muy
grave, mediante expediente instruido al efecto y con audiencia del
interesado.
Se consideran faltas muy graves susceptibles de motivar la
expulsión del socio

a) La realización de actividades que puedan
perjudicar los intereses de la cooperativa, como operaciones de competencia con
ella, salvo cuando sea consentida, el fraude en las aportaciones u otras
prestaciones, y cualquier actuación dirigida al descrédito de la
misma.

b) El incumplimiento del deber de participar en la actividad
económica de la cooperativa, de acuerdo con los módulos fijados en los Estatutos
sociales.

c) El incumplimiento de la obligación de desembolsar las
aportaciones al capital social.

d) El incumplimiento persistente o
reiterado de las obligaciones económicas asumidas frente a la
cooperativa.

e) Prevalerse de la condición de socio de la cooperativa
para realizar actividades especulativas o ¡lícitas.

f) La reincidencia
tres veces, en un período de dos años, en faltas graves.

g) Las
determinadas específicamente por esta Ley para unas clases de
cooperativas.

h) Las que puedan establecerse en los Estatutos
sociales.

Cuando la causa de la expulsión sea la de encontrarse el socio
al descubierto de sus obligaciones económicas, no serán de aplicación los plazos
de prescripción previstos en el artículo anterior, pudiendo acordarse su
expulsión en cualquier momento, salvo que el socio haya regularizado su
situación.

2. Contra el acuerdo de expulsión, el socio podrá recurrir, en
el plazo de un mes desde la notificación del mismo, ante el Comité de Recursos
o, en su defecto, ante la Asamblea General.

El
recurso ante la
Asamblea General deberá incluirse como primer punto del orden
del día de la primera que se celebre y se resolverá por votación secreta, previa
audiencia del interesado.

El recurso ante el Comité de Recursos, en su
caso, deberá ser resuelto, con audiencia del interesado, en un plazo máximo de
tres meses desde la fecha de su presentación.

Transcurridos dichos plazos
sin haber sido resuelto y notificado, se entenderá que el recurso ha sido
estimado.

3. El acuerdo de expulsión será ejecutivo desde que sea
notificada la ratificación del Comité de Recursos o, en su defecto, de
la Asamblea
General, o haya transcurrido el plazo para recurrir ante los
mismos.

No obstante, si los Estatutos lo contemplan, podrá aplicarse el
régimen de suspensión cautelar previsto en esta Ley para la baja
obligatoria.

El plazo de impugnación de la expulsión de los socios
trabajadores o de los socios de trabajo será de veinte días, y se tramitará por
el procedimiento regulado en el artículo 108 de esta Ley.

El acuerdo de
expulsión podrá ser impugnado, en el plazo de dos meses desde que adquiere
carácter ejecutivo, por el cauce procesal a que se refiere el artículo 43 de
esta Ley.

CAPíTULO V órganos sociales

SECCIÓN 1º LA ASAMBLEA
GENERAL

Artículo34. Concepto y competencias.

1. La Asamblea General,
constituida por los socios debidamente reunidos, es el órgano supremo de
expresión de la voluntad social, para deliberar y adoptar acuerdos sobre las
materias propias de su competencia.

2. Los acuerdos de la Asamblea General,
adoptados conforme a la
Ley y a los Estatutos sociales, obligan a todos los socios,
incluso a los disidentes y ausentes de la reunión.

3. Corresponde en
exclusiva a la
Asamblea General la adopción de los siguientes
acuerdos

a) Nombramiento y revocación de los miembros del Consejo Rector
u órgano de administración, los Interventores, de los auditores de cuentas y los
liquidadores, así como, en su caso, de los miembros del Comité de Recursos y el
ejercicio de la acción de responsabilidad contra los mismos.

b) Examen de
la gestión social y aprobación de las cuentas anuales y de la distribución de
excedentes o imputación de pérdidas.

c) Establecimiento de nuevas
aportaciones obligatorias, admisión de aportaciones voluntarias, actualización
del valor de las aportaciones al capital social, del interés que devengarán las
aportaciones a capital y de las cuotas de ingreso o periódicas.

d)
Emisión de obligaciones, de títulos participativos o de participaciones
especiales, y otras formas de financiación.

e) Modificación de los
Estatutos sociales, salvo lo previsto para el cambio del domicilio social dentro
del mismo municipio.

f) Constitución de cooperativas de segundo grado o
de crédito, grupos cooperativos, participación en otras formas de colaboración
económica, entidades asociativas y similares, así como la adhesión y separación
de las mismas y la regulación, creación, modificación y extinción de secciones
de la cooperativa.

g) Fusión, escisión, transformación, cesión global de
activo y pasivo y disolución de la cooperativa.

h) Toda decisión que
suponga, según los Estatutos, una modificación sustancial en la estructura
económica, organizativa o funciona¡ de la cooperativa.

i) Aprobación o
modificación del Reglamento Interno de la cooperativa.

j) Determinación
de la política general de la cooperativa.

k) Todos los demás acuerdos en
que así lo establezcan la
Ley o los Estatutos.

4. Salvo disposición contraria de
los Estatutos, la
Asamblea General podrá impartir instrucciones al órgano de
administración, o someter a autorización la adopción por dicho órgano de
decisiones o acuerdos sobre determinados asuntos de especial trascendencia, sin
perjuicio de las competencias que esta Ley considera exclusivas de ése u otros
órganos sociales.

Asimismo, la Asamblea podrá debatir y adoptar
acuerdos sobre otros asuntos que sean de interés para la cooperativa, siempre
que conste en el orden del día, y con las limitaciones anteriormente
señaladas.

5. La competencia de la Asamblea General sobre los
actos en que su acuerdo sea preceptivo en virtud de norma legal, tiene carácter
indelegable.

Artículo 35. Clases de Asambleas.

1. Las Asambleas
Generales podrán ser ordinarias o extraordinarias.

2. La Asamblea ordinaria se
reunirá una vez al año para examinar la gestión social, aprobar, si procede, las
cuentas anuales, decidir sobre la distribución de excedentes o imputación de
pérdidas, en su caso, sobre la política general de la cooperativa, así como
sobre cualquier otro asunto incluido en el orden del día.

3. Todas las
demás Asambleas Generales se considerarán extraordinarias.

Artículo 36.
Convocatoria.

1. La Asamblea General será
convocada por el órgano de administración, que fijará el orden del día de la
convocatoria.
2. La
Asamblea General ordinaria será convocada dentro de los seis
primeros meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio social. Si
transcurre dicho plazo sin que tenga lugar la convocatoria, los interventores
deberán y cualquier socio podrá requerir fehacientemente a los administradores
para que procedan a convocarla. Si éstos no la convocan en el plazo de quince
días a contar desde la recepción del requerimiento, los interventores o
cualquier socio podrán solicitarla al Juez competente, que deberá convocarla,
designando a quienes hayan de presidirla y ejercer de secretario.

Los
gastos de la convocatoria judicial serán de cuenta de la cooperativa.

3.
La Asamblea
General ordinaria convocada fuera de plazo será válida, pero el
Consejo Rector responderá, en su caso, de los perjuicios que de ello se deriven
para la entidad y para los socios.

4. La Asamblea extraordinaria podrá ser
convocada por el Consejo Rector cuando lo estime conveniente para los intereses
de la cooperativa, a petición del veinte por ciento de los votos sociales o a
solicitud de los Interventores. En el orden del día se incluirán, al menos, los
asuntos solicitados. En caso de no ser atendida la petición, se seguirá el
procedimiento expuesto para la
Asamblea ordinaria.

Artículo 37. Forma de
convocatoria.

1. La Asamblea General se
convocará con una antelación mínima de diez días y máxima de sesenta días, a la
fecha prevista para su celebración.

Para el plazo de diez días se
excluirá de su cómputo tanto el día de la exposición, envío o publicación, como
el de celebración de la Asamblea.

2. La convocatoria se hará siempre
mediante anuncio público en el domicilio social de la cooperativa y en cada uno
de los centros de trabajo, así como mediante carta enviada al domicilio del
socio. Si la cooperativa tuviese más de trescientos socios, o si así lo
determinan los Estatutos, la convocatoria se hará también en alguno de los
diarios de mayor circulación en los lugares donde se encuentre el domicilio
social y los centros de trabajo.

Los Estatutos podrán establecer, además,
otras formas de comunicación que asegure la recepción del anuncio por todos los
socios.

3. La convocatoria ha de expresar con claridad el orden del día
con los asuntos a tratar, el lugar, el día y la hora de la reunión en primera y
segunda convocatoria, entre las cuales deberá transcurrir como mínimo media
hora.

Además, la convocatoria deberá hacer constar la relación completa
de información o documentación que se pone a disposición de los socios, de
acuerdo con esta Ley.

En el supuesto en que la documentación se encuentre
depositada en el domicilio social se indicará el régimen de consultas de la
misma, que comprenderá el período desde la publicación de la convocatoria hasta
la celebración de la Asamblea.

4. El orden del día será fijado por el
Consejo Rector, pero quedará obligado a incluir los asuntos solicitados,
mediante escrito, por los Interventores o por un número de socios que represente
el diez por ciento o alcance la cifra de cincuenta, dentro de los cuatro días
siguientes al de la publicación de la convocatoria de la Asamblea, haciéndose público el
nuevo orden del día con una antelación mínima de cuatro días a la realización de
la Asamblea,
en la forma establecida para la convocatoria.

En el orden del día se
incluirá necesariamente un punto que permita a los socios hacer sugerencias y
preguntas al Consejo Rector.

5. Cuando se anuncie la modificación de los
Estatutos Sociales, la convocatoria cumplirá lo previsto por esta Ley para ese
supuesto especial.

6. No será precisa la convocatoria, cuando, estando
presentes o representados todos los socios, decidan constituirse en Asamblea
General universal, aprobando y firmando todos el acuerdo de celebración de
la Asamblea,
el orden del día y la lista de asistentes.

Artículo38. Constitución y
funcionamiento de la Asamblea General

1. La Asamblea General habrá de
celebrarse en la localidad del domicilio social de la cooperativa o en cualquier
otra señalada por la
Asamblea General anterior, salvo en los casos de
la Asamblea
constituyente y de Asamblea universal.

2. Quedará válidamente constituida
en primera convocatoria si están presentes o representados más de la mitad de
los votos sociales, y en segunda convocatoria, cuando estén presentes o
representados, al menos, un diez por ciento de los socios o veinticinco votos
sociales. Los Estatutos podrán reforzar estos quórum de asistencia sin que nunca
puedan ser equivalentes los de ambas convocatorias. Salvo disposición
estatutaria en contra, bastará alcanzar dicho quórum al comienzo de la
sesión.

Asimismo, los Estatutos podrán establecer el porcentaje de
asistentes que deberán ser socios que desarrollen su actividad cooperativizada
para la válida constitución de la Asamblea en cada convocatoria, sin
que, en ningún caso, la aplicación de estos porcentajes suponga exceder los
límites que se fijan en los apartados anteriores.

Podrán asistir todos
los que sean socios en el momento en que sea convocada la Asamblea.

Asimismo,
la Asamblea
General o el Consejo Rector podrá autorizar la asistencia, sin
derecho a voto, de cualquier otra persona cuya presencia resulte de interés para
el buen funcionamiento de la cooperativa.

3. Presidirá la Asamblea el Presidente del
Consejo Rector en su defecto, quien ejerza sus funciones de acuerdo con los
Estatutos o el socio que la propia Asamblea elija. Corresponde al presidente
dirigir las deliberaciones, mantener el orden en el desarrollo de
la Asamblea y
velar por el cumplimiento de las formalidades legales y
estatutarias.

Actuará de Secretario el que lo sea del Consejo Rector o,
en su defecto, su sustituto o el elegido por la Asamblea. Cuando en el orden
del día exista algún asunto que se refiera personalmente al Presidente o al
Secretario, serán sustituidos por quien elija la Asamblea.

4. El
Secretario levantará acta del desarrollo de la Asamblea, que podrá aprobarse a la
finalización de la misma o dentro de los quince días siguientes, por el
Presidente y, al menos, dos socios nombrados por la Asamblea que no ostenten cargos
sociales, quienes la firmarán junto con el Secretario.

El acta contendrá,
en todo caso, el lugar y fecha de la reunión, si se celebra la Asamblea en primera o
segunda convocatoria, señalamiento del orden del día, relación nominativa de
asistentes, resumen de los asuntos debatidos, de las intervenciones de las que
se haya solicitado constancia en el acta y de los acuerdos adoptados con el
resultado de las votaciones.

El acta, una vez aprobada, se transcribirá
al Libro de Actas.

5. El órgano de administración de la cooperativa podrá
requerir la asistencia de notario para que levante acta de la Asamblea, y estará
obligado a hacerlo cuando, con siete días de antelación al previsto para la
sesión, lo soliciten socios que representen al menos el diez por ciento de todos
ellos. El acta notarial no se someterá a trámite de aprobación y tendrá la
consideración de acta de la Asamblea.

Artículo
39. Derecho de voto.

1. En las cooperativas de primer grado, cada socio
tendrá derecho a un voto, salvo lo dispuesto en esta
Ley para las
Cooperativas Agrarias, de Servicios e Integrales. No obstante, los Estatutos
podrán prever que el derecho de voto de los socios que sean cooperativas,
sociedades controladas por éstas o entidades públicas sea proporciona¡ a la
actividad cooperativizada con la sociedad y a las prestaciones complementarias a
esta actividad, sin que el número de votos de un socio pueda ser superior al
tercio de los votos totales de la cooperativa.

En estos supuestos, los
Estatutos deberán fijar con claridad los criterios de proporcionalidad del
derecho devoto plural.

2. En las de segundo o ulterior grado, los
Estatutos podrán establecer el sistema de voto múltiple, proporcional al número
de socios de cada cooperativa o en función de la participación de la cooperativa
de primer grado en las actividades de la de grado superior, estableciendo las
reglas para medir esta participación. No obstante, ningún socio podrá ostentar
más de un tercio de los votos totales, ni el conjunto de los votos ponderados
ser superior al total de votos igualitarios, salvo que los Estatutos modifiquen
este último límite. El límite del tercio de votos se ampliará hasta el cuarenta
y nueve por ciento de los votos totales en las cooperativas de segundo grado con
menos de cuatro socios, y no será de aplicación en las de dos socios.

3.
El número total de votos de los socios de trabajo, colaboradores inactivos y a
prueba no podrá alcanzar, en ningún caso, la mitad de los votos de los socios
ordinarios, presentes y representados, en cada Asamblea.

4. Los Estatutos
establecerán los supuestos en que el socio deba abstenerse de votar por razón
del asunto objeto del acuerdo.

5. En ningún caso podrá existir voto
dirimente o de calidad.

Artículo40. Voto por representación.

1.
Todo socio podrá hacerse representar en Asamblea por otro socio, que no podrá
ostentar más de dos representaciones. Esta representación deberá hacerse por
escrito y para cada Asamblea, y conforme al procedimiento que prevean los
Estatutos, que determinarán, asimismo, a quiénes corresponde decidir sobre la
idoneidad de la representación.

2. Los Estatutos podrán prever que el
socio pueda ser representado por su cónyuge o personas con las que conviva
habitualmente, sus ascendientes o descendientes directos, siempre que tengan
capacidad legal para representarle, excepto en las Cooperativas de Trabajo
Asociado.

Artículo 41. Acuerdos.

1. Los acuerdos de
la Asamblea
General se adoptarán por mayoría simple de los votos presentes
y representados, válidamente emitidos, salvo que esta Ley o los Estatutos
establezcan mayorías reforzadas, que no podrán sobrepasar los dos tercios de los
votos presentes y representados. Quedan exceptuados de este precepto los casos
de elección de cargos, en los que podrá ser elegido el candidato que obtenga el
mayor número de votos.

A los efectos señalados, no serán computables los
votos en blanco ni las abstenciones.

2. Los acuerdos de modificación de
Estatutos, fusión, escisión, transformación, cesión del activo y pasivo, emisión
de obligaciones, aprobación de nuevas aportaciones obligatorias y otras nuevas
obligaciones no previstas en los Estatutos, y la disolución voluntaria de la
cooperativa, exigirán la mayoría de dos tercios de los votos presentes y
representados. Dicha mayoría cualificada se exigirá igualmente en el acuerdo de
ejercitar la acción de responsabilidad contra los miembros del Consejo Rector,
los Interventores, los Auditores o el Comité de Recursos, así como en la
revocación de los mismos, si no constara expresamente en el orden del día de la
convocatoria.

3. Sólo se podrán tomar acuerdos sobre asuntos que consten
en el orden del día, salvo el de convocar Asamblea universal, el de convocatoria
de nueva Asamblea o prórroga de la que se está celebrando ' el de realización de
censura de cuentas por miembros de la cooperativa o por terceros independientes,
o el de ejercicio de la acción de responsabilidad contra los administradores,
los interventores, los auditores o los liquidadores, la revocación de los cargos
sociales antes mencionados, así como aquellos otros casos previstos en la
presente Ley.

4. Las votaciones serán secretas, cuando tengan por
finalidad la elección o revocación de los miembros de los órganos sociales o el
acuerdo para ejercitar la acción de responsabilidad contra los miembros de los
órganos sociales, así como para transigir o renunciar al ejercicio de la acción.
Se adoptará, también mediante votación secreta, el acuerdo sobre cualquier punto
del orden del día, cuando así lo solicite un diez por ciento de los votos
presentes y representados, así como en los demás supuestos previstos en esta
Ley.

Artículo 42. Asambleas Generales de delegados.

1. Los
Estatutos podrán establecer que la Asamblea General se
constituya como Asamblea de delegados, elegidos en juntas preparatorias, en los
casos en que la cooperativa tenga más de quinientos socios o concurran
circunstancias que dificulten de forma notoria y permanente la presencia de
todos los socios en la Asamblea General.

2. En este supuesto, los
Estatutos regularán la constitución, convocatoria y funcionamiento de las juntas
preparatorias, así como el tipo de mandato que se otorgue a los delegados. En lo
no previsto por los Estatutos, se observarán, en cuanto sean aplicables, las
normas establecidas para la Asamblea General.

3. En las juntas
preparatorias deberá tratarse el orden del día establecido para la Asamblea
General.

Artículo 43. Impugnación de acuerdos
sociales.

1. Podrán ser impugnados los acuerdos de la Asamblea General
que sean contrarios a la ley, se opongan a los Estatutos o lesionen en beneficio
de uno o varios socios o de terceros los intereses de la cooperativa.

2.
Serán nulos los acuerdos contrarios a la ley. Los demás acuerdos a que se
refiere el número anterior serán anulables.

3. Los miembros del Consejo
Rector y los Interventores están obligados a ejercer las acciones de impugnación
contra los acuerdos sociales cuando sean contrarios a la Ley o se opongan a los
Estatutos.

4. Están legitimados para el ejercicio de las acciones de
impugnación de los acuerdos nulos, cualquier socio, los miembros del Consejo
Rector, los Interventores, el Comité de Recursos y los terceros que acrediten
interés legítimo.

Para el ejercicio de las acciones de impugnación de los
acuerdos anulables estarán legitimados los asistentes a la Asamblea General
que hubiesen hecho constar, en acta o mediante documento fehaciente entregado
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, su oposición al acuerdo, los
socios ausentes y los que hayan sido ¡legítimamente privados de emitir su voto,
los miembros del Consejo Rector y los interventores.

5. La acción de
impugnación de acuerdos nulos caducará por el transcurso de un año, desde la
fecha
de adopción del acuerdo o desde su inscripción en el Registro de
Cooperativas de Castilla-La Mancha. La acción de impugnación de acuerdos
anulables caducará transcurrido un mes, desde su adopción o
inscripción.

6. El procedimiento de impugnación de los acuerdos nulos o
anulables ha de ajustarse a las normas procesales del Estado, en cuanto no
resulte contrario a lo prescrito en la presente Ley. Para la solicitud de
suspensión del acuerdo adoptado en el escrito de demanda, los demandantes
deberán ser los Interventores o los socios que represente al menos el 20 por 100
del total de votos sociales.

7. La sentencia estimatoria de la acción de
impugnación producirá efectos frente a todos los socios, pero no afectará a los
derechos adquiridos por terceros de buena fe a consecuencia del acuerdo
impugnado. En caso que el acuerdo impugnado estuviese inscrito, la sentencia
determinará su cancelación.

SECCIÓN 2.' EL ÓRGANO DE
ADMINISTRACIÓN

Artículo 44. Concepto y competencias.

1. El Consejo
Rector es el órgano colegiado de gobierno, gestión y representación de la
cooperativa, con sujeción a lo establecido en la presente Ley, en los Estatutos
y en la política general fijada por la Asamblea General, pudiendo
ejercer además todas aquellas facultades que no estén reservadas por la presente
Ley o por los Estatutos a otro órgano social.

No obstante, en aquellas
cooperativas en las que el número de socios sea inferior a diez, los Estatutos
podrán establecer la existencia de un administrador único o dos administradores
que actúen solidaria o mancomunadamente, que deberán tener la condición de
socios, con las competencias y el régimen establecido para el Consejo Rector. En
este supuesto, los Estatutos deberán prever la celebración de, al menos, dos
Asambleas Generales en cada ejercicio.

El Presidente del Consejo Rector,
y en su caso, el Vicepresidente, lo será también de la cooperativa, teniendo su
representación legal, sin perjuicio de incurrir en responsabilidad si su
actuación no se ajustase a los acuerdos de la Asamblea General o del
Consejo Rector.

2. Si los Estatutos lo prevén, el Consejo Rector podrá
nombrar, por mayoría de dos tercios de sus miembros y de entre ellos, a uno o
varios Consejeros Delegados, con facultades generales referidas exclusivamente
al giro y tráfico empresarial ordinario de la cooperativa.

En ningún caso
podrá ser objeto de delegación la rendición de cuentas y la presentación del
balance a la Asamblea
General, así como aquellas otras facultades cuyo carácter no
delegable venga señalado por la presente Ley o por los Estatutos.

El
nombramiento y el cese, así como las facultades conferidas, constarán en
escritura pública y deberán inscribirse en el Registro de Cooperativas de
Castilla-La Mancha.

Artículo 45. Composición, elección y duración del
Consejo.

1. Los Estatutos sociales fijarán la composición del Consejo
Rector, cuyo número no podrá ser inferior a tres, ni superior a quince, debiendo
existir en todo caso un presidente, un vicepresidente y un secretario, salvo en
las cooperativas cuyo número de socios sea inferior a cuatro, en las que el
Consejo, en su caso, estará formado por dos miembros, no exigiéndose el cargo de
vicepresidente.

Además, los Estatutos podrán prever que la composición de
este órgano refleje, en cada cooperativa, su implantación geográfica, las
diversas actividades

desarrolladas por la misma, las diferentes clases de
socios y la proporción existente entre ellos u otras circunstancias verificables
objetivamente, estableciendo incluso las correspondientes reservas de puestos de
Vocales.

También podrán los Estatutos prever la existencia de Consejeros
independientes, no socios, en número no superior a la cuarta parte del total de
Consejeros previsto estatutaríamente. Estos Consejeros serán nombrados, en su
caso, entre personas que reúnan los requisitos de cualificación profesional y
experiencia técnica o empresarial adecuadas en relación con las funciones del
Consejo y con el objeto social de la cooperativa.

2. Las cooperativas con
más de 25 trabajadores con contrato por tiempo indefinido, deberán reservar un
puesto de vocal del Consejo Rector para uno de ellos, que será elegido y sólo
podrá ser revocado por el Comité de Empresa o, en su defecto, por el colectivo
de trabajadores que representa.

El régimen jurídico aplicable al que
resulte elegido será el mismo que para el resto de los miembros del Consejo
Rector.

3. Los miembros del Consejo Rector, titulares y suplentes, serán
elegidos por la
Asamblea General en votación secreta y por el mayor número de
votos válidamente emitidos. El Presidente, el Vicepresidente y el Secretario
serán elegidos, de entre sus miembros, por el Consejo Rector, salvo disposición
en contrario de los Estatutos sociales.

Los Estatutos sociales o el
Reglamento de Régimen Interior regularán el proceso electoral, de acuerdo con
las normas de la presente Ley.

La duración ordinaria del mandato de los
miembros del Consejo Rector será la que determinen los Estatutos, entre dos y
cuatro años. Serán válidas las sucesivas reelecciones por iguales períodos,
salvo disposición estatutaria en contra. Las renovaciones del Consejo podrán ser
por su totalidad, al final de cada mandato, o por mitad de tiempo y de miembros,
en la forma prevista en los Estatutos.

Los Consejeros que hubieran
agotado el plazo para el que fueron elegidos, continuarán ostentando sus cargos
hasta el momento en que se celebre la primera Asamblea General, que deberá
proceder la renovación.

4. El nombramiento de los Consejeros deberá
inscribirse en el Registro de Cooperativas de Castilla-La Mancha dentro de los
treinta días siguientes a su elección, pero surtirá efectos internos desde el
momento de su aceptación expresa.

5. Los miembros del Consejo Rector
podrán renunciar a su cargo, bien presentando su renuncia motivada ante el
propio Consejo o ante la Asamblea General. En
cualquier caso, la renuncia no tendrá carácter irrevocable y quedará siempre
condicionada a la aceptación por el órgano ante el que se presente.

Las
vacantes que se produzcan en el Consejo Rector se cubrirán en la primera
Asamblea General que se celebre. Vacante el cargo de Presidente, sus funciones
serán asumidas por el Vicepresidente, hasta que se celebre la Asamblea
correspondiente.

No obstante, los Estatutos podrán establecer la
existencia de miembros suplentes, determinando su número y el sistema de
sustitución, excepto para los cargos de Presidente y Vicepresidente, que deberán
ser elegidos directamente por el Consejo Rector o por la Asamblea General, conforme
el régimen previsto en el apartado tercero de este artículo.

En todos los
supuestos, el designado ostentará el cargo por el tiempo que le restara al que
cesó en el mismo.

Si simultáneamente quedaran vacantes los cargos de
Presidente y Vicepresidente elegidos directamente por la Asamblea General, o quedase
un número de miembros del Consejo Rector insuficiente para constituir
válida
mente éste, las funciones del Presidente serán asumidas por el
Consejero elegido entre los restantes miembros del Consejo. La Asamblea General,
en el plazo máximo de quince días, será convocada a los efectos de cubrir las
vacantes producidas. Esta convocatoria podrá ser acordada por el Consejo Rector,
aunque no concurra el número de miembros que exige el artículo
siguiente.

Artículo 46. Funcionamiento del Consejo Rector.

1. Los
Estatutos regularán el funcionamiento interno del Consejo Rector. En lo no
previsto en éstos, podrá completarla el propio órgano, sometiendo esta
regulación a la primera Asamblea General que se realice.

2. La reunión
del Consejo Rector deberá ser convocada por el Presidente o por quien le
sustituya, por iniciativa propia o a petición de cualquier Consejero. Si la
solicitud no fuese atendida en el plazo de diez días, podrá ser convocada por
quien hubiese hecho la petición, siempre que logre para su convocatoria la
adhesión, al menos, de un tercio del Consejo.

No será necesaria la
convocatoria cuando estando presentes todos los Consejeros decidan por
unanimidad la realización del Consejo.

Podrá convocarse a la reunión, sin
derecho de voto, al Gerente y a los técnicos de la cooperativa, así como a otras
personas cuya presencia sea de interés para el buen funcionamiento de la
cooperativa.

3. El Consejo quedará válidamente constituido cuando
concurran personalmente a la reunión más de la mitad de sus componentes. Los
Consejeros no podrán hacerse representar.

4. Los acuerdos se adoptarán
por más de la mitad de los votos válidamente expresados, salvo en los supuestos
establecidos en la presente Ley. Para acordar los asuntos que hayan de incluirse
en el orden del día de la Asamblea General será
suficiente el voto favorable de un tercio de los miembros que constituyen el
Consejo.

Cada consejero tendrá un voto. El voto del presidente dirimirá
los empates.

5. Los acuerdos del Consejo serán llevados a un Libro de
Actas, que recogerán los debates en forma sucinta, los acuerdos adoptados en
ella y el resultado de las votaciones. Las actas deberán estar firmadas por el
presidente y el secretario.

Artículo 47. Responsabilidad, remuneración y
separación de los Consejeros.

1. Los miembros del Consejo Rector
desempeñarán su cargo con la diligencia debida, respetando los principios
cooperativos. Deben guardar secreto sobre los datos que tengan carácter
confidencial, aun después de cesar en sus funciones.

2. Los miembros del
Consejo Rector o los administradores, en su caso, responderán solidariamente
frente a la cooperativa, los socios y terceros del daño que causen por actos
contrarios a la
Ley o a los Estatutos o por los realizados sin la diligencia
debida en el desempeño del cargo.

Estarán exentos de responsabilidad los
Consejeros que no hayan participado en la sesión, o hayan votado en contra del
acuerdo y hagan constar, en ambos supuestos, su oposición al mismo en el acta o
mediante documento fehaciente que se comunique al Consejo en los veinte días
siguientes al acuerdo.

3. No exonerará de esta responsabilidad el hecho
de que la Asamblea
General haya ordenado, consentido o autorizado el acto o
acuerdo, cuando sea competencia exclusiva del Consejo Rector.

4. La
acción social de responsabilidad contra los miembros del Consejo Rector podrá
ser ejercitada por la cooperativa, previo acuerdo de la Asamblea General.

Si
dicha cuestión constara en el orden del día, será suficiente para adoptar el
acuerdo la mitad más uno de los votos presentes y representados, sin que pueda
modificarse esta mayoría por los Estatutos.

5. Los Consejeros
independientes, y si lo prevén los Estatutos todos los miembros del Consejo,
podrán percibir remuneraciones fijadas por los propios Estatutos * por acuerdo
de la Asamblea.
Si se abonasen con cargo excedentes disponibles no podrán
impedir la cobertura de los Fondos obligatorios y estatutarios, ni la
posibilidad de retornos y deberán ser siempre proporcionadas a las prestaciones
efectivas de los Consejeros y al volumen económico de la cooperativa. En
cualquier caso dichos Consejeros serán resarcidos de los gastos originados por
el ejercicio del cargo.

Los demás derechos y las obligaciones de los
Consejeros si no constasen en los Estatutos deberán ser regulados en el
Reglamento de Régimen Interior.

6. La separación o destitución de los
Consejeros podrá acordarla en cualquier momento la Asamblea General por la
mayoría simple de los votos presentes o representados, válidamente emitidos, si
el asunto consta en el orden del día en otro caso será necesaria una mayoría de
dos tercios de los votos presentes y representados.

Artículo 48.
Incapacidades e incompatibilidades.

1. No podrán ser miembros del Consejo
Rector:

a) Los altos cargos, funcionarios y personal al servicio de las
Administraciones Públicas con funciones que se relacionen con las actividades
propias de la cooperativa de que se trate, salvo que lo sean en representación
del ente público o Administración en que prestan sus servicios.

b) Los
quebrados y concursados no rehabilitados, los condenados a penas que llevan
aparejada la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos y aquellos que
por razón del cargo no puedan ejercer actividades económicas
lucrativas.

e) Los incapacitados, de conformidad con la extensión y
límites establecidos en la sentencia de incapacitación.

En las
cooperativas constituidas mayoritaria o exclusivamente por discapacitados
psíquicos, su falta de capacidad de obrar será suplida por sus tutores, con
arreglo a lo establecido en las disposiciones legales vigentes, a los que será
de aplicación el régimen de incompatibilidades, incapacidades y prohibiciones,
así como el de responsabilidad, establecidos en esta Ley.

d) Los que
desarrollen o ejerzan por cuenta propia o ajena actividades que puedan resultar
competitivas con las de la propia cooperativa o que bajo cualquier forma tengan
intereses opuestos a los de la misma, salvo autorización expresa de la Asamblea
General.

e) Los Interventores, los miembros del Comité de Recursos, el
gerente y el letrado asesor, en su caso, así como los parientes de los mismos
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, salvo para las cooperativas
de segundo grado.

f) Quienes, como integrantes de dichos órganos,
hubieran sido sancionados, al menos dos veces, por la comisión de faltas graves
o muy graves por conculcar la legislación cooperativa. Esta prohibición se
extenderá a un período de cinco años, a contar desde la firmeza de la última
sanción.

g) Los incursos en los supuestos estatutariamente
previstos.

2. Son incompatibles entre sí los cargos de miembro del
Consejo Rector, Interventores, miembros del Comité de Recursos, Gerente y
letrado asesor. Dicha incompatibilidad alcanzará también al cónyuge y parientes
de
los expresados cargos hasta el segundo grado de consanguinidad o
afinidad.

No obstante, las causas de incompatibilidad por parentesco no
desplegarán su eficacia cuando el número de socios de la cooperativa
imposibilite la elección.

3. El Consejero incurso en cualquiera de las
prohibiciones de este artículo será inmediatamente destituido de su cargo por el
Consejo Rector, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiese incurrir por
su conducta desleal.

4. El cargo de miembro del Consejo Rector no podrá
desempeñarse simultáneamente en más de tres cooperativas de primer
grado.

Artículo 49. Impugnación de los acuerdos del
Consejo

Rector.

1. Podrán ser impugnados los acuerdos del Consejo
Rector que sean contrarios a la
Ley o a los Estatutos, que vulneren los derechos del socio o
que lesionen en beneficio de uno o varios socios o de terceros los intereses de
la cooperativa.

Son nulos los acuerdos contrarios a la Ley, los demás serán
anulables.

A los efectos de su impugnación, los acuerdos de los
Consejeros delegados se entenderán adoptados por el Consejo Rector.

2.
Están legitimados para entablar las acciones de impugnación de acuerdos
anulables aquellos miembros del Consejo Rector que hubiesen hecho constar en
acta su oposición al acuerdo, los ausentes que hiciesen constar su oposición
mediante documento fehaciente dirigido a dicho órgano en los veinte días
siguientes al de la adopción del acuerdo, además de los interventores y de los
socios que representen, como mínimo, el 10 por 100 de los votos
sociales.

Para la interposición de acciones de impugnación de acuerdos
nulos está legitimado cualquier socio, incluidos los miembros del Consejo Rector
que hubiesen votado a favor del acuerdo y los que se hubiesen
abstenido

3. El plazo de impugnación de los acuerdos del Consejo Rector
será de dos meses para los acuerdos nulos y de un mes para los anulables, desde
la fecha de adopción del acuerdo, si el impugnante es Consejero, o, en los demás
supuestos, desde que los impugnantes tuvieran conocimiento de los mismos,
siempre que no haya transcurrido un año desde su adopción.

4. Las
acciones de impugnación se tramitarán y producirán los efectos previstos con
arreglo a lo establecido en la presente Ley para la impugnación de los acuerdos
de la
Asamblea General.

Artículo 50. El Gerente.

1.
La Asamblea
General o, si los Estatutos no dispusieran otra cosa, el
Consejo Rector, podrán acordar la existencia de un Gerente de la cooperativa,
con las facultades que le hubieran conferido las escrituras de poder.

2.
Corresponde al Consejo Rector la designación, contratación y destitución del
Gerente, que podrá ser cesado en cualquier momento por acuerdo adoptado por más
de la mitad de los votos del Consejo.

3. El nombramiento y cese del
Gerente deberán inscribirse en el Registro de Cooperativas donde, además, se
transcribirán las facultades conferidas según las escrituras de otorgamiento,
modificación o sustitución y, en su caso, la revocación de poderes.

4. La
existencia de Gerente en la cooperativa no modifica ni disminuye las
competencias y facultades del Consejo Rector, ni excluye la responsabilidad de
sus miembros frente a la cooperativa, frente a los socios y socios
colaboradores, y frente a terceros.

5. A las acciones de responsabilidad
contra el Gerente será aplicable lo establecido en el artículo 47 de esta
Ley.

SECCIÓN 3.' DE LOS INTERVENTORES DE LA
COOPERATIVA

Artículo 51. De los Interventores:
Nombramiento y composición.

1. La Asamblea General elegirá,
entre los socios de la cooperativa y mediante votación secreta por el mayor
número de votos, a los Interventores titulares y a los suplentes, en su
caso.

No obstante, cuando exista más de un Interventor, si lo prevén los
Estatutos y por una mayoría de dos tercios de los votos presentes y
representados en la
Asamblea General, podrán ser elegidos expertos independientes,
entre personas físicas no socias que reúnan los requisitos de cualificación
profesional y experiencia técnica o empresarial adecuados en relación con las
funciones de aquel órgano.

2. Estatutariamente se determinará el número
de Interventores titulares, que no excederá de seis, y suplentes, en su caso,
así como la duración de su mandato entre un período de dos a cuatro años,
pudiendo ser reelegidos.

El número de Interventores expertos
independientes no excederá del tercio de la totalidad.

3. Los socios que
no estén incursos en alguna de las causas de incapacidades e incompatibilidades
establecidas en el artículo 48 de la presente Ley pueden ser elegidos
Interventores.

4. Será de aplicación a los Interventores, en cuanto sea
compatible, la regulación establecida para el Consejo Rector en la presente Ley,
si bien la responsabilidad de los Interventores no tendrá el carácter de
solidaria.

Artículo 52. Funciones de los Interventores.

1. Son
funciones de los Interventores, además de las que puedan fijar los propios
Estatutos y que no estén atribuidas a otro órgano social, las
siguientes

a) La censura de las cuentas anuales antes de su presentación
a la Asamblea
General mediante informe emitido al efecto, así como sobre la
propuesta de distribución de excedentes o imputación de pérdidas. En caso de
disconformidad podrá emitirse informe por separado.

A este fin, los
Interventores deberán formular su informe definitivo y ponerlo a disposición del
Consejo Rector en el plazo máximo de un mes a contar desde que recibieron las
cuentas anuales, pudiendo recabar cualquier otra documentación necesaria para el
mejor cumplimiento de su función fiscalizadora.

Si la cooperativa
auditase externamente sus cuentas, se eximirá a los Interventores de la
obligatoriedad de emitir el informe de censura de las cuentas anuales de
aquellos ejercicios económicos en que se efectúe la auditoría.

Será nulo
el acuerdo de aprobación de las cuentas anuales por la Asamblea General sin el
previo informe de los Interventores o, en su caso, del informe de auditoría
externa.

El informe de los Interventores se recogerá en el libro de
informes de censura de cuentas.

b) Requerir fehacientemente a los
Administradores para que procedan a convocar Asamblea General en los supuestos y
a través de los procedimientos establecidos en el artículo 36.2 de la presente
Ley.
e) Controlar la llevanza de los libros de la cooperativa.

d)
Solicitar del Consejo Rector todas aquellas informaciones sobre la marcha de la
cooperativa que estimen oportunas en el ejercicio de su función.

e)
Impugnar ante la
Asamblea General la valoración de los bienes o derechos como
aportación al capital social acordada por el Consejo Rector.

f)
Cualesquiera otras funciones que les encomiende la presente Ley.

2. Si se
prevé estatutariamente, los Interventores podrán solicitar, a cargo de la
cooperativa, el asesoramiento de profesionales externos a la misma, en orden al
mejor ejercicio y cumplimiento de las funciones y responsabilidades encomendadas
en la presente Ley y en los Estatutos.

3. Los Interventores deberán
guardar secreto sobre los datos confidenciales a que tengan acceso en el
ejercicio de su función interventora, salvo aquellos que faciliten a través de
los cauces establecidos legal y estatutariamente.

SECCIÓN 4.' DEL COMITÉ
DE RECURSOS Y DE OTROS ÓRGANOS COLEGIADOS

Artículo53. Del Comité de
Recursos: Funciones y composición.

1. Si se determina en los Estatutos,
podrá constituirse un Comité de Recursos, que tramitará y resolverá los recursos
contra las sanciones impuestas a los socios por el Consejo Rector y los demás
recursos en que así lo prevea la presente Ley o los Estatutos.

2. La
composición del Comité se fijará en los Estatutos y estará integrado, al menos,
por tres miembros, personas físicas, elegidos de entre los socios por
la Asamblea
General en votación secreta. La duración de su mandato se
determinará estatutaríamente entre un período de dos a cuatro años, pudiendo ser
reelegidos.

Los miembros del Comité de Recursos elegirán de entre ellos a
un presidente y a un secretario.

El cargo de miembro del Comité es
incompatible con cualquier otro cargo de elección en la cooperativa o de
relación laboral con la misma.

3. El comité de recursos deliberará
válidamente con la asistencia de la mitad más uno de sus componentes. Sus
acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los miembros asistentes, no siendo
posible la delegación de voto.

El voto del presidente dirimirá los
empates.

No podrán tomar parte en la tramitación y resolución de los
recursos los miembros que tengan respecto del socio o, en su caso, del afectado
parentesco de consanguinidad o de afinidad hasta el segundo grado, o relación de
servicio.

El acta de la reunión del Comité, firmada por el secretario y
el presidente, recogerá el texto de los acuerdos.

Los acuerdos del Comité
de Recursos serán ejecutivos, y definitivos como expresión de la voluntad
social, y pueden ser recurridos por el cauce procesal previsto en el artículo 43
de la presente Ley.

Artículo54. Otros órganos colegiados de
participación.

1. Los Estatutos, la Asamblea General y el
Consejo Rector podrán crear Comisiones, Comités o Consejos de carácter
consultivo o asesor o con funciones concretas y determinadas, por el período que
se señale.

2. Los miembros de dichos órganos colegiados podrán ser
retribuidos, y responderán del ejercicio de sus tareas, con arreglo a lo
previsto en la presente Ley para el Consejo Rector.

CAPíTULO
VI

Del régimen económico

Artículo 55. Capital social.

1. El
capital social de las cooperativas estará constituido por las aportaciones
obligatorias y voluntarias efectuadas, en tal concepto, por los
socios.

2. El capital social mínimo con que puede constituirse una
cooperativa no será inferior a 3.000 euros -con la salvedad establecida en el
apartado 8 de este artículo-, y deberá estar íntegramente suscrito y
desembolsado, al menos, en un 50 por 100. El resto del capital social deberá
estar desembolsado en un plazo máximo de dos años.

3. Las aportaciones se
acreditarán mediante títulos nominativos, que, en ningún caso, tendrán la
consideración de títulos valores, autorizados por el Secretario con el visto
bueno del Presidente del Consejo Rector, numerados correlativamente, pudiendo
emitirse títulos múltiples. También podrán acreditarse mediante libretas de
participación nominativas.

En ambos casos reflejarán
necesariamente

a) Denominación de la cooperativa, fecha de su
constitución y número de inscripción en el Registro de Cooperativas de Castilla
La Mancha.

b) Nombre e identificación fiscal de su titular.

c) Si
se trata de aportaciones obligatorias o voluntarias.

d) Valor nominal,
importe desembolsado y, en su caso, fecha y cuantía de los sucesivos
desembolsos.

e) Las actualizaciones o deducciones, en su caso.

Las
cooperativas podrán también acreditar las aportaciones mediante anotaciones en
cuenta. En este caso, el extracto de las mismas deberá ser remitido al domicilio
del socio, al menos, una vez al año.

4. Las aportaciones se realizarán en
moneda de curso legal y, si lo prevén los Estatutos o lo autoriza
la Asamblea
General, también podrán consistir en bienes y derechos
susceptibles de valoración económica.

La valoración de estas aportaciones
no dinerarias será realizada por el Consejo Rector o los promotores de la
cooperativa, en su caso, previo informe de uno o varios expertos independientes
que posean la habilitación legal para la valoración correspondiente, designados
por los mismos.

Los miembros del Consejo Rector o los promotores de la
cooperativa responderán solidariamente frente a la cooperativa y frente a los
acreedores sociales de la realidad de las aportaciones y del valor que se les
haya atribuido a las no dinerarias, salvo que haya sometido la valoración a
informe previo de uno o varios expertos independientes, designados por aquéllos,
y que posean la habilitación legal correspondiente.

La valoración de las
aportaciones no dinerarias deberá ser ratificada por la primera Asamblea General
que se celebre tras la valoración.

La acción de responsabilidad podrá ser
ejercitada por cualquier acreedor en caso de insolvencia de la
cooperativa.

La entrega, saneamiento y transmisión de riesgos de estas
aportaciones no dinerarias se regirá por lo establecido en el artículo 39 del
Real Decreto legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la
Ley de Sociedades Anónimas.

5. Las aportaciones no
dinerarias no producen cesión o traspaso, ni aun a los efectos previstos en la
legislación sobre Arrendamientos Urbanos y Arrendamientos Rústicos, sino que la
cooperativa es continuadora en la titularidad del derecho. Lo mismo se
entiende
respecto de nombres comerciales, marcas patentes y cualesquiera
otros títulos y derechos que constituyan aportaciones al capital
social.

6. El importe total de las aportaciones de cada socio al capital
social de las cooperativas de primer grado no podrá exceder del 35 por 100 del
mismo. En las cooperativas de segundo o ulterior grado podrá elevarse este
límite hasta el 50 por 100.

Las aportaciones al capital social de los
socios colaboradores e inactivos no podrán alcanzar, en ningún caso, la mitad
del total de las aportaciones de los socios ordinarios.

7. Si la
cooperativa anuncia su cifra de capital social al público, deberá referirlo a
fecha concreta y expresar el desembolsado. Para determinar la cifra de capital
desembolsado se restarán, en su caso, las deducciones realizadas sobre las
aportaciones en satisfacción de las pérdidas imputadas a los socios.

8.
Si el capital social de la cooperativa quedara por debajo de la cifra de capital
social mínimo previsto en el apartado 2 de este artículo o el fijado en los
Estatutos, a consecuencia del reembolso de aportaciones al capital social o de
las deducciones practicadas por la imputación de pérdidas a los socios, y
hubiera transcurrido un a no sin haber recuperado el equilibrio, la Asamblea General
acordará la reducción del capital social mínimo, mediante la oportuna
modificación estatutaria.

Transcurrido el citado plazo, la cooperativa
entrará en causa de disolución.

Artículo 56. Aportaciones
obligatorias.

1 . Los Estatutos fijarán la aportación obligatoria mínima
al capital social para adquirir la condición de socio, que podrá ser diferente
para los distintos tipos de socios previstos en esta Ley, o en función de su
naturaleza física o jurídica o de la clase de actividad realizada, o para cada
socio en proporción al compromiso o uso potencia¡ que cada uno de ellos asuma de
la actividad cooperativizada.

2. La Asamblea General, por la
mayoría establecida en el artículo 41.2 de esta Ley, podrá acordar la exigencia
de nuevas aportaciones obligatorias para integrar el capital social, fijando la
cuantía, condiciones y plazos de desembolso de las mismas. El socio o socio
colaborador, en su caso, que tuviera desembolsadas aportaciones voluntarias
podrá aplicarlas en todo o en parte a cubrir las nuevas aportaciones
obligatorias acordadas por la Asamblea General.

El
socio disconforme podrá darse justificadamente de baja, en la forma y con los
efectos regulados en el artículo 30 de esta Ley.

3. Si por la imputación
de pérdidas de la cooperativa a los socios, o por sanción económica prevista
estatutariamente, la aportación al capital social de alguno de ellos quedara por
debajo del importe fijado como aportación obligatoria mínima para mantener la
condición de socio, el socio afectado deberá desembolsar la aportación necesaria
hasta alcanzar dicho importe, en el plazo que fije en su requerimiento el
Consejo Rector, que no podrá ser inferior a dos meses ni superior a un a no. 4.
El socio que no desembolse las aportaciones en los plazos previstos, incurrirá
en mora por el sólo vencimiento del plazo y deberá abonar a la cooperativa el
interés legal y resarcirla de los daños y perjuicios causados por la
morosidad.

El socio que incurra en mora podrá ser suspendido de sus
derechos societarios hasta que normalice su situación, sin perjuicio de la
sanción o sanciones disciplinarias que se les pueda imponer, así como de la
reclamación judicial que corresponda.

5. La Asamblea General ordinaria
fijará anualmente la cuantía de las aportaciones obligatorias de los
nuevos

socios y las condiciones y plazos para su desembolso, armonizando
las necesidades económicas de la cooperativa y el principio de facilitar la
incorporación de nuevos socios.

La cuantía de las aportaciones
obligatorias de los nuevos socios no podrá superar el valor actualizado, según
el índice general de precios al consumo de las aportaciones obligatorias inicial
y sucesivas, efectuadas por el socio de mayor antigüedad en la
cooperativa

Artículo 57. Aportaciones voluntarias.

1.
La Asamblea
General y, si lo prevén los Estatutos, el Consejo Rector podrán
acordar la admisión de aportaciones voluntarias de socios al capital
social.

La emisión fijará la cuantía global máxima, el plazo de
suscripción, que deberá realizarse en el plazo máximo de seis meses, el tipo de
interés, el desembolso, que se hará efectivo en el momento de la suscripción, y
demás condiciones.

Si las solicitudes de suscripción excedieran de la
cuantía establecida en el acuerdo de emisión, se respetará la proporcionalidad
de las aportaciones al capital realizadas hasta el momento por los
socios.

2. El Consejo Rector podrá decidir, a requerimiento de su
titular, la conversión de aportaciones voluntarias en obligatorias, así como la
transformación de aportaciones obligatorias en voluntarias cuando aquéllas deban
reducirse para adecuarse al uso potencia¡ de la actividad cooperativizada del
socio, o ser liquidadas a éste conforme determinen los Estatutos
sociales.

Artículo58. Remuneración de las aportaciones.

1. Los
Estatutos sociales establecerán si las aportaciones obligatorias a capital dan
derecho al devengo de intereses por la parte efectivamente
desembolsada.

En el caso de las aportaciones voluntarias, se estará a lo
que determine el acuerdo de emisión de las mismas sobre esta remuneración o el
procedimiento para determinarla.

2. La asignación y cuantía de la
remuneración estará condicionada a la existencia de resultados positivos o
fondos de libre disposición.

3. En ningún caso, la retribución al capital
será superior a seis puntos por encima del interés legal del dinero.

4.
En las cuentas anuales se indicará expresamente el importe destinado a la
remuneración de las aportaciones.

Artículo 59. Actualización de las
aportaciones.

1. El balance de las cooperativas puede ser regularizado en
los mismos términos y con idénticos beneficios previstos para las sociedades
mercantiles, mediante acuerdo de la Asamblea General, sin
perjuicio de lo dispuesto en la presente Ley sobre el destino de los resultados
de la regularización del balance.

2. Salvo que la cooperativa se
encuentre en situación de pérdidas, así reguladas en esta Ley, las plusvalías
resultantes de la actualización se destinarán por la cooperativa, al menos en un
20 por 100
a una cuenta de pasivo denominada "actualización de
aportaciones", a cuyo cargo se llevará a cabo la actualización de aportaciones
al capital social, y al menos otro 20 por 100 al incremento del Fondo de Reserva
Obligatorio. El importe restante se destinará, en la proporción que
la Asamblea
General acuerde, a incrementar la dotación de la referida
cuenta o de los Fondos obligatorios o voluntarios.

No obstante, cuando la
cooperativa tenga pérdidas sin compensar, las plusvalías de la regularización se
destinarán, en primer lugar, a la compensación de las mismas, y el resto, a los
destinos indicados anteriormente.
Artículo60. Transmisión de las
aportaciones.

1. Las aportaciones voluntarias son libremente
transmisibles entre los socios siempre que el adquirente no supere el límite
máximo de aportaciones al capital social fijado en esta Ley.

2. Las
aportaciones obligatorias sólo podrán transmitirse

a) Entre los socios ya
existentes, por actos ínter vivos, siempre que el adquirente no supere el límite
máximo de aportación al capital social fijado en esta Ley. A tal efecto, el
Consejo Rector hará público en el tablón de anuncios del domicilio social de la
cooperativa, en el plazo de un mes, las aportaciones objeto de transmisión para
que los socios ofrezcan por escrito su intención de adquirirlas.

b) Entre
el socio actual y el solicitante de nuevo ingreso como socio o socio
colaborador. A tal efecto, el Consejo Rector, presentada la solicitud de
ingreso, la hará pública en el tablón de anuncios del domicilio social de la
cooperativa para que en el plazo de un mes los socios o socios colaboradores
puedan ejercer los derechos recogidos en el apartado a), manteniendo en el caso
de los socios la aportación mínima obligatoria.

e) Entre el socio y su
cónyuge o persona unida a él por análoga relación de afectividad, ascendientes y
descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad tanto
matrimonial como extramatrimonial, por actos ínter vivos siempre que éstos sean
socios o socios colaboradores, o bien adquieran la condición de tales en el
plazo de tres meses siguientes a la baja, debiendo suscribir las participaciones
necesarias para completar la aportación mínima obligatoria.

d) Entre el
socio y sus herederos, por sucesión mortis causa, si los causahabientes son
socios o adquieren, previa solicitud la condición de tal en el plazo de seis
meses.

Si existiesen dos o más personas cotitulares de una aportación
serán considerados socios todos ellos, siempre que cada uno suscriba la
aportación mínima obligatoria al capital social.

El heredero que no desee
ingresar en la cooperativa puede exigir la liquidación de las aportaciones que
le hayan correspondido en la sucesión.

3. En los supuestos de transmisión
ínter vivos entre familiares y sucesión mortis causa, anteriormente descritos,
el nuevo socio no estará obligado a satisfacer cuotas de ingreso, cuando la
totalidad de las participaciones se trasmita a un único
adquirente.

Artículo 61. Liquidación y reembolso de las
aportaciones.

1. Los socios tienen derecho a exigir el reembolso de las
aportaciones obligatorias y voluntarias en el caso de baja o expulsión de la
cooperativa.

La liquidación de estas aportaciones se practicará a partir
del balance de cierre del ejercicio social en el que se ha originado el derecho
al reembolso, conforme a las normas contenidas en los párrafos
siguientes.

2. Del valor acreditado de las aportaciones al capital social
suscritas por el socio, se podrán efectuar las siguientes deducciones y
descuentos

a) En los supuestos que corresponda, se deducirán, en primer
lugar, las pérdidas imputadas o imputables al socio, reflejadas en el balance de
cierre del ejercicio en el que se produzca la baja, ya correspondan a dicho
ejercicio o provengan de otros anteriores y estén sin compensar, y, en segundo
lugar, las sanciones económicas impuestas al socio que no hubieran sido
satisfechas, así como aquellas obligaciones de pago que el socio tenga
pendientes con la cooperativa derivadas de su participación en la actividad
cooperativizada o por cualquier otro concepto.

b) En los casos de baja no
justificada se podrá establecer una deducción de las aportaciones obligatorias
que no podrá superar el 20 por 100, y el 30 por 100, en los supuestos de baja
por expulsión.

3. Si el importe de la liquidación practicada resultara
deudor para el socio, el Consejo Rector fijará un plazo, que no podrá ser
inferior a dos meses ni superior a un año para que abone dicho importe, con el
devengo del interés legal del dinero.

4. El plazo de reembolso de las
aportaciones obligatorias no podrá exceder de cinco años a partir de la fecha de
efectos de la baja. En caso de fallecimiento del socio, el reembolso a los
causahabientes deberá realizarse en un plazo no superior a un año desde el hecho
causante.

5 Las cantidades pendientes de reembolso no serán susceptibles
de actualización, pero darán derecho a percibir el interés legal del dinero, que
deberá abonarse anualmente junto con, al menos, una quinta parte de la cantidad
a reembolsar.

6. El Consejo Rector dispondrá de un plazo de tres meses
desde la aprobación de las cuentas del ejercicio económico en el que haya
causado baja el socio, para proceder a efectuar el cálculo del importe a
reembolsar de sus aportaciones al capital social, que deberá ser notificado al
interesado.

El socio disconforme con el resultado de dicho acuerdo podrá
impugnarlo por el mismo procedimiento previsto en el artículo 30 de esta
Ley.

7. Las aportaciones voluntarias, en la cuantía que resulte de la
liquidación, se reembolsarán en las condiciones que señale el acuerdo de su
emisión o conversión.

Artículo 62. Financiaciones que no integran capital
social.

1. Estatutariamente o por la Asamblea General podrán
establecerse cuotas de ingreso y/o periódicas que no integrarán el capital
social ni serán reintegrables. Dichas cuotas podrán ser diferentes para los
distintos tipos de socios previstos en la presente Ley, o en función de la
naturaleza física o jurídica de los mismos, o para cada socio en proporción a su
respectivo compromiso o uso potencia¡ de la actividad cooperativizada.

2.
El importe de las cuotas de ingreso de los nuevos socios no podrá ser superior
al 50 por 100 de la aportación obligatoria al capital social vigente en cada
momento para adquirir la condición de socio.

3. La entrega por los socios
de cualquier tipo de bienes o la prestación de servicios para la gestión
cooperativa y en general los pagos para la obtención de los servicios
cooperativizados, no integran el capital social y están sujetos a las
condiciones fijadas y contratadas con la cooperativa. Aquellas entregas no
integran el patrimonio de la cooperativa y no pueden ser objeto de embargo por
los acreedores sociales.

4. Las cooperativas, por acuerdo de
la Asamblea
General, podrán emitir obligaciones, cuyo régimen se ajustará a
lo dispuesto en la legislación aplicable. Asimismo, la Asamblea General podrá
acordar, cuando se trate de emisiones en serie, la admisión de financiación
voluntaria de los socios o de terceros bajo cualquier modalidad jurídica y con
el plazo y condiciones que se establezcan.

5. La Asamblea General podrá
acordar igualmente la emisión de títulos participativos, que darán derecho a la
correspondiente remuneración mixta en forma de interés fijo, más un interés
variable que se establezca

en el momento de la emisión en función de los
resultados de la cooperativa.

El acuerdo de emisión, que concretará el
plazo de amortización y demás condiciones aplicables, podrá establecer el
derecho de asistencia de los suscriptores de estos títulos a la Asamblea General,
con voz y sin voto.

6. También podrán contratarse cuentas en
participación, ajustándose su régimen a lo establecido por el Código de
Comercio.

Artículo 63. Participaciones especiales.

1. Los
Estatutos podrán preverla posibilidad de captar recursos financieros de socios o
terceros, con el carácter de subordinados y con un plazo mínimo de vencimiento
de cinco años. Cuando el vencimiento de estas participaciones no tenga lugar
hasta la aprobación de la liquidación de la cooperativa, tendrán la
consideración de capital social. No obstante, dichos recursos podrán ser
reembolsables, a criterio de la cooperativa, siguiendo el procedimiento
establecido para la reducción de capital por restitución de aportaciones en la
legislación para las sociedades de responsabilidad limitada.

2. Estas
participaciones especiales podrán ser libremente transmisibles. Su emisión en
serie requerirá acuerdo de la Asamblea General en el que
se fijarán las cláusulas de emisión y, en su caso, el cumplimiento de los
requisitos establecidos en la normativa reguladora del mercado de
valores.

3. Para las cooperativas de crédito y de seguros lo establecido
en este artículo sólo será de aplicación cuando su normativa reguladora no lo
impida.

Artículo 64. Operaciones con terceros.

1. Las cooperativas
podrán realizar actividades y servicios cooperativizados con terceros no socios
cuando lo prevean los Estatutos, en el marco de la presente Ley, y cuando
resulte de la legislación sectorial aplicable o de las características de
conciertos u otros vínculos con las Administraciones Públicas.

2. No
obstante, cuando por circunstancias excepcionales no imputables a la
cooperativa, el operar exclusivamente con sus socios o con terceros dentro de
los límites establecidos por la presente Ley le suponga una disminución de
actividad que ponga en peligro su viabilidad económica, podrá ser autorizada
para realizar o, en su caso, ampliar actividades y servicios con terceros, por
plazo y hasta la cuantía que fije la autorización en función de las
circunstancias que concurran.

La solicitud se resolverá en el plazo de
treinta días por la
Dirección General que tenga atribuidas las competencias del
Registro de cooperativas, entendiéndose estimada si no hubiese recaído
resolución expresa en dicho plazo.

Artículo 65. Ejercicio
económico.

1. Salvo disposición expresa en contrario de los Estatutos
sociales, el ejercicio económico coincidirá con el año natural.

2. El
Consejo Rector elaborará, en el plazo máximo de cuatro meses, contados a partir
del cierre del ejercicio económico, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias,
la Memoria
explicativa y, en su caso, el informe de gestión, así como la propuesta de
distribución de excedentes netos y de beneficios extracooperativos o la
propuesta de imputación de las pérdidas. El Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y
la Memoria se
redactarán de forma clara y permitirán el exacto conocimiento de la situación
patrimonial, económica y financiera de

la cooperativa, así como los
resultados del ejercicio y del curso de la actividad empresarial, todo ello de
acuerdo con el Plan General de Contabilidad, el que, asimismo, se seguirá en
orden a la valoración de las partidas del Balance.

Artículo 66. Cuenta de
pérdidas y ganancias del ejercicio.

1. La cuenta de pérdidas y ganancias
del ejercicio económico integrará las siguientes subcuentas de resultados,
debidamente diferenciadas

a) Resultados cooperativos o
excedentes

b) Resultados de operaciones con terceros no socios, o
extracooperativos.

c) Resultados extraordinarios

2. Son resultados
cooperativos los derivados de la actividad cooperativizada con los socios. Estos
resultados se determinarán en la forma prevista en el artículo
siguiente.

3. Los resultados de operaciones con terceros no socios
provienen del ejercicio de la actividad cooperativizada con terceros no socios.
Para su determinación se estará a lo dispuesto en el artículo
siguiente.

4. Son resultados extraordinarios los obtenidos de actividades
económicas o fuentes ajenas a los fines específicos de la cooperativa, así como
los derivados de inversiones o participaciones financieras en sociedades, y los
derivados de la enajenación de elementos del activo inmovilizado, así como otros
no contemplados en las otras subcuentas, con las siguientes
excepciones:

a) Los obtenidos de inversiones en empresas cooperativas o
de economía social o en empresas participadas mayo rita ría mente por las mismas
o cuando se trate de entidades que realicen actividades preparatorias,
complementarias o subordinadas a las de la propia cooperativa, y los que se
produzcan como consecuencia de una prudente y eficaz gestión de la tesorería de
la cooperativa, para la realización de la actividad cooperativizada.

b)
Las plusvalías obtenidas de la enajenación de elementos del inmovilizado
material destinados al cumplimiento del fin social, cuando se reinvierta la
totalidad de su importe en nuevos elementos de inmovilizado, con idéntico
destino, dentro del plazo comprendido entre el año anterior a la fecha de
entrega o puesta a disposición del elemento patrimonial y los tres años
posteriores, siempre que permanezcan en su patrimonio, salvo pérdidas
justificadas, hasta que finalice su período de amortización, que se considerarán
también como resultados cooperativos.

Artículo 67. Determinación de los
resultados del ejercicio económico.

1. La determinación de los resultados
de ejercicio en la cooperativa se llevará a cabo conforme a la normativa general
contable, con las especialidades que se señalan a continuación.

2. Para
la determinación de los resultados cooperativos o excedentes se considerarán
como ingresos:

a) Los obtenidos de la venta de productos y servicios de
los socios y de la cooperativa.

b) Los obtenidos de la venta o suministro
de productos y servicios a los socios, y de las operaciones realizadas con los
socios de otras cooperativas, en virtud de los acuerdos intercooperativos
previstos en el artículo 134 de la presente Ley.

c) En las cooperativas
de crédito o por las secciones de crédito de las cooperativas, los intereses y
otros rendimientos obtenidos en los mercados financieros o de sus socios.
d)
Los obtenidos de inversiones en empresas cooperativas o de economía social o en
empresas participadas mayoritaria mente por las mismas o cuando se trate de
entidades que realicen actividades preparatorias, complementarias o subordinadas
a las de la propia cooperativa, y los que se produzcan como consecuencia de una
prudente y eficaz gestión de la tesorería de la cooperativa, para la realización
de la actividad cooperativizada.

e) Las subvenciones corrientes y las de
capital imputables al ejercicio económico.

f) Las cuotas periódicas
satisfechas por los socios.

3. De los ingresos se deducirán como gastos
los siguientes:

a) El importe de los bienes y servicios entregados por
los socios para la gestión y desarrollo de la actividad cooperativizada, que se
computará con arreglo al precio efectivamente realizado, y el importe de los
anticipos societarios a los socios trabajadores o de trabajo ' imputándolos en
el período en que se produzca la prestación de trabajo.

b) Los gastos
necesarios para el funcionamiento de la cooperativa, conforme a la determinación
que de los mismos efectúa el Plan General de Contabilidad.

e) Los
intereses devengados por los socios, colaboradores y otras clases de socios, en
su caso.

d) Las dotaciones para amortizaciones del
inmovilizado.

e) Los gastos que genere la financiación externa de la
cooperativa.

f) Otras deducciones que permita hacer la legislación
estatal.

4. En el caso de operaciones con terceros no socios, los gastos
específicos necesarios para su obtención y la parte que, según criterios de
imputación fundados, corresponda de los gastos generales de la
cooperativa.

5. En la
Memoria anual, la cooperativa deberá reflejar la liquidación
del presupuesto de ingresos y gastos del Fondo de Formación y Promoción
cooperativa del ejercicio anterior, y el plan de inversiones y gastos de éste
para el ejercicio en curso.

Artículo 68. Aplicación de los excedentes. El
retorno cooperativo.

1. El destino de los excedentes o resultados
cooperativos del resultado de operaciones realizadas con terceros no socios y
beneficios extraordinarios se determinarán en los Estatutos o por
la Asamblea
General al cierre de cada ejercicio, con arreglo a las
previsiones de este artículo.

2. De los excedentes contabilizados para la
determinación del resultado cooperativo, una vez deducidas las pérdidas de
cualquier naturaleza de ejercicios anteriores y antes de la consideración del
Impuesto de Sociedades, se destinará al Fondo de Reserva Obligatorio y al Fondo
de Formación y Promoción una cuantía global del 2 5 por 100 de los referidos
excedentes. Hasta que el Fondo de Reserva Obligatorio alcance un importe
superior al doble del capital social, se destinará a éste como mínimo un 20 por
100. Superada esta proporción, se destinará, al menos, un 10 por 100 al Fondo de
Formación y Promoción. La distribución entre ambos fondos la acordará
la Asamblea
General, salvo que la establezcan los Estatutos.

3. De
los resultados obtenidos como consecuencia de operaciones realizadas por la
cooperativa con terceros no socios y beneficios extraordinarios, una vez
deducidas las pérdidas de cualquier naturaleza de ejercicios anteriores y antes
de la consideración del Impuesto de Sociedades, se destinará al menos un 50 por
100 al Fondo de Reserva Obligatorio.

4. Los excedentes y los resultados
de las operaciones realizadas con terceros no socios, una vez satisfechos los
impuestos exigibles, y dotados los fondos obligatorios, se aplicarán, conforme
establezcan los Estatutos o acuerde la Asamblea General en cada
ejercicio, a retorno cooperativo a los socios, a dotación a fondos de reserva
voluntarios, al Fondo de Reembolso, o a incrementar los fondos obligatorios que
se contemplan en los artículos 70 y 71 de esta Ley. No obstante, los beneficios
extraordinarios disponibles se destinarán necesariamente a la dotación de un
fondo de reserva voluntario o, en su caso, al Fondo de Reembolso.

5. El
retorno cooperativo es la parte del excedente disponible que la Asamblea General
acuerde repartir entre los socios, que se acreditará a los mismos en proporción
a las operaciones, servicios o actividades realizadas por cada socio con la
cooperativa, sin que, en ningún caso, pueda acreditarse en función de las
aportaciones al capital social.

6. La cooperativa podrá reconocer y
concretar en sus Estatutos, o por acuerdo de la Asamblea General, el derecho
de sus trabajadores asalariados a percibir una retribución, con carácter anual,
cuya cuantía se fijará en función de los resultados del ejercicio económico.
Esta retribución tendrá carácter salarial y será compensable con el complemento
de similar naturaleza establecido, en su caso, en la normativa laboral
aplicable, salvo que fuese inferior a dicho complemento, en cuyo caso se
aplicará este último.

Artículo69. Imputación de pérdidas.

1. Los
Estatutos fijarán los criterios para la compensación de las pérdidas, y podrán
imputarlas a una cuenta especial para su amortización con cargo a futuros
resultados positivos, dentro del plazo máximo de diez años.

2. En la
compensación de pérdidas la cooperativa habrá de sujetarse a las siguientes
reglas:

al A los fondos de reserva voluntarios, si existiesen, podrá
imputarse la totalidad de las pérdidas.

b) Al fondo de reserva
obligatorio podrán imputarse, como máximo, el 50 por 100 de las pérdidas o el
porcentaje medio de los excedentes cooperativos o beneficios extracooperativos y
extraordinarios que se hayan destinado a dicho fondo en los últimos cinco años o
desde su constitución, si ésta no fuera anterior a dicho período.

c) La
cuantía no compensada con los fondos obligatorios y voluntarios se imputará a
los socios en proporción a las operaciones, servicios o actividades realizadas
por cada uno de ellos con la cooperativa. Si estas operaciones o servicios
realizados fueran inferiores a los que como mínimo está obligado a realizar el
socio, la imputación de las referidas pérdidas se efectuará en proporción a la
actividad cooperativizada mínima obligatoria.

3. Las pérdidas imputadas a
cada socio se satisfarán de alguna de las formas siguientes:

a) El socio
podrá optar entre su abono directo o mediante deducciones en sus aportaciones al
capital social o, en su caso, en cualquier inversión financiera del socio en la
cooperativa que permita esta imputación, dentro del ejercicio siguiente a aquel
en que se hubiera producido.

b) Con cargo a los retornos que puedan
corresponder al socio en los siete años siguientes, si así lo acuerda
la Asamblea
General. Si quedasen pérdidas sin compensar, transcurrido dicho
período, éstas deberán ser satisfechas por el socio en el plazo máximo de un mes
a partir del requerimiento expreso formulado por el Consejo
Rector.

Artículo 70. Fondo de Reserva Obligatorio.

1. El Fondo de
Reserva Obligatorio está destinado a la consolidación, desarrollo y garantía de
la cooperativa, y es irrepartible entre los socios.

2. Al fondo de
reserva obligatorio se destinarán necesariamente

a) Los porcentajes de
los excedentes cooperativos y de los beneficios extracooperativos y
extraordinarios que establezcan los Estatutos o fije la Asamblea General, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 68 de esta Ley.

b) Las deducciones sobre
las aportaciones obligatorias al capital social en la baja no justificada de
socios.

c) Las cuotas de ingreso de los socios cuando estén previstas en
los Estatutos o las establezca la Asamblea General.

d) La asignación que
corresponda como consecuencia de la regularización del balance.

3. Con
independencia del Fondo de Reserva Obligatorio, la cooperativa deberá constituir
y dotar los fondos que, por la normativa que le resulte de aplicación, se
establezcan con carácter obligatorio en función de su actividad o
calificación.

Artículo7l. Fondo de Formación y Promoción.

1. El
Fondo de Formación y Promoción cooperativa tendrá como fines la formación de los
socios y trabajadores de la cooperativa en los principios y valores
cooperativos, la promoción y difusión del cooperativismo y de las relaciones
intercooperativas y la promoción cultura¡, profesional y asistencia¡ de sus
socios, de sus trabajadores, del entorno local y de la comunidad en general, así
como acciones medioambientales. A tales efectos, la dotación del Fondo podrá ser
aportada total o parcialmente a una Asociación, Unión o Federación de
cooperativas, a cooperativas de segundo grado y a entidades públicas o privadas
que tengan por objeto la realización de fines propios de este Fondo.

2.
Al Fondo de Formación y Promoción cooperativa se destinarán
necesariamente

a) El porcentaje de los excedentes que establezcan los
Estatutos o la
Asamblea de conformidad con el artículo 68.

b) Las
sanciones económicas que imponga la cooperativa a sus socios.

c)
Donaciones y ayudas recibidas para el cumplimiento de los fines de dicho
Fondo.

3. El importe de este Fondo es inembargable excepto por deudas
contraídas para el cumplimiento de sus fines, e irrepartible.

4. Salvo
cuando la Asamblea
General hubiese aprobado planes plurianuales de aplicación de
este Fondo, el importe del mismo que no se haya aplicado deberá materializarse,
dentro del ejercicio económico siguiente a aquel en que se haya efectuado la
dotación, en cuentas de ahorro o en valores de deuda pública, cuyos rendimientos
se aplicarán al mismo fin. Dichos depósitos o valores no podrán ser pignorados
ni afectados a préstamos o cuentas de crédito.

5. La Consejería competente en
materia de Trabajo, a petición de la cooperativa, podrá autorizar,
excepcionalmente, la aplicación del Fondo de Formación y Promoción cooperativa a
fines distintos de los establecidos en este artículo.

Artículo 72. Fondo
de Reserva Voluntario.

1. El Fondo de Reserva Voluntario tiene como
finalidad reforzar la consolidación, desarrollo y garantía de la cooperativa.
Estará integrado por excedentes no distribuidos entre los socios y sólo será
repartible a la liquidación de la cooperativa si los Estatutos lo
prevén.

2. La distribución del Fondo de reserva voluntario entre los
socios se hará en proporción a la participación media del socio en la actividad
cooperativizada, teniendo en cuenta su período de permanencia en la cooperativa.
Quedarán excluidos de esta distribución los socios que lo hayan sido por un
plazo inferior a cinco años, salvo que por la corta duración de la cooperativa
no se justifique esta diferenciación.

3. Si no se prevé la distribución
entre los socios de este Fondo de reserva, a la liquidación de la cooperativa
seguirá el mismo destino que el Fondo de Reserva Obligatorio.

Artículo
73. Fondo de Reembolso.

1 .Los Estatutos sociales podrán prever la
constitución de un fondo que permita la revalorización de las aportaciones que
se restituyan a los socios que causen baja, y que lleven, como mínimo, cinco
años en la cooperativa a la fecha de la baja.

2. La Asamblea General
determinará la parte de los excedentes que se destinará en cada ejercicio a la
dotación de dicho fondo, al que no podrán imputarse las deudas sociales. La
revalorización se calculará sobre el valor nominal de las aportaciones en el
momento de la baja y tendrá como límite máximo el incremento del índice General
de Precios al Consumo de los últimos cinco años.

CAPíTULO
VII

Documentación social y contabilidad

Artículo 74. Documentación
social.

1. Las cooperativas llevarán, en orden y al día, los siguientes
libros

a) Libro registro de socios.

b) Libro registro de
aportaciones al capital social.

c) Libros de actas de la Asamblea General,
del Consejo Rector, de los Interventores, de los liquidadores y, en su caso, del
Comité de Recursos, de las juntas preparatorias y de las de Sección, y de los
Interventores.

d) Libro de inventarios y cuentas anuales y Libro
diario.

e) Cualesquiera otros que vengan exigidos por disposiciones
legales.

2. Todos los libros sociales y contables serán dfligenciados y
legalizados, con carácter previo a su utilización, por el Registro de
Cooperativas de Castilla-La Mancha.

3. También son válidos los asientos y
las anotaciones realizados por procedimientos informáticos o por otros
procedimientos adecuados, que posteriormente serán encuadernados
correlativamente para formar los libros obligatorios, que serán legalizados por
el Registro de Cooperativas en el plazo de cuatro meses desde la fecha de cierre
del ejercicio.

4. Los libros y demás documentos de la cooperativa estarán
bajo la custodia, vigilancia y responsabilidad del Consejo Rector, que deberá
conservarlos, al menos, durante los seis años siguientes a la transcripción de
la última acta o asiento o a la extinción de los derechos u obligaciones que
contengan, respectivamente.

Artículo 75. Contabilidad.

1. Las
cooperativas, sus asociaciones, uniones y federaciones, deberán llevar una
contabilidad ordenada y adecuada a su actividad con arreglo a lo establecido en
el Código de Comercio, el Plan General de Contabilidad y las singularidades de
la naturaleza del régimen económico de la cooperativa. En cuanto a la
formulación y presentación de cuentas abreviadas, se estará a lo previsto en la
legislación mercantil.

2. El Consejo Rector presentará para su depósito
en el Registro de Cooperativas de Castilla-La Mancha, dentro del plazo de dos
meses, a contar desde su aprobación por la Asamblea General, las
cuentas anuales, el informe de gestión, en su caso, y el informe de los
Interventores o el informe de auditoría externa, así como las certificaciones
acreditativas de aprobación de las cuentas anuales y del número y clase de
socios, y bajas y altas producidas en el ejercicio.

Artículo 76.
Auditoria de cuentas.

1. Las cooperativas deberán someter a auditoría
externa las cuentas anuales y el informe de gestión cuando así lo exija la
legislación aplicable. En los demás casos, la cooperativa deberá auditar sus
cuentas cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias

a) Cuando
lo prevean los Estatutos sociales.

b) Cuando lo acuerden la Asamblea General,
los administradores, los Interventores u otra instancia legitimada para ello
según los Estatutos.

e) A solicitud del mismo número de socios que pueda
solicitar la convocatoria de la Asamblea General, siempre
que no hayan transcurrido tres meses desde la fecha de cierre del ejercicio a
auditar.

2. Las personas que deben ejercer la auditoría de cuentas serán
designadas por la
Asamblea General antes de que finalice el ejercicio a auditar.
Cuando la cooperativa venga obligada por Ley a auditar sus cuentas, el
nombramiento de los auditores deberá hacerse por un período de tiempo
determinado que no podrá ser inferior a tres años ni superior a nueve a contar
desde la fecha en que se inicie el primer ejercicio a auditar, pudiendo ser
reelegidos por la
Asamblea General anualmente una vez haya finalizado el período
inicial. En los casos en que no sea posible la designación por la Asamblea General,
o ésta no surta efecto, los administradores y los restantes legitimados para
solicitar la auditoría podrán pedir a la Unidad Regional del Registro
de Cooperativas de Castilla-La Mancha el nombramiento de un auditor para que
efectúe la revisión de las cuentas anuales de un determinado
ejercicio.

CAPíTULO VIII
De las modificaciones
estatutarias

Artículo 77. Requisitos y modalidades de la
modificación.

1. La modificación de los Estatutos sociales debe ser
acordada por la
Asamblea General, y exige la concurrencia de los siguientes
requisitos

a) Que el Consejo Rector o, en su caso, los socios autores de
la propuesta formulen un informe escrito con la justificación detallada de la
misma.

b) Que se expresen en la convocatoria, con la debida claridad, los
extremos que hayan de modificarse.

c) Que en el anuncio de la
convocatoria se haga constar el derecho que corresponde a todos los socios de
examinar en el domicilio social el texto íntegro de

la modificación
propuesta y del informe sobre la misma y de solicitar la entrega o el envío de
dichos documentos.

d) Que el acuerdo sea tomado por la Asamblea General
por la mayoría requerida en el artículo 41.2.

2. En todo caso, el acuerdo
con el texto aprobado se elevará a escritura pública, que se inscribirá en el
Registro de Cooperativas de Castilla-La Mancha, por el procedimiento que
reglamentaria mente se establezca.

3. Cuando la modificación consista en
el cambio de clase de la cooperativa, los socios que hubiesen hecho constar, en
acta o mediante documento fehaciente entregado dentro de las cuarenta y ocho
horas siguientes, su oposición al acuerdo, aunque la votación hubiera sido
secreta, los socios ausentes y los que hayan sido ¡legítimamente privados de
emitir su voto, tendrán derecho a separarse de la sociedad, considerando su baja
como justificada. Este derecho podrá ejercitarse hasta que transcurra un mes a
contar de la inscripción del acuerdo en el Registro de Cooperativas de
Castilla-La Mancha.

4. El cambio de denominación, el de domicilio, la
sustitución o cualquier modificación del objeto social se anunciarán en uno de
los diarios de mayor circulación en los lugares donde se encuentre el domicilio
social y los centros de trabajo, sin cuya publicidad no podrá inscribirse en el
Registro de Cooperativas de Castilla-La Mancha.

Artículo 78. Cambio de
domicilio.

Salvo disposición contraria de los Estatutos, el cambio de
domicilio social consistente en su traslado dentro del mismo término municipal
no exigirá el acuerdo de la Asamblea General, pudiendo
acordarse por el Consejo Rector.

Dicha modificación se inscribirá en el
Registro de Cooperativas de Castilla-La Mancha por el procedimiento que
reglamentaríamente se establezca.

CAPíTULO IX

De la
transformación, fusión y escisión

SECCIÓN 1.' DE LA
TRANSFORMACIóN

Artículo 79. Transformación de otras
sociedades en

cooperativas.

1. Las sociedades civiles y
mercantiles podrán transformarse en cooperativas, siempre que la legislación
civil o mercantil aplicable a aquéllas no lo prohiba.

2. La
transformación no afectará a la personalidad jurídica de la sociedad
transformada.

3. El acuerdo de transformación deberá constar en escritura
pública que contendrá las menciones previstas en esta Ley para la constitución
de una cooperativa.

La escritura de transformación se presentará para su
inscripción en el Registro de Cooperativas de Castilla-La Mancha acompañada del
Balance de la sociedad cerrado el día anterior a la fecha del acuerdo de
transformación, de la certificación del Registro Público en la que consten la
transcripción literal de los asientos que hayan de quedar vigentes y la
declaración de inexistencia de obstáculos para la inscripción de la
transformación, y del informe de uno o varios expertos independientes que posean
la habilitación legal correspondiente sobre el valor del patrimonio no
dinerario. En la escritura se indicará también la participación en el capital
social que corresponda a cada uno de los socios. Inscrita la transformación, el
Registro de Cooperativas de Castilla-La Mancha lo comunicará de oficio al
Registro Público correspondiente.
4. Si la legislación aplicable a las
sociedades que se transforman en cooperativas reconociere a los socios el
derecho de separación en caso de transformación o de modificación de los
Estatutos, la escritura pública de transformación contendrá la relación de
quienes hayan hecho uso del mismo y el capital que representen, así como el
balance final cerrado el día anterior al del otorgamiento de la
escritura.

5. El acuerdo de transformación en cooperativa será adoptado
por el órgano social que resulte competente y cumpliendo los requisitos que
estén previstos en la legislación que resulte aplicable a la sociedad que se
transforma.

Artículo 80. Transformación dela cooperativa.

1. Las
cooperativas podrán transformarse en sociedades civiles o mercantiles de
cualquier clase, de conformidad con la normativa que les resulte de aplicación,
sin que ello afecte a la personalidad jurídica de la sociedad
transformada.

2. La transformación de la cooperativa deberá cumplir los
siguientes requisitos:

a) La transformación sólo podrá efectuarse por
necesidades empresariales, organizativas, económicas o análogas que exijan
soluciones societarias inviables en el sistema jurídico cooperativo, a juicio
del Consejo Rector y, en su caso, de los Interventores.

b) El acuerdo de
transformación deberá ser adoptado por la Asamblea General, con los
requisitos y formalidades establecidas para la modificación de los Estatutos.
La Asamblea
General deberá aprobar, asimismo, el balance de la cooperativa,
cerrado el día anterior al del acuerdo, las menciones exigidas por
la Ley para la
constitución de la sociedad cuya forma se adopte y la cuota que corresponde a
cada socio en el capital social de la nueva sociedad, que será proporciona¡ a la
participación que tuviera en el capital social de la cooperativa que
transforma.

c) El patrimonio no dinerario de la cooperativa será valorado
por el Consejo Rector previo informe de uno o varios expertos independientes que
posean la habilitación legal correspondiente. La valoración del Consejo Rector
será sometida a la aprobación de la Asamblea General, y el
informe de los expertos se incorporará a la escritura.

d) El acuerdo de
transformación deberá publicarse en el "Diario Oficial de Castilla-La Mancha" y
en uno de los diarios de mayor circulación en los lugares donde se encuentre el
domicilio social y los centros de trabajo.

e) El acuerdo de
transformación será elevado a escritura pública. La escritura pública de
transformación, que habrá de ser otorgada por la cooperativa y por todos los
socios que pasen a responder personalmente de las deudas sociales, contendrá las
menciones exigidas por la
Ley para la constitución de la sociedad cuya forma se adopte,
así como la relación de socios que hayan hecho uso del derecho de separación y
el capital que representen.

f) La escritura pública de transformación de
la cooperativa se presentará en el Registro de Cooperativas de Castilla-La
Mancha, acompañada del balance de la sociedad cerrado el día anterior a la fecha
del acuerdo de transformación y del balance final cerrado el día anterior al del
otorgamiento de la escritura si algún socio hubiera ejercitado el derecho de
separación.

El Registro de Cooperativas de Castilla-La Mancha emitirá
certificación en la que consten la transcripción literal de todos los asientos
que hayan de quedar vigentes y la declaración de inexistencia de obstáculos para
la inscripción de la transformación. Al emitirse la certificación se extenderá
nota de cierre provisional de la hoja de la cooperativa que se
transforma.

g) La escritura de transformación se presentará para su
inscripción en el Registro Público correspondiente, acompañada del balance
cerrado el día anterior al acuerdo de transformación, así como de la
certificación del Registro de Cooperativas de Castilla-La Mancha indicada en la
letra f) del presente artículo.

h) Inscrita la transformación, el
Registrador Mercantil lo comunicará de oficio al Registro de Cooperativas de
Castilla-La Mancha, que procederá a la inmediata cancelación de los asientos
relativos a la sociedad.

3. Tendrán derecho de separación los socios que
hayan votado en contra en el acto de la Asamblea y los que, no habiendo
asistido a la
Asamblea, expresen su disconformidad mediante escrito dirigido
al Consejo Rector en el plazo de cuarenta días desde la publicación del último
anuncio del acuerdo. Tales socios tendrán derecho al reembolso de sus
aportaciones al capital social como si se tratara de baja justificada.

4.
El Fondo de Reserva Obligatorio, el Fondo de Formación y Promoción y cualquier
otro Fondo que no sea repartible entre los socios recibirán el destino
establecido para el caso de disolución de las cooperativas.

SECCIóN 2.º
DE LA
FUSIÓN

Artículo8l. Modalidades y efectos de la
fusión.

1. Las Cooperativas podrán fusionarse, bien mediante la fusión de
dos o más, o bien mediante la absorción de una o más por otra cooperativa ya
existente.

Las cooperativas en liquidación podrán participar en una
fusión siempre que no haya comenzado el reembolso de las aportaciones al capital
social o a los socios.

2 Las cooperativas que se fusionen en una nueva o
que sean absorbidas por otra ya existente quedarán disueltas, aunque no entrarán
en liquidación, y sus patrimonios y socios pasarán a la sociedad nueva o
absorbente, que asumirá los derechos y obligaciones de las sociedades disueltas.
Los Fondos Sociales, obligatorios o voluntarios, de las sociedades disueltas
pasarán a integrarse en los de la cooperativa nueva o
absorbente.

Artículo 82. Proyecto de fusión.

1 . El proyecto de
fusión será fijado por los Consejos Rectores de las sociedades que se fusionen
mediante un convenio previo, que tendrá, como mínimo, el siguiente
contenido

a) La denominación, clase y domicilio de las cooperativas que
participan en la fusión de la nueva sociedad, en su caso, así como los datos
identificadores de su inscripción en el Registro de Cooperativas de Castilla-La
Mancha.

b) El sistema para fijar la cuantía que se reconoce a cada socio
de las cooperativas disueltas, como aportaciones al capital social de la
cooperativa nueva o absorbente, así como las actualizaciones que de dicho
capital social sean acordadas a consecuencia de la fusión conforme a las normas
especiales que resulten de aplicación y cuyo tratamiento será igual que el
previsto en el artículo 59, relativo a la actualización de
aportaciones.

c) Los derechos y obligaciones que vayan a reconocerse a
los socios de las cooperativas disueltas en la utilización de los servicios de
la cooperativa nueva o absorbente.

d) La fecha a partir de la cual las
operaciones de las cooperativas que se extingan habrán de considerarse
realizadas, a efectos contables, por cuenta de la cooperativa nueva o
absorbente.
e) Los derechos que correspondan a los titulares de
participaciones especiales, títulos participativos u otros títulos asimilables
de las cooperativas que se extingan en la cooperativa nueva o
absorbente.

f) Descripción de los bienes muebles e inmuebles a los que, a
consecuencia de la fusión, pueda afectar algún cambio de titularidad en
cualquier registro público.

2. Firmado el convenio previo de fusión, los
Consejos Rectores de las cooperativas que se fusionen se abstendrán de realizar
cualquier acto o celebrar cualquier contrato que pudiera obstaculizar la
aprobación del proyecto o modificar sustancialmente la proporción de la
participación de los socios de las cooperativas que se disuelven en la
cooperativa nueva o absorbente.

3. El proyecto quedará sin efecto si la
fusión no queda aprobada por todas las cooperativas que participen en ella en un
plazo de seis meses desde la fecha del proyecto.

Artículo 83. Información
a los socios sobre la fusión.

Al publicar la convocatoria de
la Asamblea
General deberán ponerse a disposición de los socios en el
domicilio social la siguiente documentación

1. El proyecto de fusión a
que se refiere el artículo anterior.

2. El Balance, la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias y la
Memoria explicativa de los tres últimos ejercicios de las
sociedades que participan en la fusión, junto con los correspondientes informes
de los Interventores y, en su caso, de los auditores de cuentas.

3. El
balance de fusión de cada una de las cooperativas. Podrá considerarse balance de
fusión al último balance anual aprobado, siempre que no sea anterior en más de
ocho meses a la fecha de celebración de la Asamblea que ha de resolver sobre la
fusión. Si el balance anual no cumpliera con este requisito, será censurado por
los Interventores y, en su caso, por los auditores de cuentas y habrá de ser
sometido a la aprobación de la Asamblea. La impugnación del
balance de fusión no podrá suspender por sí sola la ejecución de ésta.

4.
La Memoria
redactada por el Consejo Rector sobre la conveniencia y efectos de la
fusión.

5. El proyecto de Estatutos de la nueva cooperativa o, si se
trata de una absorción, el texto íntegro de las modificaciones que, en su caso,
hayan de introducirse en los Estatutos de la cooperativa absorbente.

6.
Los Estatutos vigentes de las cooperativas que participan en ¡afusión.

7.
La relación de nombres, apellidos y edad, si fueran personas físicas, o la
denominación o razón social, si fueran personas jurídicas, y, en ambos casos, la
nacionalidad y el domicilio de los miembros de los Consejos Rectores de las
cooperativas que participen en la fusión, la fecha desde la que desempeñan sus
cargos y, en su caso, las mismas indicaciones de quienes vayan a ser propuestos
como miembros del Consejo Rector como consecuencia de la
fusión.

Artículo84. El acuerdo de fusión.

1. El acuerdo de fusión
será adoptado en Asamblea General porcada una de las cooperativas que se
fusionen por la mayoría de dos tercios de los votos presentes y representados,
cumpliendo los siguientes requisitos:

a) La convocatoria de
la Asamblea
General, que se ajustará a las normas legales estatutarias,
deberá incluir las menciones mínimas del proyecto de fusión a que se refiere el
artículo 82, y hará constar el derecho de todos los socios a examinar en el
domicilio social los

documentos indicados en el artículo 83, así como a
pedir la entrega o envío gratuito del texto íntegro del proyecto de fusión y de
la Memoria
redactada por el Consejo Rector sobre la conveniencia y efectos de la
fusión.

b) El acuerdo de fusión deberá aprobar sin modificaciones el
proyecto de fusión y, cuando ésta se realice mediante la creación de una nueva
sociedad, deberá incluir las menciones exigidas en el número 2 del artículo 14,
en cuanto resulten de aplicación.

c) El acuerdo de fusión de cada una de
las cooperativas, una vez adoptado, se publicará en el "Diario Oficial de
Castilla-La Mancha" y, al menos, en dos de los diarios de mayor circulación en
los lugares donde se encuentre el domicilio social y los centros de trabajo, en
su caso.

2. Desde el momento en que el proyecto de fusión haya sido
aprobado por la
Asamblea General de cada una de las cooperativas, todas ellas
quedan obligadas a continuar el procedimiento de fusión.

Artículo 85.
Derecho de separación del socio.

1. Los socios de las cooperativas
participantes en la fusión, disconformes con el acuerdo de fusión, tendrán
derecho a separarse de su cooperativa, mediante escrito dirigido al Presidente
del Consejo Rector dentro de los cuarenta días siguientes a la última
publicación del anuncio en el "Diario Oficial de Castilla-La Mancha" y, al
menos, en dos de los diarios de mayor circulación en los lugares donde se
encuentre el domicilio social y los centros de trabajo, en su caso.

2. La
cooperativa resultante de la fusión asumirá la obligación de la liquidación de
las aportaciones al socio disconforme con la fusión, en la forma regulada en
esta Ley para el caso de baja justificada.

Artículo 86. Derecho de
oposición de los acreedores.

1. La fusión no podrá ser realizada antes de
que transcurran dos meses desde la fecha del último anuncio del acuerdo a que se
refiere el apartado e) del número 1 del artículo 84. Si durante este plazo algún
acreedor ordinario de algunas de las sociedades que se extinguen se opusiera por
escrito a la fusión, ésta no podrá llevarse * efecto si sus créditos no son
enteramente satisfechos * si previamente la sociedad deudora, o la que vaya *
resultar de la fusión, no aporta garantía suficiente para los mismos. Los
acreedores no podrán oponerse al pago aunque se trate de créditos no
vencidos.

2. En el anuncio del acuerdo de fusión deberá mencionarse
expresamente este derecho de oposición de los acreedores.

Artículo 87.
Escritura e inscripción dela fusión.

La formalización de los acuerdos de
fusión se hará mediante escritura pública única, en la que constará el acuerdo
de fusión aprobado por las respectivas Asambleas Generales de las cooperativas
que se fusionan, que habrá de contener el balance de fusión de las cooperativas
que se extinguen.

Si la fusión se realizara mediante la creación de una
nueva cooperativa, la escritura deberá contener, además, las menciones exigidas
en el artículo 14, en cuanto resulten de aplicación para la constitución de la
misma, si se realizan por absorción contendrá las modificaciones estatutarias
que se hubieran acordado por la cooperativa absorbente con motivo de la
fusión.

La escritura de fusión tendrá eficacia en el Registro de
Cooperativas de Castilla-La Mancha, para la cancelación de las cooperativas que
se extinguen y la inscripción de la nuevamente constituida o modificaciones de
la absorbente.

Artículo 88. Fusión de cooperativas con otras
sociedades.

1. Será posible la fusión de cooperativas con otro tipo de
sociedades. La sociedad resultante de la fusión o la sociedad absorbente podrá
ser una cooperativa o de otra clase.

2. A estas fusiones se aplicarán
directa o analógicamente las normas jurídicas reguladoras de las sociedades que
se fusionan.

3. La parte correspondiente de los Fondos de Reserva
Obligatorio, de Formación y Promoción y de cualesquiera otros Fondos o Reservas
que no sean repartibles entre los socios recibirán el destino establecido para
el caso de disolución de las cooperativas.

SECCIÓN 3.' DE LA
ESCISIÓN

Artículo 89. Escisión.

1. La escisión de
la cooperativa podrá consistir en la extinción de ésta, sin liquidación previa,
mediante la división de su patrimonio y del colectivo de socios en dos o más
partes. Cada una de éstas se traspasará en bloque a las cooperativas de nueva
creación o será absorbida por otras ya existentes o se integrará con las partes
escindidas de otras cooperativas en una de nueva creación. En estos dos últimos
casos se denominará escisión-fusión.

2. También podrá consistir en la
segregación de una o más partes del patrimonio y del colectivo de socios de una
cooperativa, sin la disolución de ésta, traspasándose en bloque lo segregado a
otras cooperativas de nueva creación o ya existentes.

3. Las sociedades
beneficiarias de la escisión pueden ser cooperativas o tener cualquier otra
forma mercantil.

4. El proyecto de escisión, suscrito por los consejeros
de las cooperativas participantes, deberá contener una propuesta detallada de la
parte del patrimonio y de los socios que vayan a transferirse a las cooperativas
resultantes o absorbentes.

5. En defecto de cumplimiento por una
cooperativa beneficiaria de una obligación asumida por ella, en virtud de la
escisión, responderán solidariamente del cumplimiento de la misma las restantes
cooperativas, beneficiarias del activo neto atribuido en la escisión a cada una
de ellas. Si la cooperativa escindida no ha dejado de existir como consecuencia
de la escisión, será responsable la propia cooperativa escindida por la
totalidad de la obligación.

6. La escisión de cooperativas se regirá, con
las salvedades contenidas en los números anteriores por las normas reguladoras
de la fusión, en lo que fueran aplicables, y los socios y acreedores de las
cooperativas participantes podrán ejercer los mismos derechos.

CAPíTULO
X

De la disolución y liquidación

SECCIÓN 1.'
DISOLUCIóN

Artículo 90. Causas dela disolución.

La Cooperativa
quedará disuelta y entrará en liquidación, excepto en los casos de fusión,
absorción y escisión, por las causas siguientes:

a) Por el cumplimiento
del término fijado en los Estatutos Sociales.

b) Por la voluntad de los
socios, manifestada mediante acuerdo de la Asamblea General adoptado
por los dos tercios de los votos presentes y representados.

c) Por la
realización de su objeto social o por la imposibilidad de realizar la actividad
cooperativizada o el fin social.

d) Por la reducción del número de socios
por debajo del mínimo legal necesario para constituir una Cooperativa, si no se
reconstituye en el período de un año.

e) La inactividad de alguno de sus
órganos sociales necesarios o la no realización de la actividad cooperativizada,
durante dos años consecutivos.

f) Por la reducción de la cifra de capital
social por debajo del mínimo fijado estatutaría mente, si no se restituye en el
plazo de un año o no se procede conforme dispone el apartado octavo del artículo
55 de esta Ley.

g) Por la quiebra de la Cooperativa determinará su
disolución cuando se acuerde expresamente como consecuencia de la resolución
judicial que la declare.

h) Por cualquier otra causa establecida en
la Ley o en los
Estatutos.

Artículo9l. Disolución por transcurso del
término.

Transcurrido el término de duración de la Cooperativa fijado en los
Estatutos, ésta se disolverá de pleno derecho, a no ser que con anterioridad
hubiese sido prorrogada e inscrita la prórroga en el Registro de Cooperativas de
Castilla-La Mancha. El socio disconforme con la prórroga podrá causar baja, que
tendrá, en todo caso, la consideración de justificada y deberá ejercitarse en la
forma prevista en el artículo 85. 1.

Artículo 92. Acuerdo de
disolución.

1. Cuando concurran las causas previstas en el artículo
90, a
excepción de las indicadas en los apartados a) y b), la disolución de
la
Cooperativa requerirá acuerdo, por mayoría simple, de
la Asamblea
General, que se formalizará en escritura pública.

2. El
Consejo Rector deberá convocar Asamblea General en el plazo de treinta días, a
contar desde el momento en que concurran las causas señaladas en el apartado
anterior, para que adopte el acuerdo de disolución. Cualquier socio o
colaborador podrá solicitar de los administradores la convocatoria si, a su
juicio, concurre una causa de disolución. La Asamblea General tomará el
acuerdo con la mayoría simple prevista en el artículo 4 1. 1.

3. Si
la Asamblea
no fuera convocada, no se celebrara, o no adoptara el acuerdo de disolución o el
que sea necesario para la remoción de la causa de disolución, cualquier
interesado podrá instar la disolución de la Cooperativa ante el Juez
competente o el requerimiento previo a la descalificación, regulado en el
artículo 139.

4. El Consejo Rector está obligado a solicitar la
disolución judicial de la
Cooperativa cuando el acuerdo social fuese contrario a la
disolución o no pudiera ser logrado. La solicitud habrá de formularse en el
plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de
la Asamblea,
cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la Asamblea, cuando el acuerdo hubiera
sido contrario a la disolución o no se hubiera adoptado.

5. El
incumplimiento de la obligación de convocar Asamblea General o de solicitar la
disolución judicial determinará la responsabilidad solidaria de los miembros del
Consejo por las deudas sociales nacidas a partir del momento en que concurra
efectivamente la causa de disolución.

6. El acuerdo de disolución o la
resolución judicial, en su caso, se inscribirá en el Registro de
Cooperativas
de Castilla-La Mancha y se publicará en dos de los diarios de
mayor circulación de la
Provincia del domicilio social, y en el "Diario Oficial de
Castilla-La Mancha", en el plazo de treinta días desde que se adoptó el acuerdo
o se notificó la resolución.

Artículo 93. Reactivación de la
Cooperativa.

1. La
Cooperativa podrá ser reactivada previo acuerdo de
la Asamblea
General, con la mayoría de dos tercios, siempre que haya
desaparecido la causa que motivó su disolución y no haya comenzado el reembolso
de las aportaciones.

2. El acuerdo de reactivación se elevará a escritura
pública y se inscribirá en el Registro de Cooperativas, momento a partir del
cual surtirá efecto la reactivación.

SECCIÓN 2.'
LIQUIDACIÓN

Artículo 94. Liquidación.

1. Disuelta la cooperativa,
se abrirá el período de liquidación, excepto en los supuestos de fusión,
absorción o escisión. Si los Estatutos no hubieran previsto a quién corresponde
realizar las tareas de liquidación, la Asamblea General designará
entre los socios, en votación secreta y por mayoría de votos, a los
liquidadores, en número impar. Su nombramiento no surtirá efecto hasta el
momento de su aceptación y deberá inscribirse en el Registro de Cooperativas de
Castilla-La Mancha.

2. Cuando los liquidadores sean tres o más, actuarán
en forma colegiada y adoptarán los acuerdos por mayoría.

3. Transcurrido
un mes desde la disolución, sin que se hubiese efectuado el nombramiento de
liquidadores, el Consejo Rector o cualquier socio, en su caso, podrá solicitar
del Juez competente su designación, que podrá recaer en personas no socios,
efectuándose el nombramiento en el plazo de un mes.

Hasta el nombramiento

de los liquidadores, el Consejo Rector continuará en las funciones gestoras y
representativas de la cooperativas.

4. Designados los liquidadores, el
Consejo Rector cesará en sus funciones desde ese momento, y suscribirá con
aquéllos el inventario y balance de la cooperativa, referidos al día en que se
inicie la liquidación y antes de que los liquidadores comiencen sus
operaciones.

5. Durante el período de liquidación, se mantendrán las
convocatorias y reuniones de Asambleas Generales que se convocarán por los
liquidadores, quienes las presidirán y darán cuenta de la marcha de la
liquidación.

6. La cooperativa disuelta conservará su personalidad
jurídica mientras la liquidación se realiza. Durante ese tiempo deberá añadir a
su denominación la expresión "en liquidación".

7. Será aplicable a los
liquidadores el régimen de responsabilidades previsto en esta Ley para los
miembros del órgano de administración de la cooperativa.

Artículo 95.
Intervención de la liquidación.

Los socios, y socios colaboradores, que
representen el 10 por 100 del conjunto podrán solicitar del Juez de Primera
Instancia la designación de uno o varios Interventores que fiscalicen las
operaciones de la liquidación.

En este caso, no tendrán validez las
operaciones efectuadas sin participación de los
Interventores.

Artículo96. Funciones de los
liquidadores.

Corresponde a los liquidadores

1. Llevar y custodiar
los libros y correspondencia de la cooperativa y velar por la integridad de su
patrimonio.

2. Realizar las operaciones pendientes y las nuevas que sean
necesarias para la liquidación de la cooperativa, incluida la enajenación de los
bienes.

3. Reclamar y percibir los créditos pendientes, sea contra los
terceros o contra los socios.

4. Concertar transacciones y compromisos
cuando así convenga a los intereses sociales.

5. Pagar a los acreedores y
socios, transferir a quien corresponda el Fondo de Formación y Promoción y el
sobrante del haber líquido de la cooperativa, ateniéndose a las normas que se
establecen en el artículo 98 de esta Ley.

6. Ostentar la representación
de la cooperativa en juicio y fuera de él para el cumplimiento de las funciones
que tienen encomendadas.

7. En caso de insolvencia de la cooperativa
deberán solicitar, en el término de diez días a partir de aquel en que se haga
patente esta situación, la declaración de suspensión de pagos o la de quiebra,
según proceda.

Artículo 97. Balance final.

1. Finalizadas las
operaciones de liquidación, los liquidadores someterán a la aprobación de
la Asamblea
General un balance final, un informe de gestión sobre dichas
operaciones y un proyecto de distribución del activo sobrante, que deberán
censurar previamente los interventores de la liquidación, en el caso de haber
sido nombrados.

2. El balance final y el proyecto de distribución deberán
ser publicados en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia del
domicilio social. Dichos balance y proyecto podrán ser impugnados en el plazo de
sesenta días a contar desde su publicación, conforme al procedimiento
establecido para la impugnación de los acuerdos de la Asamblea General, por
cualquier socio que se sienta agraviado y por los acreedores cuyos créditos no
hubieran sido satisfechos o garantizados.

En tanto no haya transcurrido
el plazo para su impugnación o resuelto por sentencia firme las reclamaciones
interpuestas, no podrá procederse al reparto del activo resultante. No obstante,
los liquidadores podrán proceder a realizar pagos a cuenta del haber social,
siempre que por su cuantía no hayan de verse afectados por el resultado de
aquellas reclamaciones.

Artículo 98. Adjudicación del haber
social.

1. No se podrá adjudicar ni repartir el haber social hasta que no
se hayan satisfecho íntegramente las deudas sociales, se haya procedido a su
consignación o se haya asegurado el pago de los créditos no vencidos.

2.
Satisfechas dichas deudas, el resto del haber social, sin perjuicio de lo
pactado en la financiación subordinada, se adjudicará por el siguiente
orden

a) El importe del Fondo de Formación y Promoción se pondrá a
disposición de la entidad asociativa en la que esté integrada la cooperativa. Si
no lo estuviera, la
Asamblea General podrá designar a qué entidad asociativa se
destinará.

De no producirse designación, dicho importe se ingresará al
Consejo Regional de Economía Social de Castilla-La Mancha para destinarlo a la
promoción del Cooperativismo y de la Economía Social.

b) Se reintegrará a
los socios el importe de las aportaciones al capital social que tuvieran
acreditadas, una vez abonados o deducidos los beneficios o pérdidas
correspondientes a ejercicios anteriores, actualizados, en su caso, comenzando
por las aportaciones de los socios colaboradores, las aportaciones voluntarias
de los demás socios y a continuación las aportaciones obligatorias.
e) Se
reintegrará a los socios su participación en los fondos de reserva voluntarios
que tengan carácter repartible por disposición estatutaria o por acuerdo de
la Asamblea
General, distribuyéndose los mismos de conformidad con las
reglas establecidas en los Estatutos o en dicho acuerdo y, en su defecto, en
proporción a las actividades realizadas por cada uno de los socios con la
cooperativa durante los últimos cinco años o, para las cooperativas cuya
duración hubiese sido inferior a este plazo, desde su constitución.

d) El
haber líquido sobrante, si lo hubiere, se pondrá a disposición de la cooperativa
o entidad asociativa que figure expresamente recogida en los Estatutos o que se
designe por acuerdo de Asamblea General. De no producirse designación, dicho
importe se ingresará a favor del Consejo Regional de Economía Social de
Castilla-La Mancha para destinarlo a la promoción del Cooperativismo y de
la Economía
Social.

Si la entidad designada fuera una cooperativa,
ésta deberá incorporarlo al fondo de reserva obligatorio, comprometiéndose a que
durante un período de quince años tenga un carácter de indisponíbílidad, sin que
sobre el importe incorporado se puedan imputar pérdidas originadas por la
cooperativa. Si lo fuere una entidad asociativa, deberá destinarlo a apoyar
proyectos de nueva creación de cooperativas.

Cualquier socio de la
cooperativa en liquidación que tenga en proyecto incorporarse a otra cooperativa
podrá exigir que la parte proporcional del haber líquido sobrante de la
liquidación, calculada sobre el total de socios, se ingrese en el fondo de
reserva obligatorio de la cooperativa a la que se incorpore, siempre que así lo
hubiera solicitado con anterioridad a la fecha de la convocatoria de
la Asamblea
General que deba aprobar el balance final de
liquidación.

Artículo 99. Extinción.

1. Finalizada la liquidación,
los liquidadores otorgarán escritura pública de extinción de la sociedad en la
que deberán manifestar

a) Que el balance final y el proyecto de
distribución del activo han sido aprobados por la Asamblea General y
publicados en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia del
domicilio social.

b) Que ha transcurrido el plazo para la impugnación del
acuerdo a que se refiere el artículo 97.2 de esta Ley, sin que se hayan
formulado impugnaciones o que ha alcanzado firmeza la sentencia que las hubiere
resuelto.

c) Que se ha procedido a la adjudicación del haber social
conforme a lo establecido en el artículo 98 de esta Ley y consignadas las
cantidades que correspondan a los acreedores, socios y entidades que hayan de
recibir el remanente del Fondo de Formación y Promoción y del haber líquido
sobrante.

2. A la escritura pública se incorporará el balance final de
liquidación, el proyecto de distribución del activo y el certificado de acuerdo
de la Asamblea.

3. Los liquidadores deberán solicitar en la escritura la
cancelación de los asientos registrales de la cooperativa.

La escritura
se inscribirá en el Registro de Cooperativas de Castilla-La Mancha, depositando
en dicha dependencia los libros y documentos relativos a la cooperativa, que se
conservarán durante un período de seis años.

4. En caso de deudas
sobrevenidas una vez cancelada la inscripción de la Cooperativa, los antiguos socios
y colaboradores responderán solidariamente de

las deudas sociales no
satisfechas hasta el límite de lo que hubieran recibido como cuota de
liquidación, si su responsabilidad por las deudas sociales era limitada, sin
perjuicio de la responsabilidad de los liquidadores en caso de dolo o
culpa.

Artículo 100. Suspensión de pagos y quiebra.

A las
cooperativas les será de aplicación la normativa mercantil sobre suspensión de
pagos y quiebras, debiendo inscribirse en el Registro de Cooperativas de
Castilla-La Mancha las resoluciones judiciales que constituyan, modifiquen o
extingan las situaciones concursales que afecten a la cooperativa.

TiTULO
II

Disposiciones especiales

Artículo 10 1. Régimen jurídico y
clasificación.

Las cooperativas reguladas en este Título se regirán, en
primer lugar, por las disposiciones específicas que les sean aplicables y, en lo
no previsto en éstas, por las de carácter general establecidas en esta
Ley.

CAPíTULO 1
De las clases de cooperativas

Artículo 102.
Clasificación.

Las cooperativas de primer grado se clasifican en a)
Cooperativas de trabajo asociado.

b) Cooperativas de servicios.

c)
Cooperativas de transportes. d) Cooperativas agrarias.

e) Cooperativas de
explotación comunitaria de la tierra.

f) Cooperativas de viviendas. g)
Cooperativas de consumidores y usuarios. h) Cooperativas de seguros.

i)
Cooperativas sanitarias.

j) Cooperativas de enseñanza. k) Cooperativas de
iniciativa social. 1) Cooperativas de integración social. m) Cooperativas de
crédito.

n) Cooperativas mixtas.
o) Cooperativas
Integrales.

SECCIÓN 11º DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO
ASOCIADO

Artículo 103. Objeto y disposiciones generales.

1. Son
Cooperativas de Trabajo Asociado aquellas que integran principalmente a personas
físicas que, mediante su trabajo en común, realizan cualquier actividad
económica o social de producción de bienes o servicios destinados a
terceros.

También podrán contar con socios colaboradores.

2. El
número mínimo de socios trabajadores será de tres.

Sólo podrán ser socios
quienes tengan capacidad para contratar de acuerdo con la legislación laboral
vigente. Los extranjeros podrán ser socios trabajadores de acuerdo con lo
previsto en la legislación específica sobre la prestación de su trabajo en
España.

La pérdida de la condición de socio trabajador provocará el cese
definitivo de la prestación de trabajo en la cooperativa.
3. El trabajador
fijo con más de dos años de antigüedad en la Cooperativa tendrá que ser
admitido como socio trabajador sin período de prueba, si, reuniendo los demás
requisitos estatutarios para ingresar, solicita su ingreso en la Cooperativa dentro de
los seis meses siguientes al cumplimiento de los dos años.

Artículo 104.
Trabajadores de la cooperativa.

1. El número de horas/año realizadas por
trabajadores asalariados no deberá exceder del 30 por 100 del total de horas/año
realizadas por los socios trabajadores.

2. Si las características o
necesidades objetivas de la actividad empresarial obligaran a superar estos
porcentajes deberá solicitarse motivadamente autorización de la Consejería competente en
materia de Trabajo, que habrá de resolver en el plazo de quince días. En caso de
silencio, pasado dicho plazo se entenderá concedida la autorización.

No
obstante, el mencionado límite no será de aplicación a los supuestos
siguientes

a) Cuando se trate de trabajadores que sustituyan * socios
trabajadores o asalariados en situación legal * estatutaria de suspensión o que
desatienden la oferta de ingresar como socios, a que se refiere la letra e) de
este apartado.

b) Cuando la Cooperativa de Trabajo Asociado
deba subrogarse en los derechos y obligaciones laborales del anterior titular de
una empresa a la que aquélla sucede.

c) Cuando se trate de trabajadores
contratados en prácticas, para la formación o en aplicación de medidas de
fomento de la contratación de discapacitados.

d) Cuando se trate de
trabajadores contratados para cubrir necesidades cíclicas derivadas de
actividades de temporada cuya duración no exceda de seis meses al año.

e)
Cuando se produzca por la negativa de los trabajadores a la propuesta de
integración como socios, y se cumplan los siguientes requisitos:

1.' Que
la cooperativa haya realizado por escrito una oferta clara y ajustada a sus
Estatutos para admitir socios a los trabajadores.

2.' Que la cooperativa
acredite fehacientemente la recepción por los trabajadores de la citada
propuesta.

3.' Que los trabajadores rechacen deforma expresa la propuesta
para adquirir la condición de socios. Se entenderá rechazada, cuando los
trabajadores así lo manifiesten por escrito, o transcurran dos meses; desde la
notificación de la oferta sin pronunciamiento expreso.

4.' Que la
cooperativa comunique lo actuado al Registro de Cooperativas de Castilla-La
Mancha, en los quince días siguientes a la finalización del procedimiento
mencionado en los números anteriores.

3. Cuando una cooperativa de
trabajo asociado cese, por causas no imputables a la misma, en una contrata de
servicios o concesión administrativa y un nuevo empresario se hiciese cargo de
las mismas, los socios trabajadores tendrán los mismos derechos y deberes que
les hubiera correspondido de haber sido trabajadores por cuenta ajena, de
conformidad con la legislación estatal aplicable.

Artículo 105. Régimen
de prestación del trabajo.

1. La organización del trabajo, la jornada, el
descanso semanal las fiestas, vacaciones y permisos, la clasificación
profesional, la movilidad funciona¡ y geográfica, las excedencias o cualquier
otra causa de suspensión o extinción de la relación laboral en
régimen

cooperativo, y en general cualquier otra materia relacionada con
los derechos y obligaciones del socio como trabajador, serán regulados por los
Estatutos o, en su defecto, por acuerdo de la Asamblea General, respetando
las disposiciones de esta Ley y, subsidiariamente, los derechos y garantías
legalmente establecidos en el derecho laboral común.

2. Los socios de las
cooperativas de trabajo asociado pueden prestar su trabajo a tiempo total,
parcial * con carácter estacional

Las condiciones y distribución horaria
de la jornada * tiempo parcial y sus posibles modificaciones deberán constar
documental mente.

3. Serán de aplicación a los centros de trabajo de
estas cooperativas y a sus socios las normas sobre salud laboral y prevención de
riesgos laborales.

4; Los socios trabajadores tienen derecho a percibir
periodicamente, en plazo no superior a un mes, anticipos societarios, según su
participación en la actividad cooperativizada, y en la cuantía que establezca la
Asamblea General.

5. Estatutariamente podrá establecerse para los nuevos
socios un período de prueba no superior a seis meses.

Los socios en
período de prueba tendrán los mismos derechos y obligaciones que los demás
socios, con las limitaciones recogidas en el artículo 23.2 de esta
Ley.

Artículo 106. Suspensión y excedencia.

1. En las cooperativas
de trabajo asociado, se suspenderá temporalmente la obligación y el derecho del
socio trabajador a prestar su trabajo, con pérdida de los derechos y
obligaciones económicas de dicha prestación, por las causas
siguientes:

a) Incapacidad temporal del socio trabajador.

b)
Paternidad o maternidad del socio trabajador, riesgo durante el embarazo, y
adopción o acogimiento preadoptivo o permanente de menores de seis
años.

c) Ejercicio de cargo público representativo o en el movimiento
cooperativo, que imposibilite la asistencia al trabajo del socio
trabajador.

d) Privación de libertad del socio trabajador mientras no
exista sentencia condenatoria.

e) Suspensión de anticipo laboral y
empleo, por razones disciplinarias.

f) Fuerza mayor temporal.

g)
Causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

h) Las
consignadas válidamente en los estatutos sociales.

2 Al cesar las causas
legales de suspensión, el socio trabajador recobrará la plenitud de sus derechos
y obligaciones como socio, y tendrá derecho a la reincorporación al puesto de
trabajo reservado.

3. Para la suspensión por causas económicas, técnicas,
organizativas, de producción o derivadas de fuerza mayor, la Asamblea General,
en votación secreta, deberá declarar la necesidad de que, por alguna de las
mencionadas causas, pasen a la situación de suspensión la totalidad o parte de
los socios trabajadores que integran la cooperativa, así como el tiempo de
duración de la suspensión, el número concreto de socios afectados y los
criterios objetivos para la determinación de los mismos. La designación concreta
de los socios afectados podrá ser realizada por la propia Asamblea o por el
Consejo Rector, con autorización expresa de aquélla. Los socios suspendidos
estarán facultados para solicitar la baja voluntaria en la entidad, que se
calificará como justificada.

4. Los socios trabajadores incursos en los
supuestos a), b), e), f), g) y h) del apartado 1 de este artículo, mientras
estén en situación de suspensión, conservarán el resto de sus derechos y
obligaciones como socios.

Los Estatutos sociales o el acuerdo de
la Asamblea
General, en su caso, podrán establecer limitaciones a los
referidos derechos, en los supuestos e) y h) del apartado 1 de este
artículo.

5. Los socios trabajadores de una cooperativa de trabajo
asociado con, al menos dos años de antigüedad en la entidad, podrán disfrutar de
situaciones de excedencia voluntaria siempre que lo prevean los Estatutos
sociales o un acuerdo de la Asamblea
General.

Artículo 107. Baja obligatoria por causas
económicas, técnicas, organizativas o de producción, y derivadas de fuerza
mayor.

1. Cuando, por causas económicas, técnicas, organizativas o de
producción, así como las derivadas de fuerza mayor, para mantener la viabilidad
empresarial de la cooperativa, sea preciso, a criterio de la Asamblea General,
reducir, con carácter definitivo, el número de socios trabajadores de la
cooperativa, la
Asamblea General, en votación secreta, deberá declarar tal
necesidad, así como el número concreto de socios afectados y los criterios
objetivos para la determinación de los mismos. La designación concreta de los
socios afectados podrá ser realizada por la propia Asamblea o por el Consejo
Rector, con autorización expresa de aquélla.

2. Las expresadas causas
serán debidamente constatadas por la Autoridad Laboral, con
arreglo a lo dispuesto en el procedimiento establecido en la legislación estatal
aplicable.

3. Los socios trabajadores que sean baja obligatoria conforme
a lo establecido en el apartado 1 del presente artículo tendrán derecho a la
devolución de su aportación social en el plazo de un año, salvo que los
Estatutos, desde la constitución de la cooperativa o con una antelación no
inferior a dos años a la fecha de las mencionadas bajas obligatorias, hubieran
establecido expresamente que no sea de aplicación este plazo especial de
reembolso de las aportaciones.

Artículo 108. Cuestiones
contenciosas.

1. Los órganos jurisdiccionales de orden social conocen de
las cuestiones litigiosas que se susciten entre las cooperativas de trabajo
asociado y sus socios trabajadores por su condición de tales.

Los
conflictos no basados en ese vínculo socio-laboral y que sean análogos a los que
puedan surgir entre cualquier socio y las cooperativas de otras clases, estarán
sometidos a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales del orden
civil.

2. A estos efectos, se considerarán materias que afectan
exclusivamente a la relación típica entre la cooperativa de trabajo asociado y
sus socios trabajadores las relativas a la percepción de los anticipos laborales
o de las prestaciones complementarias o sustitutivas de los mismos en la medida
que sean exigibles a los recursos por sanciones impuestas por infracción de
normas de disciplina socio-laboral, incluida la de expulsión por tal motivo a
las situaciones de suspensión del trabajo y excedencias ' a materias de
Seguridad Social ' al acceso del trabajador asalariado a la condición de socio
trabajador y, en general, a los derechos y obligaciones derivados de las normas
internas de régimen del trabajo cooperativo.

En todo caso, estas
cuestiones litigiosas se resolverán aplicando con carácter preferente la
presente Ley, los Estatutos sociales y demás acuerdos internos de la
cooperativa, y en general los principios cooperativos. En su defecto, se
aplicarán por analogía las disposiciones de la legislación
laboral.

SECCIÓN 2.' DE LAS COOPERATIVAS DE SERVICIOS

Artículo
109. Concepto y caracteres.

1. Son cooperativas de servicios las que
asocian a personas físicas o jurídicas, titulares de explotaciones industriales
o de servicios y a profesionales o artistas que ejerzan su actividad por cuenta
propia.

2. Tienen por objeto la prestación de suministros y servicios, o
la producción de bienes y la realización de operaciones encaminadas a la mejora
económica y técnica de las actividades profesionales o de las explotaciones de
sus socios.

Para el cumplimiento de su objeto social, podrán desarrollar
cualquier actividad económica o social.

No podrá ser clasificada como
cooperativa de servicios aquélla en cuyos socios y objeto concurran
circunstancias o peculiaridades que permitan su clasificación conforme a lo
establecido en otra de las secciones de este capítulo.

3. Los Estatutos
sociales podrán prever el sistema de voto ponderado, de acuerdo con los
criterios establecidos en apartado séptimo del artículo 111 de esta
Ley.

4. En cada ejercicio económico, la cooperativa podrá desarrollar
actividades con terceros hasta un 50 por 100 del volumen total de la actividad
cooperativizada realizada con sus socios.

5. Las explotaciones de los
socios deberán estar situadas dentro del ámbito territorial de la cooperativa.
En caso de profesionales o artistas, deberán desarrollar su actividad habitual
dentro del referido ámbito.

SECCIÓN 3.' DE LAS COOPERATIVAS
DETRANSPORTES

Artículo 110. Concepto y caracteres.

1. Son
cooperativas de transportes las que asocian a personas físicas o jurídicas,
titulares de empresas del transporte o profesionales que puedan ejercer en
cualquier ámbito territorial la actividad del transporte y tengan por objeto la
prestación de servicios y suministros y la realización de operaciones,
encaminadas a la mejora económica y técnica de las explotaciones de sus
socios.

Resultará de aplicación a estas cooperativas lo previsto en la
presente Ley para las cooperativas de servicios.

2. Se considerarán como
cooperativas de transportes, o de transportistas de trabajo asociado cuando
estén formadas por personas naturales con capacidad legal y física para prestar
a la cooperativa su trabajo personal, realizando la actividad del transporte y/o
complementarias.

Los estatutos sociales podrán establecer que todas o
parte de las aportaciones, tanto obligatorias como voluntarias, deban consistir
en uno o más vehículos de las características que fije la cooperativa. Su
tratamiento será el establecido por esta Ley para las aportaciones no
dinerarias.

En caso de baja del socio, el reembolso de las aportaciones
en vehículos se hará mediante la devolución del vehículo y el fondo de
amortización a él aplicado, sin perjuicio de las reglas establecidas en el
artículo 61.

Estatutaria mente podrá disponerse que los gastos
específicos referidos en el artículo 67.3 se imputen a cada vehículo que los
haya ocasionado, así como los ingresos, generando, así, una unidad de
explotación en cada vehículo, susceptible de ser adscrito al socio que haya
aportado el mismo.

Les será de aplicación lo establecido en la presente
Ley para las cooperativas de trabajo asociado.
3. Son cooperativas de
transportes mixta, aquellas que incluyan socios de servicio y otros que, no
disponiendo de título de transportista, puedan ejercer la actividad con
vehículos propios de la cooperativa o aportados por el socio.

SECCIÓN 4.'
DE LAS COOPERATIVAS AGRARIAS

Artículo 111. Concepto y
caracteres.

1. Son cooperativas agrarias las que asocian a personas
físicas o jurídicas, titulares de explotaciones agrícolas, ganaderas o
forestales o mixtas, de forma exclusiva o compartida.

También podrán
formar parte como socios de pleno derecho de estas cooperativas, las sociedades
agrarias de transformación, comunidades de bienes y derechos, comunidades de
regantes, comunidades de aguas, herencias Vacantes y sociedades civiles, siempre
que, agrupando a titulares de explotaciones agrarias, realicen actividades
empresariales afines a las de la propia cooperativa.

Los Estatutos
sociales regularán la forma de participación, en su caso, de los miembros de la
comunidad familiar vinculados a la explotación agraria del socio o comunidad de
derechos de la que el mismo forme parte.

2. Las Cooperativas agrarias
tendrán por objeto la producción, transformación y comercialización de los
productos obtenidos de las explotaciones de los socios, la prestación de
servicios y suministros a los mismos, y, en general, cualesquiera operaciones y
servicios tendentes la mejora, tanto económica, social y técnica, de las
explotaciones de los socios o de la propia cooperativa, así como la prestación
de servicios y fomento de actividades encaminadas a la fijación, promoción,
desarrollo y mejora de la población agraria y el medio rural.

3. Para el
cumplimiento de su objeto social, las cooperativas agrarias podrán desarrollar
cualesquiera actividades propias de aquél, previstas en los Estatutos sociales,
y aquellas otras que sean presupuesto, consecuencia, complemento o instrumento
para la consecución de su objeto, y entre otras, las siguientes

a)
Proveer a los socios de materias primas, ¡medios de producción, productos y
otros bienes que necesiten.

b) Mejorar los procesos de producción
agraria, mediante la aplicación de técnicas, equipos y medios de
producción.

c) Industrializar y/o comercializar la producción agraria y
sus derivados, adoptando, cuando proceda, los Estatutos de organización de
productores agrarios

d) Adquirir, mejorar y distribuir entre los socios o
mantener en explotación en común tierras y otros bienes susceptibles de uso y
explotación agraria.

e) Fomentar y gestionar el crédito y los seguros
mediante cajas rurales y secciones de crédito y otras entidades especializadas,
así como fundar secciones de crédito para que cumplan las funciones propias de
las cooperativas de crédito.

f) Realizar actividades de consumo y
servicios para sus socios y demás miembros de su entorno social.

g)
Establecer acuerdos o consorcios con cooperativas de otras ramas con el fin de
canalizar directamente, a los consumidores y empresarios transformadores, la
producción agraria.

4. Las explotaciones agrarias de los socios, para
cuyo mejoramiento la cooperativa agraria presta sus servicios y suministros,
deberán estar dentro del ámbito territorial de la cooperativa, establecido
estatutariamente.

5. Los Estatutos establecerán el tiempo mínimo de
permanencia de los socios en la cooperativa, que no podrá ser superior a cinco
años. El incumplimiento de
esta obligación no eximirá al socio de su
responsabilidad frente a terceros, ni de la que hubiere asumido con la
cooperativa por obligaciones asumidas e inversiones realizadas y no
amortizadas.

Con ocasión de acuerdos de Asamblea general que impliquen la
necesidad de asegurar la permanencia o la participación de los socios en la
actividad de la cooperativa en niveles o en plazos nuevos o superiores a los
exigidos en la Ley
o en los Estatutos con carácter general, tales como inversiones, ampliación de
actividades, planes de capitalización o similares, se podrán acordar nuevos
compromisos de permanencia obligatorios para los socios, que no podrán exceder
de cinco anos. En estos casos, los socios de la cooperativa o de la sección a
los que afecte tal acuerdo, podrán solicitar su baja en la cooperativa o en la
sección de que se trate, que tendrá el carácter de justificada, en los plazos
fijados en el articulo 30.5.a) de esta Ley.

6. Los Estatutos establecerán
los módulos y formas de participación de los socios en las actividades
cooperativizadas, pudiendo exigirse un compromiso de actividad exclusiva en las
actividades que desarrolle la cooperativa. Cuando por acuerdo de la Asamblea General
se pongan en marcha nuevos servicios, actividades o secciones con obligación de
participación mínima o exclusiva, se entenderá extendida a todos los socios,
salvo que, por justa causa, el socio comunique expresamente ante el Consejo
Rector su voluntad en contra en el plazo de tres meses siguientes a su
adopción.

7. Los Estatutos de las cooperativas agrarias podrán optar
entre un sistema de voto unitario o de voto ponderado. En este segundo caso
deberán observarse las siguientes reglas:

a) Se otorgará a cada socio
entre uno y cinco votos, sin que puedan atribuir a un solo socio más de un
tercio de los votos totales de la cooperativa. Los Estatutos regularán los
criterios de ponderación, que siempre estarán en función proporciona¡ a la
actividad o servicio cooperativizado y en ningún caso en función de la
aportación a capital social. Con independencia de la ponderación anterior, los
Estatutos podrán prever la asignación de votos específicos a los socios que
acrediten su condición de Agricultores a Título Principal (A.T.P.) o explotación
agraria prioritaria, según prevean los Estatutos, sin que esta atribución pueda
superar el límite máximo de cinco votos

La suma de votos plurales excepto
en el caso de cooperativas de segundo grado, no podrá alcanzar la mitad del
número de socios.

b) Con la convocatoria de la primera Asamblea General
que se celebre en cada ejercicio, el Consejo Rector elaborará una relación en la
que se establecerá el número de votos sociales que correspondan a cada socio
para dicho ejercicio, tomando para ello como base los datos de la actividad o
servicios cooperativizados de cada uno de ellos, referidos al número de
ejercicios cerrados anteriores que fijen los Estatutos, y, en su caso, a la
condición que acredite el socio agricultor referido al ejercicio anterior. Dicha
relación se expondrá en el tablón de anuncios del domicilio social de la
cooperativa el mismo día de anuncio de la convocatoria de la Asamblea, pudiendo
solicitarse del Consejo Rector, las correcciones que procedan hasta 24 horas
antes de la celebración de la referida Asamblea.

c) Los Estatutos
sociales establecerán la relación entre los votos sociales y la actividad
cooperativizada necesaria para la distribución de los votos.

d) Los
socios titulares de votos plurales podrán renunciar a ellos para una Asamblea o
en cualquier votación, ejercitando un solo voto. Además, los Estatutos deberán
regular los supuestos en que sea imperativo el voto igualitario.
e) Los
Estatutos establecerán los supuestos en que el socio deba abstenerse de votar
por encontrarse en conflicto de intereses, incluyendo en todo caso aquéllos
previstos en la Ley 2/1995, de 23 de
marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada
.

8. Las
operaciones que realicen las cooperativas agrarias y las de segundo grado que
las agrupen con productoso materias, incluso suministrados por terceros, se
considerarán, a todos los efectos, actividades cooperativas internas con
carácter de operaciones de transformación primaria, siempre que se destinen
únicamente a las explotaciones de sus socios.

9. Las cooperativas
agrarias podrán realizar operaciones con terceros no socios hasta un límite
máximo del 50 por 100 del total de las realizadas por los socios para cada tipo
de actividad desarrollada por aquéllas, pudiendo solicitar por las causas y
procedimiento y ante el órgano establecido en el artículo 64 de la presente Ley
un incremento de dicho porcentaje. Dicha limitación no será aplicable respecto
de las operaciones de suministro de gasóleo B a terceros no socios.

En
cualquiera de los casos, la cooperativa deberá reflejar esta circunstancia en su
contabilidad de forma separada e independiente y de manera clara e
inequívoca.

SECCIÓN 5.' DE LAS COOPERATIVAS DE EXPLOTACIÓN COMUNITARIA DE
LA
TIERRA

Artículo 112. Objeto y ámbito.

1. Son
cooperativas de explotación comunitaria de la tierra las que asocian a titulares
de derechos de uso y aprovechamiento de tierras u otros bienes inmuebles,
susceptibles de explotación agraria, que ceden dichos derechos a la cooperativa
y que prestan o no su trabajo en la misma, así como a quienes, sin ceder a la
cooperativa derechos de disfrute sobre bienes, prestan su trabajo en la misma,
para la explotación en común de los bienes cedidos por los socios y de aquellos
que, por cualquier título, posea la cooperativa.

2. Las cooperativas de
explotación comunitaria de la tierra podrán desarrollar cualquier actividad
dirigida al cumplimiento de su objeto social, tanto las dedicadas directamente a
la obtención de los productos agrarios como las preparatorias de las mismas y
las que tengan por objeto constituir o perfeccionar la explotación en todos sus
elementos, así como las de recolección, almacenamiento, tipificación,
transporte, transformación, distribución y venta, al por mayor o directamente al
consumidor, de los productos de su explotación y, en general, cuantas sean
propias de la actividad agrarias o sean antecedentes, complemento o consecuencia
directa de las mismas.

3. En esta clase de cooperativa, los Estatutos
fijarán su ámbito, que determinará el espacio geográfico en que los socios
trabajadores de la cooperativa pueden desarrollar habitualmente su actividad
cooperativizada de prestación de trabajo, y dentro del cual han de estar
situados los bienes integrantes de la explotación.

4. Las cooperativas de
explotación comunitaria de la tierra podrán realizar operaciones con terceros en
los mismos términos y con las mismas condiciones establecidas en esta Ley para
las cooperativas agrarias.

Artículo 113. Régimen de los socios.

1.
Pueden ser socios de las cooperativas de exportación comunitaria de la
tierra

a) Los titulares de derechos de uso y aprovechamiento de tierras u
otros bienes inmuebles susceptibles

de explotación agraria que cedan
dichos derechos a la cooperativa, prestando o no su trabajo a la misma, y que,
en consecuencia, tendrán simultáneamente la condición de socios cedentes del
goce de bienes a la cooperativa y de socios trabajadores, o únicamente la
primera.

Cuando la titularidad del derecho a que se refiere este apartado
recaiga sobre una comunidad de bienes y derechos, los cotitulares elegirán a uno
de ellos para que los represente y ejercite los derechos propios del socio en su
nombre, incluido el derecho de voto, que será único para todos los
comuneros.

b) Las personas físicas que, sin ceder a la cooperativa
derechos de disfrute sobre bienes, prestan su trabajo en la misma y que tendrán
únicamente la condición de socios trabajadores.

c) Los entes públicos y
las sociedades en cuyo capital social participen mayo rita ría mente dichos
entes, también pueden ser socios de esta clase de cooperativas, en la condición
de cedentes de derechos de uso y aprovechamiento de tierras u otros bienes
inmuebles susceptibles de aprovechamiento agrario.

2. Será de aplicación
a los socios trabajadores de las cooperativas de explotación comunitaria de la
tierra, sean o no simultáneamente cedentes del goce de bienes a la cooperativa,
las normas establecidas en esta Ley para los socios trabajadores de las
cooperativas de trabajo asociado, con las excepciones contenidas en esta
sección.

3. El número de horas/año realizadas por trabajadores con
contrato de trabajo por cuenta ajena no podrá superar los límites establecidos
en el artículo 104 de la presente Ley.

Artículo 114. Cesión del uso y
aprovechamiento de bienes.

1. Los Estatutos deberán establecer el tiempo
mínimo de permanencia en la cooperativa de explotación comunitaria de la tierra
de los socios en su condición de cedentes del uso y aprovechamiento de bienes,
que no podrá ser superior a doce años.

Cumplido el plazo de permanencia a
que se refiere el párrafo anterior, si los Estatutos lo prevén, podrán
establecerse nuevos períodos sucesivos de permanencia obligatoria, por plazos no
superiores a seis años. Estos plazos se aplicarán automáticamente, salvo que el
socio comunique su decisión de causar baja, con una anticipación mínima de seis
meses a la finalización del respectivo plazo de permanencia
obligatoria.

En todo caso, el plazo para el reembolso de las aportaciones
al capital social comenzará a computarse desde la fecha en que termine el último
plazo de permanencia obligatoria.

2. Aunque, por cualquier causa, el
socio cese en la cooperativa en su condición de cedente del goce de bienes, la
cooperativa podrá conservar los derechos de uso y aprovechamiento, que fueron
cedidos por el socio, por el tiempo que falte para terminar el período de
permanencia obligatoria de éste en la cooperativa, que, en compensación, abonará
la renta media de la zona de los referidos bienes.

3. El arrendatario y
demás titulares de un derecho de goce podrán ceder el uso y aprovechamiento de
los bienes por el plazo máximo de duración de su contrato o titulo jurídico, sin
que por ello sea causa de desahucio o resolución del mismo de conformidad con la
legislación estatal vigente. En este supuesto, la cooperativa podrá dispensar
del cumplimiento del plazo estatutario de permanencia obligatoria, siempre que
el titular de los derechos de uso y aprovechamiento se comprometa a cederlos por
el tiempo a que alcance su título jurídico.

4. Los Estatutos señalarán el
procedimiento para obtener la valoración de los bienes susceptibles de
explotación en común, y podrán regular el régimen de obras, mejoras y
servidumbres que puedan afectar a los bienes cuyo goce ha sido cedido y sean
consecuencia del plan de explotación comunitaria de los mismos. La regulación
estatutaria comprenderá el régimen de indemnizaciones que procedan a
consecuencia de estas obras, mejoras y servidumbres, así como el procedimiento
para, en su caso, modificar el valor contable de los bienes cedidos afectados
por las mismas.

Si los Estatutos lo prevén y el socio cedente del goce
tiene titularidad suficiente para autorizar la modificación, no podrá oponerse a
la realización de la obra o mejora o a la constitución de la servidumbre. Cuando
sea necesario para el normal aprovechamiento del bien afectado, la servidumbre
se mantendrá, aunque el socio cese en la cooperativa o el inmueble cambie de
titularidad, siempre y cuando esta circunstancia se haya hecho constar en el
documento de constitución de la servidumbre En todo caso, será de aplicación la
facultad de variación recogida en el párrafo segundo del artículo 545 del Código
Civil.

Para la adopción de acuerdos relativos a lo establecido en este
número, será necesario que la mayoría prevista en el número 1 del artículo 41
comprenda el voto favorable de socios que representen, al menos, el 50 por 100
de la totalidad de los bienes cuyo uso y disfrute haya sido cedido a la
cooperativa.

5. Los Estatutos podrán establecer normas por las que los
socios que hayan cedido a la cooperativa el uso y aprovechamiento de bienes,
queden obligados a no transmitir a terceros derechos sobre dichos bienes que
impidan el uso y aprovechamiento de los mismos por la cooperativa durante el
tiempo de permanencia obligatoria del socio de la misma.

6. El socio que
causase baja obligatoria o voluntaria en la cooperativa, calificada de
justificada, podrá transmitir sus aportaciones al capital social de la
cooperativa a su cónyuge, ascendientes o descendientes, si éstos son socios o
adquieren la condición en el plazo de tres meses desde la baja de
aquél.

Artículo 115. Régimen económico.

1 . Los Estatutos fijarán
la aportación obligatoria mínima al capital social para ser socio, distinguiendo
la que ha de realizar en su condición de cedente del goce de bienes y en la de
socio trabajador.

2. El socio que, teniendo la doble condición de cedente
del goce de bienes y de socio trabajador, cause baja en una de ellas, tendrá
derecho al reembolso de las aportaciones realizadas en función de la condición
en que cesa en la cooperativa, sea ésta la de cedente de bienes o la de socio
trabajador.

3. Los socios, en su condición de socios trabajadores,
percibirán anticipos societarios de acuerdo con lo establecido para las
cooperativas de trabajo asociado, y en su condición de cedentes del uso y
aprovechamiento de bienes a la cooperativa, percibirán, por dicha cesión, la
renta usual en la zona para fincas análogas. Las cantidades percibidas por los
mencionados anticipos societarios y rentas lo serán a cuenta de los resultados
finales, en el ejercicio de la actividad económica de la cooperativa.

A
efectos de lo establecido en el apartado 3.a) del artículo 6 7, tanto los
anticipos societarios como las mencionadas rentas tendrán la consideración de
gastos deducibles.

4. Los retornos se acreditarán a los socios de acuerdo
con las siguientes normas

a) Los excedentes disponibles que tengan su
origen en los bienes incluidos en la explotación por títulos distintos a la
cesión a la cooperativa del goce de los mismos por los socios, se imputarán a
quienes tengan la condición de socios trabajadores, de acuerdo con las normas
establecidas para las cooperativas de trabajo asociado.

b) Los excedentes
disponibles que tengan su origen en los bienes cuyo goce ha sido cedido por los
socios a la cooperativa, se imputarán a los socios en proporción a su respectiva
actividad cooperativa, en los términos que se señalan a continuación

a)
La actividad consistente en la cesión a favor de la cooperativa del goce de las
fincas se valorará tomando como módulo la renta usual en la zona para fincas
análogas.

b) La actividad consistente en la prestación de trabajo por el
socio será valorada conforme al salario del convenio vigente en la zona para su
puesto de trabajo aunque hubiese percibido anticipas societarios de cuantía
distinta.

5. La imputación de las pérdidas se realizará conforme a las
normas establecidas en el número anterior.

No obstante, si la explotación
de los bienes cuyo goce ha sido cedido por los socios diera lugar a pérdidas,
las que correspondan a la actividad cooperativizada de prestación de trabajo
sobre dichos bienes, se imputarán en su totalidad a los fondos de reserva y, en
su defecto, a los socios en su condición de cedentes del goce de bienes, en la
cuantía necesaria para garantizar a los socios trabajadores una compensación
mínima igual al 70 por 100 de las retribuciones satisfechas en la zona por igual
trabajo y, en todo caso, no inferior al importe del salario mínimo
interprofesional.

SECCIÓN 6.' DE LAS COOPERATIVAS
DEVIVIENIDAS

Artículo 116. Objeto y ámbito.

1. Son aquellas que,
tienen por objeto procurar exclusivamente a sus socios viviendas o locales,
edificaciones e instalaciones complementarias mejorar, conservar y administrar
dichos inmuebles y íos elementos comunes, crear y prestar los servicios
correspondientes, así como la rehabilitación de viviendas, locales y otras
edificaciones e instalaciones destinadas a ellos.

Podrán ser socios de
las Cooperativas de Viviendas las personas físicas que necesiten alojamiento o
locales para sí o sus familiares, así como los entes públicos y las entidades
sin ánimo de lucro que precisen alojamientos para sus respectivos empleados que
tengan que residir, por razón de su trabajo o función, en el entorno de una
promoción cooperativa, o que precisen locales para desarrollar sus
actividades.

2. Las Cooperativas de Viviendas podrán adquirir, parcelar y
urbanizar terrenos y, en general, desarrollar cuantas actividades y trabajos
sean necesarios para el cumplimiento de su objeto social.

3. La propiedad
o el uso y disfrute de las viviendas y locales podrán ser adjudicados o cedidos
a los socios mediante cualquier título admitido en derecho, ya sea para uso
habitual o permanente, ya sea para descanso o vacaciones, ya sean destinadas a
residencias para personas de la tercera edad o discapacitadas.

Cuando
la
Cooperativa retenga la propiedad de las viviendas o locales,
los Estatutos establecerán las normas a que han de ajustarse tanto su uso y
disfrute por los socios como los demás derechos y obligaciones de éstos y de
la
Cooperativa, pudiendo prever y regular la posibilidad de cesión
o permuta del derecho de uso y disfrute de la vivienda o local con socios de
otras Cooperativas de Viviendas que tengan establecida la misma
modalidad.

4. Las Cooperativas de Viviendas podrán enajenar o arrendar a
terceros, no socios, los locales comerciales y las instalaciones y edificaciones
complementarias de su propiedad. La Asamblea General acordará el
destino del importe obtenido por enajenación o arrendamiento de los
mismos.

5. Las cooperativas de viviendas sólo podrán realizar promociones
dentro del territorio a que alcance el ámbito de las mismas, establecido
estatutaría mente, que no podrán exceder del territorio de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 2 de la presente Ley.

Artículo 117. Régimen de los
socios.

1 . Los Estatutos establecerán las causas de baja justificada de
un socio, entendiéndose no justificadas las no previstas en los mismos. En caso
de baja no justificada, el Consejo Rector podrá aplicar a las cantidades
entregadas por el socio para financiar el pago de las viviendas y locales, las
deducciones a que se refiere el número 2 del artículo 61, hasta un máximo del 50
por 100 de los porcentajes que en el mismo se establecen.

Las cantidades
a que se refiere el párrafo anterior, así como las aportaciones del socio al
capital social, deberán reembolsarse a éste en el momento en que sea sustituido
en sus derechos y obligaciones por otro socio, o por un tercero cuya subrogación
en la posición de aquél sea válida o, en el plazo de cinco años en el caso de
expulsión, de tres años en los supuestos de baja no justificada, y si la baja
fuese justificada, en el plazo máximo de dieciocho meses. Este plazo se reducirá
a un año en favor de los herederos del socio fallecido.

2. Ninguna
persona podrá desempeñar simultáneamente el cargo de miembro del Consejo Rector
en más de una cooperativa de viviendas.

Los miembros del Consejo Rector
en ningún caso podrán percibir remuneraciones o compensaciones por el desempeño
del cargo, sin perjuicio de su derecho a ser resarcidos de los gastos que el
desempeño del cargo les origine.

3. Cuando la cooperativa obtenga de los
socios cantidades dinerarias anticipadas para la construcción de las viviendas o
locales, deberá recibirlas a través de una entidad de crédito, en la que habrán
de depositarse en cuenta especial con la separación de otra clase de fondos, y
de las que solamente podrá disponerse para las atenciones derivadas para la
construcción de viviendas y locales. Dichas cantidades se garantizarán mediante
cualquier sistema de los admitidos en derecho, comprometiéndose a su devolución
con sus correspondientes intereses legales, en caso de que la construcción no se
inicie o no llegue a buen fin en el plazo convenido.

Artículo 118.
Construcciones por fases o promociones.

Cuando la cooperativa de
viviendas desarrolle más de una promoción, o una misma promoción lo fuera en
varias fases, estará obligada a dotar a cada una de ellas de autonomía de
gestión y patrimonial, para lo que deberá llevar una contabilidad independiente
para cada una de ellas, sin perjuicio de la general de la cooperativa,
individualizando todos los justificantes de cobros o pagos que no correspondan a
créditos o deudas generales.

Cada promoción o fase deberá identificarse
con una denominación específica que deberá figurar de forma clara y destacada en
toda la documentación relativa a la misma, incluidos permisos o licencias
administrativas y cualquier contrato celebrado con terceros.

En la
inscripción en el Registro de la Propiedad de los terrenos o solares
a nombre de la cooperativa se hará constar la promoción o fase a que están
destinados y si ese destino se acordase con posterioridad a su adquisición, se
solicitará que conste por los representantes legales de la
cooperativa.

Deberán constituirse por cada fase o promoción Juntas
especiales de socios, cuya regulación deberán contener los Estatutos, siempre
respetando las competencias propias de la Asamblea General sobre las
operaciones y compromisos comunes de la cooperativa y sobre lo que afecte a más
de un patrimonio separado o a los derechos u obligaciones de los socios no
adscritos a la fase o bloque respectivo. La convocatoria de las Juntas se hará
en la misma forma que la de las Asambleas. El Consejo Rector cuya composición,
respetando los mínimos legales, podrá ser variable, incorporará un representante
de cada promoción o fase de forma automática sin necesidad de modificación
estatutaria.

Los bienes que integre el patrimonio debidamente
contabilizado de una promoción o fase no responderán de las deudas de las
restantes, sin perjuicio de la responsabilidad general de la
cooperativa.

Articulo 119. Auditoría de cuentas.

Las cooperativas
de viviendas, antes de presentar sus cuentas anuales a la Asamblea General ordinaria
para su estudio y aprobación, deberán someterlas a una auditoría externa de
cuentas. Esta obligación legal subsistirá mientras no se produzca la
adjudicación o cesión de las viviendas o locales.

Artículo 120.
Transmisión de derechos.

1. El socio que pretendiera transmitir
intervivos sus derechos sobre la vivienda o local, antes de haber transcurrido
cinco años u otro plazo superior fijado por los Estatutos, que no podrá ser
superior a diez años desde la fecha de concesión de la licencia de primera
ocupación de la vivienda o local, o del documento que legalmente le sustituya, y
de no existir, desde la entrega de la posesión de la vivienda o local, deberá
ponerlos a disposición de la Cooperativa, que se los ofrecerá
a los solicitantes de admisión como socios por orden de antigüedad.

El
precio de tanteo será igual a la cantidad desembolsada por el socio que
transmite sus derechos sobre la vivienda o local, incrementada con la
revalorización que haya experimentado, conforme al índice de Precios al Consumo,
durante el periodo comprendido entre las fechas de los distintos desembolsos
parciales y la fecha de la comunicación de la intención de transmisión de los
derechos de la vivienda o local.

Transcurridos tres meses desde que el
socio puso en conocimiento del Consejo Rector el propósito de transmitir sus
derechos sobre la vivienda o local, sin que ningún solicitante de admisión como
socio haga uso del derecho de preferencia para la adquisición de los mismos, el
socio queda autorizado para transmitirlos a terceros no socios.

2. Si, en
el supuesto a que se refiere el número anterior de este artículo, el socio, sin
cumplimentar lo que en el mismo se establece, transmitiera a terceros sus
derechos sobre la vivienda o local, la Cooperativa, si quisiera
adquirirlos algún solicitante de admisión como socio, ejercerá el derecho de
retracto, debiendo reembolsar al comprador el precio que señala el número
anterior, incrementado con los gastos a que se refiere el número 2, del artículo
1.518 del Código Civil. Los gastos contemplados por el número 1 del referido
artículo serán a cargo del socio que incumplió lo establecido en el número
anterior del presente artículo.
El derecho de retracto podrá ejercitarse,
durante un año, desde la inscripción de la transmisión en el Registro de
la
Propiedad, o, en su defecto, durante tres meses, desde que el
retrayente tuviese conocimiento de dicha transmisión.

3. Las limitaciones
establecidas en los números anteriores no serán de aplicación cuando el socio
transmita sus derechos sobre la vivienda o local a las personas que convivan con
él, así como en las transmisiones entre cónyuges decretadas o aprobadas
judicialmente en los casos de separación o divorcio, sin perjuicio, en todo
caso, de lo dispuesto por la normativa aplicable a los supuestos de obtención de
ayudas oficiales.

SECCIÓN 7.' DE LASCOOPERATIVAS DE CONSUMIDORES Y
USUARIOS

Artículo 121. Cooperativas de consumidores y usuarios.

1.
Son Cooperativas de Consumidores y Usuarios las que tienen por objeto el
suministro de bienes y servicios adquiridos a terceros o producidos por sí
mismas, para el uso y consumo de los socios y de quienes conviven con ellos,
incluyendo las actividades de tiempo libre, así como acciones en formación,
defensa y promoción de los derechos de consumidores y usuarios.

Pueden
ser socios de estas cooperativas, las personas físicas y las entidades u
organizaciones que tengan el carácter de destinatarios finales.

2. Podrán
realizar operaciones cooperativizadas con terceros no socios, dentro del ámbito
territorial de la cooperativa, si así lo prevén sus Estatutos.

3. El
suministro de bienes y servicios de la cooperativa a sus socios tendrá la
consideración de operaciones societarias internas, al actuar aquélla como
consumidor directo de carácter conjunto o comunitario.

SECCIÓN 8.' DE LAS
COOPERATIVAS DE SEGUROS

Artículo 122. Cooperativas de seguros.

Son
cooperativas de seguros las que tienen por objeto el ejercicio de la actividad
aseguradora y de producción de seguros, en los ramos y con los requisitos
establecidos en la legislación del seguro y, con carácter supletorio, por la
presente Ley.

SECCIÓN 9.' DE LAS COOPERATIVAS SANITARIAS

Artículo
123. Cooperativas sanitarias.

La actividad sanitaria podrá ser objeto de
una cooperativa de trabajo asociado, de consumo directo de la asistencia
sanitaria, o bien de una cooperativa de seguros.

En todo caso las
cooperativas sanitarias deberán someterse al régimen propio de su actividad y a
la peculiar regulación de su clase de cooperativa.

SECCIÓN 10.' DE LAS
COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA

Artículo 124. Cooperativas de
enseñanza.

1. Son cooperativas de enseñanza las que desarrollan
actividades docentes, en sus distintos niveles y modalidades, en cualquier rama
del saber o de la formación técnica, artística, deportiva u otras. Podrán
realizar también actividades conexas o que faciliten las actividades docentes,
como complementarias de la principal.

2. Tendrán la consideración de
cooperativas de enseñanza de trabajo asociado las integradas por profesores y
personal no docente, así como por el personal de administración y servicios,
resultándoles de aplicación las normas establecidas en la presente Ley para las
cooperativas de trabajo asociado.

3. Cuando la cooperativa asocie a los
padres de los alumnos, los alumnos o sus representantes legales, se considerará
como cooperativa de enseñanza de consumidores y usuarios, resultándole de
aplicación las normas establecidas en la presente Ley para las cooperativas de
consumidores y usuarios.

4. Cuando la cooperativa de enseñanza esté
integrada por quienes imparten la enseñanza y de personal no docente y por
quienes reciben las prestaciones docentes o los representantes de los alumnos,
podrá tener el carácter de cooperativa integral, si así lo prevén los
Estatutos.

SECCIÓN 11.' DE LAS COOPERATIVAS DE INICIATIVA SOCIAL Y DE
INTEGRACIÓN SOCIAL

Artículo 12 5. Cooperativas de iniciativa
social

1. Son cooperativas de iniciativa social las que, sin ánimo de
lucro, tienen por objeto la prestación de todo tipo de servicios sociales,
públicos o privados, mediante la realización de actividades sanitarias,
educativas, culturales u otras de naturaleza social.

Quedan excluidos los
servicios sociales que requieran el ejercicio de autoridad pública.

En la
denominación de estas cooperativas figurará, además, la indicación "Iniciativa
Social".

2. Las Administraciones o entidades públicas podrán participar
en calidad de socios en la forma que estatutaríamente se establezca.

3.
Resultará de aplicación a estas cooperativas lo previsto en la presente Ley para
las cooperativas de trabajo asociado.

Artículo 126. Cooperativas de
integración social

1. Son cooperativas de integración social aquellas
que, sin ánimo de lucro, están constituidas mayoritariamente por personas con
discapacidad física, psíquica, sensorial o cualquier otro colectivo con
dificultades de integración social, así como por sus tutores o personal de
atención, y tendrán como finalidad promover la integración social de sus
socios.

2. Podrán adoptar la forma de cooperativas de consumidores cuando
tengan por objeto proporcionar a sus socios bienes y servicios de consumo
general o específico, para su subsistencia, desarrollo, asistencia o integración
social.

Cuando tengan por objeto organizar, canalizar, promover y
comercializar la producción de los productos o servicios del trabajo de los
socios, adoptarán la forma de cooperativas de trabajo asociado.

3. Podrán
ser socios de estas Cooperativas el personal de atención, las administraciones y
entidades públicas, y las entidades privadas cuya normativa o Estatutos prevean
o permitan la financiación u otra forma de colaboración en el desarrollo de las
actividades de tales Cooperativas.

Estos socios institucionales, además
de ejercitar los derechos y obligaciones previstos en el Estatuto de
la
Cooperativa, designarán un representante técnico que será
miembro del Consejo Rector.

4. El límite de socios temporales previsto en
el artículo 26.6 no será de aplicación a estas cooperativas, cuando los socios
pertenezcan a cualquiera de los colectivos relacionados en el número uno del
presente artículo.
Artículo`127. Calificación como cooperativas sin
ánimo

de lucro.

Las cooperativas de iniciativa social y las de
integración social podrán ser calificadas e inscritas como cooperativas sin
ánimo de lucro cuando, cumpliendo los requisitos que se determinan en sus
respectivas regulaciones, recojan expresamente en sus Estatutos:

a) Que
los excedentes o beneficios que puedan producirse en un ejercicio económico, en
ningún caso serán repartidos entre los socios, y se destinarán a la
consolidación de la cooperativa y la creación de empleo.

b) El desempeño
de los cargos del Consejo Rector será de carácter gratuito, sin perjuicio de las
compensaciones económicas procedentes por los gastos en los que puedan incurrir
los consejeros en el desempeño de sus funciones.

c) Las aportaciones
obligatorias y voluntarias de los socios al capital social no podrán devengar un
interés superior al legal del dinero, sin perjuicio de la posible actualización
de las mismas.

d) Las retribuciones de los socios trabajadores y de los
trabajadores por cuenta ajena no podrán superar el 150 por 100 de las
retribuciones que, en función de la actividad y categoría profesional,
establezca el Convenio Colectivo aplicable a la actividad que
desarrolle.

El incumplimiento de cualquiera de los anteriores requisitos
determinará la pérdida de la condición de Cooperativa sin ánimo de lucro, y se
regirá por lo dispuesto con carácter general para la clase de cooperativa de que
se trate.

SECCIÓN 12.' DE LAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO

Artículo
128. Cooperativas de crédito.

1. Son cooperativas de crédito aquellas que
tienen por objeto servir a las necesidades financieras de sus socios y de
terceros, mediante el ejercicio de las actividades y los servicios propios de
las entidades de crédito de conformidad con la legislación estatal aplicable.
Estas cooperativas prestarán atención preferente a las operaciones
cooperativizadas con sus socios.

2. Las cooperativas de crédito se
regirán por las normas básicas del Estado que afecten específicamente a este
tipo de cooperativas o a las entidades de crédito en general, así como por las
normas que apruebe la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el ámbito de sus
competencias sobre cooperativas de crédito, y en lo no previsto por dichas
normas, será de aplicación la presente Ley.

3. Las cooperativas de
crédito podrán utilizar la denominación "caja rural", cuando su objeto
estatutario y operativo preferente sea la prestación de servicios financieros
dirigidos hacia el medio rural, sin distinción de personas y entidades, de
conformidad con el artículo 3 de la
Ley 13/1989, de 26 de
mayo, de Cooperativas de Crédito
.

4. Podrán utilizar
únicamente la denominación "cooperativas de crédito", "caja rural" u otras
análogas aquellas cooperativas que las reguladas en este artículo de conformidad
con la Ley 13/1989, de 26 de
mayo, de Cooperativas de Crédito
, con los condicionantes y
requisitos establecidos en el mismo, en la citada Ley 13/1989, o en las normas
que les resulten de aplicación.

5. La Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha desarrollará el régimen legal de las cooperativas de crédito en lo que
corresponda a su competencia y, a través

de la Consejería de Economía y Hacienda,
ejercerá las funciones de control, inspección y disciplina de las
mismas.

SECCIÓN 13.' DE LAS COOPERATIVAS MIXTAS

Artículo 12 9.
Objeto y normas aplicables.

1. Son cooperativas mixtas aquéllas en las
que existen socios cuyo derecho de voto en la Asamblea General se podrá
determinar, de modo exclusivo o preferente, en función del capital aportado en
las condiciones establecidas estatutariamente, que estará representado por medio
de títulos o anotaciones en cuenta, sometidos a la legislación reguladora del
mercado de valores.

2. En estas cooperativas el derecho de voto en
la Asamblea
General respetará la siguiente distribución

a) Al menos
el 51 por 100 de los votos se atribuirá, en la proporción que definan los
Estatutos, a socios cuyo derecho de voto viene determinado en el artículo 39 de
esta Ley.

b) Una cuota máxima, según determinen los Estatutos' del 49 por
100 de los votos se distribuirá en partes sociales con voto, que, si los
Estatutos lo prevén, podrán ser libremente negociables en el mercado.

Los
Estatutos podrán reconocer un derecho de preferencia a los socios a que se
refiere la letra a) anterior.

c) En ningún caso la suma total de los
votos asignados a las partes sociales con voto y a los socios colaboradores
podrá superar el 49 por 100 del total de votos sociales de la
cooperativa.

3. En el caso de las partes sociales con voto, tanto los
derechos y obligaciones de sus titulares, como el régimen de las aportaciones se
regularán por los Estatutos y, supletoriamente, por lo dispuesto en la
legislación de sociedades anónimas para las acciones.

4. La participación
de cada uno de los dos grupos de socios en los excedentes anuales a distribuir,
sean positivos o negativos, se determinará en proporción al porcentaje de votos
que cada uno de los dos colectivos ostente según lo previsto en el número
2.

Los excedentes imputables a los poseedores de partes sociales con voto
se distribuirán entre ellos en proporción al capital desembolsado. Los
excedentes imputables a los restantes socios se distribuirán entre estos según
los criterios generales definidos en esta Ley.

5. La validez de cualquier
modificación autorreguladora que afecte a los derechos y obligaciones de alguno
de los colectivos de socios, requerirá el consentimiento mayoritario del grupo
correspondiente, que podrá obtenerse mediante votación separada en
la Asamblea
General.

SECCIÓN 14.' DE LAS COOPERATIVAS
INTEGRALES

Artículo 130. Cooperativas integrales.

Son aquellas
cuyas actividades cooperativizadas cumplen finalidades propias de varias clases
de cooperativas.

Estatutaria mente se estructurará la organización de las
distintas actividades, observando, en todo caso, lo regulado para cada una de
ellas.

En los órganos sociales de estas cooperativas existirá siempre
representación de cada una de las actividades que integran la
cooperativa.

Los Estatutos sociales podrán prever el sistema de voto
ponderado, de acuerdo con los criterios establecidos en apartado séptimo del
artículo 111 de esta Ley.

CAPíTULO II

De las cooperativas de
segundo o ulterior grado

SECCIÓN 1.' COOPERATIVAS DE SEGUNDO 0 ULTERIOR
GRADO

Artículo 13 1. Objeto y características.

1. La cooperativa
de segundo o de ulterior grado tiene por objeto completar, promover, coordinar,
reforzar o integrar la actividad económica de las entidades miembros y del grupo
resultante en el sentido y con la extensión que establezcan los
Estatutos.

Los Estatutos deberán incluir la enumeración de las facultades
esenciales que, por ser precisas para el desarrollo del objeto social, quedan
transferidas a los órganos de la cooperativa, tales facultades tendrán la misma
permanencia que el propio objeto social y su ejercicio no podrá ser revisado
ante los órganos de las sociedades integradas, sin perjuicio de la tutela
judicial que, en su caso, proceda.

Cuando la cooperativa se constituya
con fines de integración empresarial, los Estatutos determinarán las áreas de
actividad empresarial integradas, las bases para el ejercicio de la dirección
unitaria del grupo y las características de éste.

2. Los Estatutos
regularán, además, las materias o áreas respecto de las cuales las propuestas de
las entidades asociadas serán meramente indicativas, y no vinculantes, para la
cooperativa de segundo o ulterior grado. En caso de duda al respecto se presumen
transferidas a esta cooperativa todas las facultades directamente relacionadas
con su objeto social, teniendo prioridad los acuerdos e instrucciones de la
misma frente a las decisiones de cada una de las entidades
agrupadas.

Artículo 132. Socios, órganos y derecho de voto.

1.
Podrán ser socios de estas sociedades, además de las cooperativas de grado
inferior y los socios de trabajo de aquéllas, cualquier persona física o
jurídica, de naturaleza pública o privada, siempre que exista la necesaria
convergencia de intereses o necesidades y que los Estatutos no lo prohiban. En
ningún caso el conjunto de estos socios de carácter no cooperativo podrá
ostentar más del 45 por 100 del total de los votos existentes en la cooperativa
de segundo o ulterior grado, los Estatutos podrán establecer un límite
inferior.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, estas
cooperativas podrán admitir socios colaboradores con arreglo a lo establecido en
esta Ley.

2. La admisión de cualquier socio que no sea cooperativa
requerirá acuerdo favorable del Consejo Rector por mayoría de al menos dos
tercios de los votos presentes y representados, salvo previsión de otra mayoría
en los Estatutos, que también podrá regular períodos de vinculación provisional
o a prueba de hasta dos años.

3. El socio que pretenda darse de baja
habrá de cursar un preaviso de al menos un año, y antes de su efectiva
separación estará obligado a cumplir las obligaciones contraídas con la
cooperativa de segundo o ulterior grado o a resarcirla económicamente, si así lo
decide el Consejo Rector.

4. En la Asamblea general, cada socio persona
jurídica será representado por quien ostente la representación legal de la misma
o por un número de representantes proporciona¡ al derecho de voto que le
corresponda.

Las personas físicas que representen a personas jurídicas en
el Consejo Rector, interventores, Comité de Recursos o liquidadores, no podrán
representarlas en la
Asamblea General de la cooperativa de segundo o

ulterior
grado, pero deben asistir a la misma con voz y sin voto, excepto cuando en su
composición las entidades socios estén representadas por varios
miembros.

5. Las cooperativas de segundo o ulterior grado serán
administradas por un Consejo Rector que tendrá un número máximo de quince
miembros, y en él estarán representadas, directa o indirectamente, todas las
entidades socias.

Si éstas fuesen más de quince, las que tengan menor
número de votos deberán agruparse a efectos de designar sus representantes,
observando las previsiones estatutarias o reglamentarias internas al
respecto.

El derecho de voto en el seno del Consejo podrá ser
proporciona¡ a la actividad cooperativizada o al número de socios de la entidad
o entidades a las que representan los consejeros, con el límite señalado en el
artículo 39.2.

Si lo prevén los Estatutos, los consejeros podrán
Designar, entre personas capacitadas, sean o no socios de alguna cooperativa del
grupo, hasta un tercio de los miembros del Consejo Rector.

Artículo 133.
Régimen económico y normativa supletoria.

1. Las aportaciones
obligatorias al capital social de una cooperativa de segundo o ulterior grado se
realizarán en función de la actividad cooperativizada comprometida por cada
socio.

2. La distribución de resultados, tanto si son positivos como si
registran pérdidas, se acordará en función de la actividad cooperativizada
comprometida estatutariamente, una vez realizado la imputación que proceda a los
fondos de reserva y, en su caso, al Fondo de Formación y Promoción.

3.
Estatutariamente se fijarán los criterios o módulos que definen la actividad
cooperativizada.

4. Las cooperativas de segundo o ulterior grado podrán
transformarse en cooperativas de primer grado, quedando absorbidas las
cooperativas socios mediante el procedimiento establecido en la presente
Ley.

Las cooperativas socios, así como los socios de éstas, disconformes
con los acuerdos de transformación y absorción, podrán separarse mediante
escrito dirigido al Consejo Rector de las cooperativas de segundo grado o primer
grado, según proceda, en el plazo de un mes contado a partir de la fecha de
publicación del anuncio de transformación y absorción.

5. En caso de
disolución con liquidación de una cooperativa de segundo o ulterior grado, el
activo sobrante será distribuido entre los socios en proporción al importe del
retorno percibido en los últimos cinco a
nos o, para las cooperativas cuya
duración hubiese sido inferior a este plazo, desde su constitución. En su
defecto, se distribuirá en proporción a la participación de cada socio en la
actividad cooperativizada o, en su caso, al número de miembros de cada entidad
agrupada en aquella cooperativa.

6. En lo no previsto por los artículos
anteriores de esta sección, se estará a lo establecido en los Estatutos y en el
Reglamento de Régimen Interno y, en su defecto, en cuanto lo permita la
específica función y naturaleza de las cooperativas de segundo o ulterior grado,
a lo establecido en la presente Ley sobre cooperativas de primer
grado.

SECCIÓN 2.' OTRAS MODALIDADES DE COLABORACIÓN
ECONÓMICA

Artículo 134. Otras modalidades de colaboración
eco

nómica.

1. Las cooperativas de primer y de segundo o ulterior
grado podrán constituir sociedades, agrupaciones,
consorcios, grupos
cooperativos, uniones entre sí, o con otras personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas, y formalizar convenios o acuerdos, para el mejor
cumplimiento de su objeto social y para la defensa de sus intereses.

2.
Las cooperativas podrán suscribir con otros acuerdos intercooperativos en orden
al cumplimiento de sus objetos sociales. En virtud de los mismos, la cooperativa
y sus socios podrán realizar operaciones de suministro, entregas de productos o
servicios en la otra cooperativa firmante del acuerdo, teniendo tales hechos la
misma consideración que las operaciones cooperativizadas con los propios
socios.

Los resultados obtenidos de estas operaciones tendrán el carácter
y destino de resultados cooperativos.

TíTULO III

De la
Administración Autonómica
y las Cooperativas

CAPíTULO
1

Promoción cooperativa

Artículo 135. Principios
generales.

1. La
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha reconoce de interés
general la promoción y el desarrollo de las cooperativas y de sus estructuras de
integración económica y representativa, cuya libertad y autonomía
garantiza.

En este marco, la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha fomentará la actividad que desarrollen las cooperativas, a través de
medidas que favorezcan la inversión empresarial, la creación de empleo, la
elevación del nivel de formación profesional y preparación técnica de los socios
y el asociacionismo cooperativo.

2. La correspondiente actuación se
llevará a cabo a través de la Consejería competente en materia
de Trabajo, a la que se dotará de recursos y servicios necesarios para el
cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio de las competencias de otras
Consejerías en función de la actividad empresarial que desarrollen las
cooperativas para el cumplimiento de su objeto social.

CAPíTULO
II

Infracciones y sanciones

Artículo 136. Inspección.

1.
Corresponde a la
Consejería competente en materia de Trabajo la función
inspectora sobre las cooperativas de Castilla-La Mancha, en lo que respecta al
cumplimiento de la presente Ley y de sus normas de desarrollo y
aplicación.

2. El personal al servicio de la Administración de
la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha que tenga asignadas las funciones de control e
inspección en cuanto al cumplimiento de la legislación cooperativa tendrá, a
todos los efectos, la consideración de agentes de la autoridad, y en el
ejercicio de sus funciones estarán facultados para entrar en los locales de las
cooperativas, así como para requerir las actuaciones y examinar los documentos
que consideren precisos para el cumplimiento de su misión.

3. Los
representantes legales de las cooperativas y el responsable de los locales y
actividades de aquéllas en el momento de la inspección estarán obligados a
facilitar a los inspectores el acceso a los locales, así como el examen de los
libros, registros y documentos que se soliciten por los mismos.

4. El
funcionario actuante, una vez finalizada su actuación inspectora, valorados sus
resultados, y constatada, en su caso, la existencia de hechos constitutivos de
infracción podrá extender acta de infracción por la comprobación de hechos
tipificados en esta Ley o por obstrucción a su labor o, asimismo, podrá
limitarse a formular advertencias o recomendaciones encaminadas al efectivo
cumplimiento de las disposiciones cuya vigilancia tiene
encomendada.

Artículo 137. Infracciones.

1. Las cooperativas son
sujetos responsables de las acciones y omisiones contrarias a esta Ley y sus
normas de desarrollo y a los Estatutos, sin perjuicio de las responsabilidades
personales exigibles a los administradores, interventores y
liquidadores.

2. Las infracciones en materia cooperativa se clasifican en
leves, graves y muy graves.

3. Son infracciones leves

a) No
acreditar a los socios sus aportaciones al capital social en la forma prevista
en la presente Ley.

b) No llevar en orden y al día los libros sociales o
de contabilidad, por tiempo inferior a seis meses, contados desde el último
asiento practicado.

c) No formular los interventores, cuando proceda, su
informe sobre las cuentas anuales, en los plazos establecidos.

d)
Cualesquiera otras que afecten a obligaciones de carácter formal o documental y
que no están tipificadas por la presente Ley como graves o muy graves.

4.
Son infracciones graves:

a) Incumplir las normas legales o estatutarias
sobre convocatoria de la Asamblea General ordinaria,
sobre renovación de los cargos sociales y sobre convocatoria de Asamblea General
extraordinaria, en los casos que deba hacerse.

b) No inscribir en el
Registro de Cooperativas de Castilla-La Mancha, en los plazos señalados, los
acuerdos sociales cuya inscripción sea obligatoria.

c) Transgredir los
derechos de los socios en materia de información ' como elector y elegible para
los cargos de los órganos sociales a participar con voz y voto en
la Asamblea
General y ~n la actividad empresarial que desarrolla la
cooperativa sin ninguna discriminación.

d) No dotar los fondos
obligatorios en los términos establecidos en esta Ley, o aplicarlos a fines
distintos a los previstos en la misma, o imputar las pérdidas incumpliendo las
disposiciones legales, estatutarias o los acuerdos de la Asamblea
General.

e) Incumplir la obligación de depositar en el Registro de
Cooperativas las cuentas anuales.

f) Carecer de los libros sociales
obligatorios, o ¡levarlos con un retraso igual o superior a seis meses, o no
conservarlos durante el período de tiempo exigido por esta Ley.

g)
Incumplir las normas establecidas sobre participación del personal asalariado de
la cooperativa en el Consejo Rector o en los excedentes disponibles.

h)
La resistencia o negativa a la labor inspectora acreditada mediante la
correspondiente acta de obstrucción.

i) Superar los límites legales en
contratación de trabajadores asalariados y operaciones con terceros.

5.
Son infracciones muy graves:

a) La trasgresión de los principios
cooperativos reconocidos en esta Ley, o la utilización de la cooperativa para
encubrir finalidades ajenas a estas entidades, o para
obtener
injustificadamente subvenciones o bonificaciones fiscales.

b) Aplicar
cantidades del fondo de formación y promoción a finalidades distintas de las
previstas legalmente.

c) No someter las cuentas a auditoría externa
cuando resulte obligatorio por Ley o por los Estatutos.

d) Asignar
retornos cooperativos a quien no tenga la condición de socio, o con criterio
distinto al de su participación en las actividades cooperativizadas.

e)
Distribuir entre los socios los fondos sociales irrepartibles, o el activo
sobrante, en el supuesto de liquidación de la cooperativa.

f) El pago a
los socios de intereses superiores al límite establecido en esta Ley.

6.
La acción de responsabilidad administrativa por las infracciones reguladas en la
presente Ley caduca a los seis meses a partir de la fecha en que la Administración tuvo
conocimiento de la comisión de las mismas, si ésta no ordena la instrucción de
expediente sancionador en ese plazo, y, en todo caso, prescriben al año las
infracciones leves, a los dos años las graves y a los tres años las muy graves,
desde la fecha en la que se hayan producido o cometido las
infracciones.

Artículo 138. Sanciones y procedimiento.

1. Las
sanciones se graduarán a los efectos de su correspondiente sanción en grado
mínimo, medio y máximo, en función de la negligencia e intencionalidad,
falsedad, incumplimiento de las advertencias previas y requerimientos de la
inspección, número de socios afectados, perjuicio causado, repercusión social y
capacidad económica o volumen de negocio de la cooperativa.

Cuando no se
estime relevante a estos efectos ninguna de las circunstancias anteriormente
señaladas, la sanción se impondrá en el grado mínimo en su cuantía
inferior.

2. Las infracciones leves se sancionarán con multa de
300 a 600
euros las graves, con multa de 601 a 3.000 euros: y las muy graves, con
multa de 3.001
a 30.000 euros, o con la descalificación de la
cooperativa, regulada en el artículo siguiente.

Si se apreciase
reincidencia se aplicará el doble de la sanción económica correspondiente.
Existe reincidencia cuando se comete una infracción del mismo tipo y
calificación que la que motivó una sanción anterior en el término de un año
desde la comisión de la misma en tal supuesto la resolución sancionadora habrá
de ser firme.

3. Las infracciones ala legislación cooperativa serán
objeto de sanción administrativa, previa instrucción del oportuno expediente,
sin perjuicio de responsabilidades civiles, penales y de otro orden a que puedan
dar lugar.

4. La competencia para la imposición de sanciones
corresponderá

a) A los Delegados Provinciales de la Consejería competente en
materia de Trabajo, hasta 6.000 euros, cuando la cooperativa figure inscrita en
los correspondientes registros provinciales.

b) Al Director General de
Trabajo, hasta 18.000 euros.

c) Al Consejero competente en materia de
Trabajo, hasta 30.000 euros.

En el supuesto de pluralidad de infracciones
recogidas en único expediente sancionador, será órgano competente para imponer
la sanción por la totalidad de dichas infracciones el que lo sea para imponer la
de mayor cuantía.

Artículo 139. Descalificación de la
cooperativa.

1. Podrán ser causa de descalificación de una
cooperativa

a) Las señaladas en el artículo 90 de la presente Ley, a
excepción de las previstas en sus letras a) y b).

b) La comisión de
cualquier infracción calificada como muy grave, cuando provoque o pueda provocar
importantes perjuicios económicos o sociales, o suponga vulneración esencial de
los principios cooperativos.

2. Una vez que la Consejería competente en materia
de Trabajo tenga conocimiento de que una cooperativa está incursa en alguna
causa de descalificación, requerirá a la misma para que la subsane en un plazo
no superior a seis meses desde la notificación o, en su caso, la publicación de
dicho requerimiento en el "Diario Oficial de Castilla-La Mancha". El
incumplimiento de lo requerido originará la incoación del expediente de
descalificación.

3 El procedimiento de descalificación se ajustará a las
normas reguladoras del procedimiento administrativo común, con las siguientes
particularidades:

a) Será competente para acordar la descalificación el
Consejero competente en materia de Trabajo, mediante resolución motivada, previa
audiencia de la cooperativa afectada e informe del Consejo Regional de Economía
Social de Castilla-La Mancha, que deberá emitirlo en el plazo de treinta días,
teniéndose por evacuado si no lo hubiese cumplimentado en el plazo
indicado.

b) En la audiencia de la cooperativa se personarán los
administradores o, en su defecto, un número de socios no inferior a tres. Cuando
no se produjese esta comparecencia, el trámite se cumplirá mediante la
correspondiente publicación en el "Diario Oficial de Castilla-La
Mancha".

e) La resolución administrativa de descalificación será
revisable en vía judicial, y, si se recurriera, no será ejecutiva en tanto no
recaiga sentencia firme.

4. La descalificación, una vez firme, surtirá
efectos registrales de oficio e implicará que la cooperativa debe disolverse o
transformarse en el plazo de seis meses desde que sea ejecutiva la resolución
administrativa.

Transcurrido dicho plazo, la descalificación implicará la
disolución forzosa de la cooperativa. Desde ese momento, el órgano de
administración, el gerente y, en su caso, los liquidadores responderán personal
y solidariamente, entre sí y con la cooperativa, de las deudas
sociales.

TíTULO IV
Del asociacionismo cooperativo

Artículo
140. Principios generales.

1. Para la defensa y promoción de sus
intereses, las cooperativas podrán asociarse libre y voluntariamente en
asociaciones, uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas, sin
perjuicio de poder acogerse a cualquier otra fórmula asociativa, de acuerdo con
la legislación reguladora del derecho de asociación.

2. La Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha adoptará las medidas necesarias para fomentar el
asociacionismo de las entidades cooperativas y las relaciones de
intercooperación.

Artículo 141. Uniones, federaciones y
confederaciones.

1. Las Uniones de cooperativas estarán constituidas al
menos por cinco cooperativas de la misma clase, y
podrán formar parte de las
mismas las cooperativas de segundo grado integradas mayoritariamente por
cooperativas de la misma clase.

En las Uniones de Cooperativas agrarias
podrán también asociarse las sociedades agrarias de transformación y las
entidades que asocian a agrupaciones de productores agrarios.

Las
cooperativas inscritas en el Registro de Cooperativas de Castilla-La Mancha y
con actividad económica acreditada, que pertenezcan a clases que no cuenten con
un número mínimo de sociedades necesario para la constitución de una unión,
podrán asociarse entre sí con independencia de su número y de la clase a que
pertenezcan.

2. Dos o más uniones podrán constituir federaciones de
cooperativas.

3. Podrán incluir en su denominación la referencia a un
determinado ámbito geográfico o a una determinada actividad o sector, aquellas
uniones o federaciones que acrediten asociar, directamente o a través de las
entidades asociadas a las mismas, al menos el 30 por 100 de las cooperativas
registradas en la zona geográfica correspondiente, o que desarrollen la
actividad o se encuadren en el sector a que vengan referidas.

4. Dos o
más federaciones o uniones de cooperativas podrán constituir
confederaciones.

Sólo cuando una confederación agrupe al menos el 60 por
100 de las uniones y federaciones de cooperativas de Castilla-La Mancha, y
cuando entre todas ellas agrupen, a su vez, más del 30 por 100 de las
cooperativas registradas en la Comunidad Autónoma y con
actividad económica acreditada, podrá denominarse Confederación de Cooperativas
de Castilla-La Mancha.

5. En el ámbito de la presente Ley, ninguna
cooperativa podrá pertenecer a más de una unión, ni ésta a más de una
federación, y, a su vez, ninguna federación o unión pertenecer a más de una
confederación.

Artículo 142. Normas comunes.

1. Corresponde a las
asociaciones, uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas, las
siguientes funciones

a) Representar a los miembros que asocien de acuerdo
con lo que establezcan sus Estatutos.

b) Organizar y facilitar servicios
de asesoramiento, auditoría, asistencia jurídica o técnica y aquellos otros
servicios que sean convenientes a los intereses de sus
miembros.

Asimismo, podrán prestar servicios a entidades no miembros en
los términos que establezcan los Estatutos o cuando deriven de convenios u otros
vínculos concertados por las entidades asociativas.

c) Ejercer la
conciliación en los conflictos surgidos entre las entidades asociadas o entre
éstas y sus socios.

d) Fomentar la promoción y formación
cooperativa.

e) Realizar cualquier otra actividad de naturaleza
análoga.

2. Para adquirir personalidad jurídica y plena capacidad de
obrar, las uniones, federaciones y confederaciones constituidas al amparo de la
presente ley, deberán depositar por medio de sus promotores en el Registro
Regional de Cooperativas de Castilla-La Mancha escritura pública de
constitución, que habrá de contener

a) La relación de las entidades
promotoras, con sus datos identificativos.

b) La certificación del
acuerdo de asociación de, al menos, el órgano de administración de cada una de
ellas.

c) La composición de los órganos de representación y gobierno de
la entidad.

d) Certificado del Registro de Cooperativas que acredite la
inexistencia otra de entidad con idéntica denominación.

e) Los Estatutos
sociales.

3. Los Estatutos sociales de las asociaciones, uniones,
federaciones y confederaciones de cooperativas contendrán, como mínimo

a)
La denominación, que deberá incluir, según proceda, los términos "unión de
cooperativas", "federación de cooperativas" o "confederación de cooperativas", o
sus abreviaturas "u. de coop.", "f. de coop." o "c. de coop.".

b) El
domicilio y ámbito territorial y funciona¡ de actuación de la entidad.

c)
Los órganos sociales, su funcionamiento, así como el régimen de provisión
electiva de sus cargos.

d) La regulación del derecho de voto, con el
establecimiento de limitaciones al voto plural, de existir éste.

e) Los
requisitos y procedimientos para la adquisición y pérdida de la condición de
asociado.

f) El régimen de modificación de Estatutos, fusión, disolución
y liquidación de la entidad.

g) El régimen económico de la entidad que
establezca el carácter, procedencia y destino de sus recursos, así como los
medios que permitan a los asociados conocer la situación económica de la
entidad.

4 El Registro Regional de Cooperativas de Castilla-La Mancha
dispondrá, en el plazo de treinta días, la publicidad del depósito en el "Diario
Oficial de Castilla-La Mancha" o el requerimiento a sus promotores, por una sola
vez, para que en el plazo de otros treinta días subsanen los defectos
observados. Transcurrido este plazo, el Registro dispondrá la publicidad o
rechazará el depósito mediante resolución exclusivamente fundada en la carencia
de alguno de los requisitos mínimos a que se refiere el presente Título o
defectos en la documentación presentada.

La entidad adquirirá
personalidad jurídica y plena capacidad de obrar transcurridos treinta días
hábiles desde que solicitó el depósito sin que el registro de cooperativas
hubiese formulado reparos o rechazara el depósito.

La modificación de los
Estatutos de las asociaciones cooperativas ya constituidas se ajustará al mismo
procedimiento regulado en este número.

5. Las uniones, federaciones y
confederaciones de cooperativas deberán comunicar al Registro Regional de
Cooperativas de Castilla-La Mancha, en el plazo de un mes desde que se produzca
el hecho, las altas y bajas de sus socios, acompañando, en los casos de alta,
certificación del acuerdo de asociarse.

Artículo 143. Consejo Regional de
Economía Social de Castilla-La Mancha.

1. El Consejo Regional de Economía
Social de Castilla-La Mancha, es un órgano de promoción y difusión del
cooperativismo en Castilla-La Mancha, con funciones de carácter consultivo,
asesor y de colaboración con la Administración de
la Junta de
Comunidades de Castiila-La Mancha en materia de cooperativas.

2.
Corresponden al Consejo Regional de Economía Social de Castilla-La Mancha las
siguientes funciones

a) Facilitar y colaborar en la investigación,
planificación y ejecución de los programas de desarrollo y fomento del
cooperativismo, así como promover la educación y formación
cooperativa.

b) Elaborar propuestas y dictámenes en relación con las
cuestiones que afecten al cooperativismo.

c) Emitir informe sobre los
proyectos de disposiciones legales y reglamentarias y demás normas que afecten
directamente a la
Economía Social o a sus organizaciones, así como procurar su
difusión.

d) Conciliar y ejercer el arbitraje en las cuestiones
litigiosas que se planteen entre cooperativas, entre éstas y sus socios, o en el
seno de las mismas entre sus socios, cuando ambas partes lo soliciten o bien
estén obligadas a tenor de lo establecido en sus Estatutos sociales.

e)
Colaborar en la elaboración de proposiciones sobre cualquier disposición legal o
reglamentaria que afecten a entidades de la Economía Social.

f) Realizar
estudios sobre cuestiones y problemas que afecten a la Economía
Social.

3. La organización y funcionamiento del Consejo Regional de
Economía Social de Castilla-La Mancha se regulará reglamentaria
mente.

Sus miembros, en todo caso, deberán pertenecer a la Administración
autonómica, al movimiento cooperativo y de la Economía Social, sin
perjuicio de la representación de otros sectores.

El Presidente del
Consejo Regional será el titular de la Consejería competente en materia

de Trabajo y el Vicepresidente el titular de la Dirección General de
Trabajo.

Artículo 144. Conciliación y arbitraje cooperativo.

1.
Los conflictos que surjan entre socios y la cooperativa a la que pertenecen,
entre varias cooperativas, entre la cooperativa o cooperativas y la entidad
asociativa en que se integren, así como entre las federaciones de cooperativas,
podrán ser sometidos a la mediación, la conciliación o el arbitraje del Consejo
Regional de Economía Social de Castilla-La Mancha.

2. El procedimiento
para la solicitud y tramitación de los citados mecanismos de resolución
extrajudicial de conflictos se desarrollarán reg lamenta ría mente, con arreglo
a lo dispuesto en la legislación reguladora del arbitraje de derecho
privado.

Disposición adicional primera. Cómputo de plazos.

En los
plazos señalados en la presente Ley por días se computarán los hábiles,
excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos, y los fijados
por meses o años se computarán de fecha a fecha.

Cuando en el mes de
vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que
el plazo expira el último día del mes.

Cuando el último día del plazo sea
inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil
siguiente.

Disposición adicional segunda. Cooperativas de
viviendas.

Las cooperativas de viviendas de promoción social tendrán
derecho a adquirir terrenos de gestión pública, por los procedimientos de
adquisición directa contemplados en la normativa de aplicación, para el
cumplimiento de sus fines específicos.

Disposición transitoria primera.
Expedientes en tramitación.

Los expedientes en materia de cooperativas
iniciados antes de la vigencia de esta Ley se tramitarán y resolverán con
arreglo a las disposiciones hasta ahora en vigor.

El contenido de los
Estatutos de las cooperativas existentes a la entrada en vigor de la presente
Ley no podrá ser aplicado en contradicción con lo dispuesto en la misma y se
entenderá modificado y completado por cuantas normas imperativas o prohibitivas
se contienen en esta Ley, sin perjuicio de lo previsto en la disposición
siguiente.

Disposición transitoria segunda. Adaptación de
Estatutos.

Las Cooperativas, así como sus Uniones y Federaciones que se
hallen constituidas con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta Ley,
dispondrán de un plazo de tres años a partir de esa fecha, para adaptar sus
Estatutos a los preceptos de la presente Ley.

El acuerdo de adaptación de
Estatutos se adoptará en Asamblea General, y será suficiente el voto favorable
de más de la mitad de los votos presentes y representados. Cualquier consejero o
socio estará legitimado para solicitar del órgano de administración la
convocatoria de la
Asamblea General con esta finalidad y si, transcurridos dos
meses desde la solicitud, no se hubiese hecho la convocatoria, podrán
solicitarla del Juez competente, previa audiencia de los administradores,
acordará lo procedente designando, en su caso, la persona que habrá de presidir
la reunión.

Transcurridos tres años desde la entrada en vigor de la
presente Ley no se inscribirá en el Registro de Cooperativas de Castilla-La
Mancha documento alguno de Cooperativas sometidas a esta norma hasta tanto no se
haya inscrito la adaptación de sus Estatutos Sociales. Se exceptúan los títulos
relativos a la adaptación a la presente Ley, así como a la transformación,
fusión, disolución y liquidación de la Sociedad, y los asientos ordenados
por la autoridad judicial o administrativa.

Disposición transitoria
tercera. Registro de Cooperativas de Castilla-La Mancha.

En tanto no
entre en vigor el Reglamento del Registro de Cooperativas de Castilla-La Mancha,
resultarán de aplicación las disposiciones vigentes hasta la fecha en esta
materia.

Disposición derogatoria.

Quedan derogadas cuantas normas
de igual o inferior rango contradigan o se opongan a lo establecido en la
presente Ley dentro de su ámbito de aplicación.

Disposición final
primera. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor a los dos
meses de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.

Disposición final segunda. Desarrollo de la Ley.

Se faculta al
Consejo de Gobierno de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para que, a
propuesta de la
Consejería competente en materia de Trabajo, dicte cuantas
disposiciones sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo previsto en la
presente Ley.

En todo caso, el Consejo de Gobierno dictará en el plazo de
un año desde la entrada en vigor de la presente Ley las normas reguladoras del
régimen de organización y funcionamiento del Registro de Cooperativas de
Castilla-La Mancha y del Consejo Regional de Economía Social de Castilla-La
Mancha.
Disposición final tercera. Otras clases de cooperativas.

El
Consejo de Gobierno de la
Junta de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a propuesta de
la
Consejería competente en materia de Trabajo, y previo informe
preceptivo del Consejo Regional de Economía Social de Castilla-La Mancha, podrá
regular nuevas clases de cooperativas y establecer sus
normas.

Disposición final cuarta. Actualización de cuantías.

La
cuantía de las sanciones previstas en el artículo 138 podrá ser actualizada por
el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia
de Trabajo, quien reordenará, en su caso, la atribución de competencias
previstas en esta Ley.

Disposición final quinta. Regulación
supletoria.

Las cooperativas se regirán por las normas contenidas en la
presente Ley, por los Reglamentos de desarrollo de la misma, por sus Estatutos
y, supletoriamente, por la legislación de cooperativas del Estado y sus normas
de desarrollo.
Toledo, 18 de noviembre de 2002.

JOSÉ BONO MARTÍNEZ,
Presidente